¿Qué hacer con el precio de los combustibles?

Incluso antes de subir al poder, Gustavo Petro ya sabía que iba a tener que enfrentar un problema sobre el que su antecesor, Iván Duque, se hizo el de la vista gorda: el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en 2022 giró alrededor de los 34 billones de pesos. 

El fondo es un mecanismo diseñado para atenuar el impacto de las subidas y bajadas del precio internacional del petróleo sobre el precio de los combustibles líquidos en el país. Cuando los precios internacionales se sitúan más altos que el precio interno, el fondo cubre la diferencia. Cuando los precios se sitúan por debajo del precio interno, el fondo ahorra la diferencia. Mientras tanto, los precios internos se mantienen estables.

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El problema es que los precios internacionales no volvieron a bajar; por el contrario, siguieron subiendo, de manera que el fondo comenzó a subsidiar mucho más de lo que podía, y se financió al debe hasta que ya fue materialmente imposible sostenerlo.

La decisión del gobierno Petro fue, por un lado, pagar el déficit de 2021 y 2022 con recursos del presupuesto nacional y con los dividendos que le produjo a la Nación Ecopetrol. Pero en lo corrido del año, el déficit ya ronda los 14 billones de pesos. Por el otro, iniciar gradualmente el desmonte del subsidio, aumentando progresivamente el precio de los combustibles hasta equipararlo con el precio real del mercado. Sin embargo, lo hizo a medias: subió solo el precio de la gasolina y dejó quieto el del diésel, que es el combustible que utilizan la gran mayoría de transportadores.

En los últimos ocho meses, el precio de la gasolina se ha incrementado en 2.650 pesos y hoy se sitúa en 11.767 pesos. Y seguirá subiendo. Por tener una idea de lo que falta por estabilizar, si no existiera el subsidio del fondo, el precio actual de la gasolina giraría en torno a los 16.400 pesos por galón, de manera que aún queda mucha gasolina por pagar.

Por más antipopular que suene el incremento gradual de la gasolina, prácticamente no hay experto que se oponga a la medida. Sencillamente, contra semejante déficit, no hay alternativa.

Tomás González, exministro de Minas y Energía y director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), le dijo a CAMBIO al respecto: “Lo que hay que pensar es que cada vez que alguien echa un galón de gasolina, sea rico o pobre, se le está dando el mismo subsidio a todo el mundo. El año pasado, el país gastó 34 o 35 billones de pesos subsidiando la gasolina y el diésel, para que la gente pudiera pagar una gasolina más barata. Eso es una reforma tributaria y media de la que se aprobó el año pasado”.

Para dimensionar ese costo, González pone un ejemplo: “Cuando uno mira cuánto nos costaría que la gente en Colombia tuviera cobertura plena de energía, eso nos costaría un poco más de 7 billones de pesos, el 20 por ciento de lo que nos gastamos subsidiando la gasolina. Y si miramos cuánto nos cuesta la inversión en colegios, cuánto nos cuesta la inversión ambiental, esos 34 o 35 billones de pesos nos alcanzarían para un montón de cosas. El gobierno lo ve claro, el ministro de Hacienda lo ve claro y dice ‘tenemos que subir los precios’; el país debería entenderlo”.

El problema de los precios del diésel

Lo que ha generado discusión ahora es qué tan conveniente es mantener el subsidio a los precios del diésel (el tradicional ACPM). 

El precio del diésel se ha mantenido estable en 9.065 pesos. El argumento del gobierno es que, mientras la gasolina la consumen, sobre todo, los dueños de vehículos particulares, el diésel es el combustible del transporte de carga, de pasajeros y de alimentos, por lo que subirlo en este momento de alta inflación podría ser peor para la ola de subidas de precios que vive el país desde 2021. 

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Sin embargo, González advierte que “los cálculos inflacionarios muestran que no hay una relación uno a uno entre el precio del ACPM y la inflación. No es que por cada 1 por ciento que sube el diésel, sube 1 por ciento la inflación; el impacto es mucho menor. Claro, el país está luchando contra la inflación, pero también tiene un problema fiscal de una magnitud gigantesca”. 

Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, explica que mientras el subsidio a la gasolina le cuesta al país alrededor de 360.000 millones de pesos al mes, el del ACPM representa unos 1,3 billones de pesos. 

"La situación del diésel es mucho más gravosa. Estamos hablando de un subsidio que puede estar hoy entre los 6.500 y los 7.000 pesos por galón, con una demanda que ha venido creciendo por efecto del fenómeno de dieselización que se viene presentando, al tener precios altamente subsidiados en comparación con el mercado internacional. Además, tiene algunas distorsiones, por la posibilidad de un efecto de contrabando hacia otros países y un crecimiento importante en el uso de diésel en vehículos de alta gama, principalmente por efecto de los precios tan bajos. Entonces ahí necesariamente el gobierno va a tener que dar señales para eliminar ese subsidio".

El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien asumió el cargo con la noticia de la que es hasta ahora la mayor subida del precio de la gasolina en un mes, 600 pesos, ya contempla la posibilidad –dependiendo del comportamiento de la inflación a mitad de año– de empezar a subir gradualmente el precio del ACPM, que tiene un diferencial de 8.800 pesos con el precio internacional y genera cerca de la mitad del déficit del FEPC, según los expertos del sector.

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Así, todos parecen estar de acuerdo con el gobierno con que los precios de la gasolina y el diésel deben subir para solucionar un déficit que desvía recursos que podrían invertirse mejor. Además, como bien lo dice el ministro Bonilla, el déficit es el principal riesgo de la regla fiscal. Lo que le critican al gobierno es que, mientras defiende el discurso de la transición energética y la justicia social, subsidia combustibles fósiles, y ese subsidio le ahorra dinero especialmente a quienes más recursos tienen.