El privilegio fiscal de las iglesias en Colombia: ¿por qué no pagan impuestos a pesar de recibir millonarios ingresos?

En Colombia, el debate sobre la exención de impuestos para las iglesias ha cobrado nueva fuerza después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro anunciara su intención de incluir la eliminación de esta exención en el próximo proyecto de reforma tributaria. Una propuesta que se evaluó en la tributaria de 2022, pero que no fue avalada en el Congreso. 

Muchas de estas instituciones recaudan diezmos y donaciones para financiar sus actividades, y algunas incluso perciben ingresos millonarios. A pesar de esto, las iglesias no están obligadas a tributar como cualquier otra entidad que genera recursos significativos. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en la Constitución Política de 1991 y en el Estatuto Tributario.

El sustento constitucional y legal

El artículo 19 de la Constitución establece la libertad de culto y garantiza la igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley. En concordancia con este principio, el artículo 23 del Estatuto Tributario define que las iglesias y confesiones religiosas reconocidas oficialmente son entidades sin ánimo de lucro y, por lo tanto, están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios.

Este beneficio fiscal no es exclusivo de la Iglesia católica, sino que se extiende a todas las organizaciones religiosas debidamente registradas ante el Ministerio del Interior, siempre que cumplan con ciertos requisitos administrativos y de transparencia.

Aunque están exentas de impuestos, las iglesias deben demostrar que sus recursos se destinan a fines religiosos, educativos, caritativos o de asistencia social. Además, están sujetas a controles contables y deben presentar informes financieros que permitan verificar que no existe lucro personal.

Sin embargo, la falta de mecanismos de fiscalización estrictos ha generado críticas, ya que algunas organizaciones religiosas han diversificado sus actividades hacia negocios lucrativos como canales de televisión, librerías o eventos masivos, sin perder su estatus de exención.

Las iglesias y confesiones religiosas reportaron un patrimonio líquido de 19 billones de pesos en 2023, lo que representa casi 2 por ciento del PIB colombiano.

Polémica política por la exención

Aunque los partidos cercanos a los círculos religiosos como Mira y Colombia, Justa y Libre argumentan que las labores sociales de estas instituciones benefician significativamente al Estado, algunos senadores y representantes están dispuestos a respaldar la propuesta dentro de la reforma que el Gobierno prepara.

Para la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, se deben gravar las actividades comerciales que realizan las iglesias más allá de su función religiosa, como los negocios lucrativos de librerías, cafés y parqueaderos.

No obstante, imponer estos impuestos sigue siendo un desafío. En 2022, la propuesta fue rechazada con 58 votos en contra y 28 a favor. Además, el sector religioso mantiene su oposición firme, recordando que durante su campaña el presidente Gustavo Petro prometió no gravar a las iglesias.

En este sentido, el pastor Alfredo Saade, quien ha tenido influencia en la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, advirtió que el Gobierno debe respetar ese compromiso y no impulsar medidas que contradigan la promesa presidencial.