Académicos dicen que la reforma laboral no hubiera generado los 91.000 empleos que el Gobierno prometía y lanzan una propuesta

El gobierno de Gustavo Petro estaba convencido de que su reforma laboral sería un punto de inflexión para mejorar las condiciones de los trabajadores y reducir la informalidad. El nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la iniciativa podría generar 91.000 empleos anuales, según cálculos del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio. Para el Ejecutivo, la propuesta corregía injusticias históricas como la tercerización, la falta de pago de recargos nocturnos y la precarización del empleo.

Convencido de su impacto positivo, el Gobierno convocó marchas este 18 de marzo, antes de que la Comisión Séptima del Senado votara el futuro del proyecto. Se esperaba que la movilización social sirviera como presión para evitar su archivo. Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro incluso se dirigió a los manifestantes con un discurso combativo: "Hunden las reformas por dinero. Son parlamentarios que se han ido contra el pueblo, que lo han traicionado", remarcó el presidente ante la multitud.

Sin embargo, ni las marchas ni los señalamientos del presidente lograron cambiar el rumbo de la discusión legislativa. La reforma fue archivada con ocho votos a favor y seis en contra.

¿Por qué se hundió la reforma?

Aunque las movilizaciones fueron masivas, en el Congreso la discusión tomó otro rumbo. Los senadores en oposición a la iniciativa argumentaron que no existían estudios técnicos sólidos que demostraran cómo la reforma iba a generar el empleo que prometía el Gobierno. En contraste, insistieron en que el encarecimiento de la contratación podría profundizar la informalidad.

Los opositores al proyecto también argumentaron que la reforma aumentaba los costos laborales sin ofrecer garantías sobre su impacto real en la generación de empleo. Además, criticaron la falta de un estudio fiscal detallado que demostrara su viabilidad económica. "Sin estudio fiscal, sin concertación y sin garantías de sostenibilidad. El Gobierno ignoró a la Comisión de Concertación", afirmó la senadora Lorena Ríos.

La visión de la academia: ¿un obstáculo para la formalización?

Pero las críticas no solo vinieron del Congreso. Desde la academia también surgieron objeciones. Juliana Morad Acero, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, expresó en CAMBIO su escepticismo sobre la cifra de 91.000 empleos nuevos: "es una afirmación que no se entiende muy bien qué fundamento tiene y es contraria a la evidencia".

Según Morad, reformas similares en América Latina han demostrado que un aumento en los costos laborales puede restringir la contratación y afectar a los trabajadores que se pretende proteger.

En la misma línea, los observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana advirtieron que la reforma del Gobierno no resolvía los problemas estructurales del mercado laboral. Si bien reconocieron algunos aspectos positivos, como la extensión de la licencia de paternidad, insistieron en que el país necesita una legislación más flexible y adaptada a la realidad económica.

"Identificamos disposiciones que podrían afectar negativamente nuestro ya frágil mercado laboral, sumado al hecho de mantener silencio en aspectos que no simplemente no pueden ignorarse. Es importante reconocer que la reducción de los costos laborales desde 2012 ha tenido un impacto positivo en la formalización del empleo, y en la última década hemos logrado avances significativos en la disminución de la informalidad", explicaron.

¿Una nueva propuesta de reforma laboral en el horizonte?

Frente a este panorama, ambos observatorios plantearon que la discusión sobre la reforma no debería terminar con su archivo. En su análisis, destacan que cualquier reforma debe partir de un diagnóstico claro sobre la realidad del empleo en el país, reconociendo que más del 50 por ciento de los trabajadores colombianos están en la informalidad y que una legislación rígida puede agravar esta situación.

En su propuesta alternativa, enfatizan que es posible mejorar las condiciones de los trabajadores sin ahogar a las empresas con mayores costos. Para ello, sugieren medidas que incentiven la formalización, como una reducción escalonada de cargas laborales para pequeñas y medianas empresas y la implementación de esquemas de protección social adaptados a las nuevas formas de trabajo, incluyendo a trabajadores independientes y de plataformas digitales.

Entre las medidas que sugieren se encuentra la posibilidad de establecer un salario mínimo diferencial según la región y el tamaño de la empresa, para permitir que sectores con menor desarrollo puedan generar empleo sin afectar su sostenibilidad.

"Uno de los ejes centrales de nuestra propuesta es la necesidad de diferenciar el salario mínimo según el tamaño de la empresa y la región, permitiendo que los sectores y territorios con menor desarrollo puedan generar empleo sin comprometer la viabilidad de las pequeñas empresas. Este modelo garantizaría aumentos salariales progresivos y adecuados a la productividad y el costo de vida de cada zona, sin afectar la competitividad ni restringir la contratación", explicaron.

También proponen crear un seguro de desempleo, administrado por las cajas de compensación familiar, que garantice un respaldo económico a los trabajadores mientras buscan una nueva fuente de ingresos. Además de que el salario integral empiece a partir de los tres salarios mínimos.

"Traería múltiples ventajas tanto para empleadores como para trabajadores. Para los trabajadores, este esquema permitiría recibir una remuneración más alta y constante, ya que el 30 por ciento adicional sobre el salario base cubriría la prima de servicios, las vacaciones, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y demás beneficios prestacionales", añadieron.

Aunque la reforma laboral fue archivada en el Congreso, la propuesta de los observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana ofrece una alternativa que podría ser la base para un nuevo debate.