Por una reforma integral a la educación superior

Por: Harold Castilla Devoz, rector de la Universidad Minuto de Dios

De tiempo atrás se ha venido intentando hacer una reforma a la Ley 30 de 1992, en particular, sobre el esquema de financiamiento de la educación superior pública; sin embargo, es importante recordar que esta norma ha sufrido, al menos, diez modificaciones para ajustarla a un sector cada vez más dinámico, que rompe poco a poco sus propios paradigmas, que se va alejando de prácticas ancladas en el siglo pasado, con tradiciones que recuerdan los monasterios medievales europeos que inspiraron la universidad occidental, y que luego dio paso a la universidad moderna, nutrida de corrientes napoleónicas, anglosajonas y humboldtianas.

Por estos días vuelven los vientos de reforma a esta ley, una oportunidad única de transformar al sector de la educación superior en Colombia, reconociendo los avances de un sistema mixto (privado-público) muy distinto al existente cuando esta fue promulgada, enriquecido por la diversidad, tipología, misionalidad y naturaleza de las más de 295 Instituciones de Educación Superior (IES) del país, con una evolución significativa de los mecanismos de aseguramiento de la calidad, de fomento, de evaluación, entre otros. 

Sin embargo, el centro del debate sobre esta reforma ha girado en torno a la financiación de la oferta y la demanda, especialmente en las modificaciones a los artículos 86 y 87, es decir, sobre el financiamiento de las universidades públicas, a lo que se suma un cuestionamiento a la existencia y función social del Icetex, y quizá, la refrendación de que la educación superior es un derecho fundamental para seguir cimentando, así, las bases de la gratuidad universal.

Esta intención de reforma normativa debe ir más allá; debe trascender para modernizar sustancialmente al sector, con un claro enfoque en el estudiante (y posteriormente, en el egresado) y en el logro de aprendizajes significativos para la vida en todos sus ámbitos; en el profesor, en su proyecto de vida y aporte al desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social; en las IES, en su gestión académica y fortalecimiento organizacional, sostenibilidad y contribución a la sociedad, y por supuesto, en las instancias rectoras del sistema, para imprimirle una lógica distinta y renovada, que le permita, de verdad, incidir en el acceso, cobertura, permanencia, calidad, pertinencia y eficiencia en la prestación del servicio educativo superior. 

Modernizar al sector también conlleva repensar los sistemas de aseguramiento de la calidad, que ya cumplieron su propósito inicial, caracterizados hoy por su excesiva normatividad y trámites taciturnos y paquidérmicos, que se tornan cada vez más obsoletos, que parten de la desconfianza, y que, hasta cierto punto, atentan contra la autonomía universitaria, la flexibilidad y la diversidad institucional. 

Es primordial que la normatividad apoye la innovación educativa, desde el ámbito curricular, pedagógico, didáctico y evaluativo, y fomente la pertinencia de la oferta académica, con calidad y oportunidad, para atender a tiempo, las necesidades y expectativas de los grupos de interés, de los territorios y las comunidades, de la sociedad en general, y se conecte, con mayor contundencia, al mundo del trabajo y a la ciencia, la innovación y la tecnología, permeados por la revolución digital. 

Ahora contamos con un multiplicidad de subsistemas educativos que aparentemente no se integran, armonizan o coordinan, lo que dificulta el tránsito entre niveles, el reconocimiento de saberes y conocimientos previos, la movilidad y la educación a lo largo de la vida, y que se circunscriben a responder, separadamente, requerimientos de talento humano, de productividad y competitividad de ciertos sectores; estos resultan de tendencias, “modas” o programas de los gobiernos de turno, para que luego, entren en desuso, o simplemente queden en el olvido. Todo esto complejiza el sector, yendo en contravía de su simplificación y de su esencia de formar integralmente a seres humanos para contribuir al progreso de la Nación, con un desarrollo socioeconómico sostenible, que mejore las condiciones de vida de sus ciudadanos y en armonía con el entorno. 

Una reforma que vaya en pro de una sociedad de jóvenes y adultos, motivados por una educación que despierte su espíritu innovador y emprendedor, pero que ayude a responder a las necesidades de la sociedad, con la entrega de profesionales competentes, a la vanguardia de las disciplinas y preparados para afrontar los cambios propiciados por las tecnologías emergentes, éticos e íntegros, con sensibilidad social y conciencia ambiental, comprometidos con la transformación de Colombia hacia un país más tolerante, democrático y para todos. También, una reforma que vislumbre una educación superior con mayor orientación al trabajo y el emprendimiento, y ajustada a los retos que supone un cambio demográfico, y la consecuente recomposición de los grupos etarios. 

Por mencionar también podrían considerarse en este cambio normativo, entre otros, los siguientes: a) la financiación a la demanda, con instrumentos estructurales que vayan más allá que los programas de gobierno, y a la investigación y la tecnología, esto último vital —apalancado por el sector—, y crucial para la competitividad del país; b) la articulación de un renovado sistema de aseguramiento de calidad—incluida la acreditación—, con las estrategias de fomento y las acciones de inspección y vigilancia; c) la internacionalización de la educación superior en un mundo cada vez más conectado y globalizado; d) la gobernabilidad y bienestar universitario; e) la regulación sobre las EdTech y otras plataformas educativas y la entrada de IES extranjeras; y f) la redefinición del rol de la educación técnica profesional y tecnológica, de las IES bajo esa tipología y su articulación con el Marco Nacional de Cualificaciones, además, del entendimiento y puesta en marcha del sistema de educación terciaria, como un verdadero ecosistema. 

No perdamos esta oportunidad de hacer una reforma integral, sin tanto sesgo ideológico y furor mediático, y más bien pensemos –con reflexiones profundas, pausadas y críticas, con principio de realidad y visión retadora, en consenso, con el concurso de todos los actores del sector– lo que queremos de la educación superior de hoy y del futuro, por un servicio educativo de calidad, incluyente, flexible, pertinente, innovador y eficiente, donde convivan armónicamente las IES públicas y privadas; que cuente con una normativa renovada que le permita adaptarse, como un todo, a un contexto cambiante, competitivo y desafiante, respaldado por un sistema moderno y digitalizado, con sentido social, humano y empático.