Un ajuste necesario a la política pública en educación superior

La educación es crucial para el desarrollo económico, clave para disminuir la inequidad y necesaria para el fortalecimiento de la democracia. De allí, la importancia de contar con un sistema educativo que resuelva los problemas de acceso, cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. Estos aspectos han sido recurrentes en los planes de desarrollo de los últimos 30 años. Sin embargo, los indicadores del sector siguen siendo muy inferiores a los de los países de la OCDE.

Consideremos uno solo de ellos, el de cobertura en educación superior. Colombia tiene un poco más de dos millones de estudiantes que asisten a instituciones públicas o a entidades de educación superior sin ánimo de lucro (mal denominadas “universidades privadas”). Aun cuando las públicas son solo el 28% (de cerca de 300), los estudiantes se distribuyen casi equitativamente entre unas y otras. En otras palabras, Colombia tiene un sistema de educación superior mixto, a diferencia de países europeos en donde es fundamentalmente público. Por esa razón, no es buena idea excluir de las políticas públicas de aumento de cobertura (500 mil nuevos cupos en este gobierno) a las universidades “privadas”.

Esta cobertura del sistema es cercana al 50% (si se incluyen los estudiantes del SENA que agregan un poco más de 500.000), cifra muy baja si nos comparamos con los demás países de la OCDE en los que la cobertura está entre el 80% y el 90%. Si, además, notamos que la deserción en Colombia es cercana al 50%, el problema de cobertura real es aún más preocupante.