El apagón que amenaza a la costa Caribe por la crisis financiera de Afinia

Este 10 de marzo un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno nacional debido a una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM), el alcalde Federico Gutiérrez no solo celebró la decisión sino recordó que EPM también demandó al Gobierno por otras obligaciones pendientes, entre ellas una deuda con Afinia, la filial encargada del servicio eléctrico en cinco departamentos del Caribe. La empresa ha advertido que, si el Gobierno no salda estos pagos, la región podría enfrentar un apagón.

Tras la liquidación de Electricaribe, el Gobierno nacional adjudicó la operación del servicio eléctrico en la costa Caribe a dos empresas: Air-e y Afinia. Esta última asumió la distribución en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y parte de Magdalena, atendiendo a 1,8 millones de usuarios. Sin embargo, heredó una infraestructura deteriorada y altos niveles de pérdidas de energía, lo que ha complicado su sostenibilidad financiera.

Desde su llegada, EPM ha invertido más de 3 billones de pesos en la modernización de redes y reducción de pérdidas. Sin embargo, la empresa enfrenta serios problemas financieros debido al bajo recaudo de facturas, las pérdidas técnicas y la falta de pago de los subsidios tarifarios por parte del Gobierno.

Según EPM, los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 no han sido cancelados en su totalidad desde el año pasado, generando una deuda acumulada de aproximadamente 600.000 millones de pesos. Además, las entidades oficiales de las regiones donde opera Afinia adeudan otros 341.000 millones de pesos por consumo de energía.

Aunque el Gobierno giró recientemente 100.000 millones, Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones) advierte que esta cifra es insuficiente para garantizar la continuidad del servicio.

Si la crisis no se soluciona pronto, casi 2 millones de habitantes podrían enfrentar cortes prolongados de electricidad, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, empresas e industrias en ciudades como Cartagena, Montería, Sincelejo y Valledupar.

Denuncias de despidos y conflictos laborales

Pero los problemas de Afinia no se limitan a lo financiero. Mientras la crisis energética se agrava, los trabajadores de la empresa, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), han denunciado despidos arbitrarios y prácticas antisindicales. Alegan que la administración ha usado la crisis como excusa para reducir la plantilla y recortar beneficios laborales.

Ante esto, el sindicato ha solicitado la intervención urgente de los entes de control, incluyendo los Ministerios de Minas y Energía, de Trabajo, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación. "Este anuncio es un indicio preocupante que merece una revisión a fondo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y la confianza de los usuarios", declaró Walter Petro Lora, vocero sindical.

Los trabajadores también advierten que malas prácticas que existían en Electricaribe persisten en Afinia, poniendo en riesgo la estabilidad laboral y la calidad del servicio. En respuesta, la empresa instaló una mesa de diálogo con el sindicato, aunque los trabajadores insisten en que las negociaciones deben garantizar derechos laborales justos sin que la crisis económica sea una justificación para medidas regresivas.