"La mayoría de mujeres que abortan, lo hacen en las primeras semanas": Ana Cristina González

Este 21 de febrero se conmemoran dos años de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación. El movimiento Causa Justa, que promovió la demanda que permitió el avance histórico en el país, señala que la decisión ha logrado que las mujeres acudan y logren hacerse un aborto a una edad gestacional más temprana.

También indicó que han aumentado 30 por ciento las consultas que hacen las mujeres para obtener información para realizarse un aborto antes de la semana 14 (pasaron del 33 por ciento al 53 por ciento). Y la Fundación Oriéntame destacó que entre febrero de 2022 y septiembre de 2023, más del 90 por ciento de los abortos realizados en sus clínicas se dieron en las primeras 12 semanas de gestación.

CAMBIO habló con la médica Ana Cristina González Vélez, quien es máster en Investigación social en salud y doctora en Bioética, Ética aplicada e Salud. También es exdirectora Nacional de Salud Pública, fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia, cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y pionera del movimiento Causa Justa.

CAMBIO: Hace dos años se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, ¿qué ha pasado desde entonces?

Ana Cristina González Vélez: Muchísimas cosas. La más importante de todas es que la lucha por la libertad reproductiva continúa y que la decisión de la Corte Constitucional está más firme que nunca. Hemos avanzado en la implementación, no sin brechas ni desafíos, y hemos hecho un trabajo colectivo arduo desde el movimiento Causa Justa para proteger esta decisión que ha sido objeto de ataques políticos y judiciales en estos dos años. Quizá lo más importante es decir que las mujeres en Colombia se pueden sentir tranquilas de saber que esta decisión sigue vigente y que sus decisiones tienen que ser respetadas en todos los ámbitos.

CAMBIO: ¿El fallo es, hoy, una herramienta útil en el día a día de las mujeres o todavía hace falta camino en la apropiación de la decisión tanto para las mujeres como para el sistema de salud?

A.C.G.V.: El fallo, sin duda, introdujo un cambio muy importante en el plano simbólico y en el práctico porque en el momento en que el aborto deja de ser un delito hasta la semana 24, se puede observar cosas como que las mujeres están llegando más a los servicios de salud. Hemos visto incrementos en algunas de las instituciones prestadoras de servicios de salud porque las mujeres se sienten animadas y ya no tan atemorizadas a ser juzgadas o a que les pregunten la causal para buscar servicios.

Además, las mujeres están accediendo más tempranamente al aborto. Cuando este estaba más restringido, nosotros veíamos a las mujeres llegar más tardíamente y recibir más tardíamente los servicios. Todavía tenemos un desafío muy grande de que las mujeres en todos los rincones del país conozcan esta decisión y lo mismo pasa con los prestadores de servicios de salud: no es lo mismo estar en Guapi o en Buenaventura que estar en Bogotá. Por otro lado, la sentencia ha hecho que otras decisiones que ayudan a su implementación, hayan salido muy rápido.

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CAMBIO: ¿Cómo cuáles?

A.C.G.V.: La directiva de la Fiscalía General de la Nación que busca que se reduzca la acción penal en todo lo que tiene que ver con aborto, pues dice que no hay que perseguir a las mujeres que abortan en las primeras 24 semanas y solamente se debería investigar después de la semana 24 si no está en las tres causales.

CAMBIO: ¿Cuándo salió esa directiva?

A.C.G.V.: Es la 009 del año 2023. Estas directivas son muy importantes porque es la forma como la Fiscalía les dice a sus fiscales lo que hay que investigar y una de las cosas que nosotros hemos buscado es que, si el delito aborto ya no existe hasta la semana 24, pues no hay ninguna razón por la que una mujer que aborta en esas semanas le abran un proceso penal. Nosotras no tenemos datos actualizados al respecto. Hicimos un estudio sobre criminalización antes de que el aborto fuera despenalizado y estamos armando un segundo estudio porque entendemos que hay todavía casos de mujeres criminalizadas, pero en la directiva de la Fiscalía lo más importante es que busca reducir la persecución.

CAMBIO: ¿Qué brechas existen todavía?

A.C.G.V.: Las barreras de alguna manera siguen siendo las mismas. Todavía hay barreras de desinformación y desconocimiento por parte de los prestadores, pero yo creo que hay dos cosas muy importantes: Una, que la mayoría de las mujeres en Colombia están abortando en las primeras semanas de gestación. Esto es muy importante que el país lo sepa, porque uno de los primeros ataques de los grupos antiderechos fue decir que las mujeres iban a abortar a la semana 24 y eso no es cierto. Si las mujeres se sienten seguras, buscan los servicios de manera temprana y pueden lograr ese aborto de manera temprana.

Hay un porcentaje muy pequeño de mujeres que abortan después de la semana 12, incluso después de la semana 15 y ese porcentaje pequeño es el que la Corte quiso proteger porque son las mujeres más vulnerables, las que enfrentan más dificultades para llegar a los servicios.

CAMBIO: ¿Hay cifras de ello?

A.C.G.V.: Ese porcentaje de mujeres que abortan después de la semana 12 es del 6 por ciento, según las cifras de Oriéntame, que es una de las instituciones más grandes que hay en Colombia. Pero aumenta a un 14 por ciento cuando se trata de mujeres migrantes. Y esas mujeres migrantes, el 80 por ciento son venezolanas. Eso quiere decir que ellas enfrentan más barreras que las mujeres no migrantes, entre otras, por todo lo que les piden, digamos para acreditar su estatus migratorio.

CAMBIO: ¿Deben tener sus papeles en regla para poder acceder?

A.C.G.V.: Esa es la barrera más grande. Aunque en teoría las mujeres migrantes deberían ser atendidas sin importar ese estatus migratorio, lo que hemos encontrado en la práctica como una barrera es esa. Además, es importante señalar que la edad gestacional en que las mujeres migrantes logran realizarse el aborto es superior al de las mujeres en general. 

CAMBIO: La Corte ha dicho que la atención de emergencia a las personas migrantes no se le puede negar, pero si les piden tener todos sus papeles... 

A.C.G.V.: El aborto es una situación muy particular porque, parece absurdo tener que explicar que un embarazo dura nueve meses y si uno no tiene posibilidad de acceder oportunamente a un servicio de aborto, pues están causándole una afectación sobre su vida y sobre proyecto de vida, porque la consecuencia de no poder abortar es convertirte en madre.

CAMBIO: ¿Qué más barreras han encontrado?

A.C.G.V.: También hemos encontrado que mujeres que habitan en zonas rurales, las mujeres más pobres o las mujeres afrodescendientes, enfrentan barreras particulares. He estado leyendo unos estudios que condujo el Observatorio de Equidad de Género de Icesi del Valle en donde muestran que no solo todavía hay mucho estigma en torno al aborto, sino que hay prejuicios raciales que nutren la atención. Entonces hay un prejuicio de que las mujeres negras tienen un umbral del dolor más alto, que no es sino prejuicio, y por esa razón muchas mujeres, por ejemplo, no reciben analgesia de manera adecuada.

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CAMBIO: Cuando estábamos en la discusión previa a la sentencia, organizaciones como Médicos Sin Fronteras hablaban de las dificultades que tenían las mujeres en zonas aisladas para acceder a un aborto, por falta de centros de atención, porque los médicos objetaban conciencia casi que todos o, por los casos de mujeres indígenas que tienen que pedir permiso... ¿Eso ha cambiado? ¿Se puede medir?

A.C.G.V.: Lamentablemente no tenemos datos porque, además, hay un subregistro muy importante en la información oficial de las propias autoridades sanitarias. No hay cómo medir en términos de acceso antes de 2022 ni después porque los registros del Ministerio de Salud tienen muchas deficiencias. Lo que podemos decir, en términos generales, es que hay alguna reducción en las barreras de acceso. Por ejemplo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres atiende a mujeres que enfrentan barreras de acceso: a unas les damos información y con ellas siguen solas su proceso y otras requieren acompañamiento legal. Y en la Mesa vimos que la solicitud de información aumentó, y la necesidad de acciones legales disminuyó.

CAMBIO: ¿Qué se puede leer de esa situación?

A.C.G.V.: Un indicador de que las barreras de acceso se van aliviando, pero no han desaparecido y el caso de las mujeres indígenas es uno que merece especial atención. El país supo que el año pasado la Corte Constitucional había estudiado dos tutelas y sacado dos fallos que luego anuló -lo cual es un logro del movimiento Causa Justa- porque iban en contravía de la sentencia y porque dejaban desprotegidas a las mujeres indígenas. Ellas, todavía hoy siguen siendo sometidas en virtud de un lineamiento de la IPS indígena, a que sus comunidades sean consultadas para ver si pueden acceder o no a los servicios de aborto. Y en los autos que anularon esos dos fallos, la Corte dijo que a las mujeres indígenas tienen que poder acceder a los servicios.

CAMBIO: Hoy estamos en una situación en la que la IVE es un derecho fundamental en las tres causales, pero el paso a la semana 24, no es derecho fundamental. La Corte está por dictar nuevamente sentencia en esos dos casos y se espera que este sea uno de los temas centrales, ¿es necesario que lo haga? ¿Si no es derecho fundamental hasta la semana 24 se pueden negar los servicios?

A.C.G.V.: Es absolutamente indiscutible que los actores del sistema de salud en Colombia tienen la obligación de prestar el servicio. Entre muchas otras cosas el razonamiento más sencillo es este: está el derecho a la salud y uno de sus núcleos básicos para las mujeres es la salud sexual y reproductiva y el aborto es un servicio esencial dentro de la salud sexual y reproductiva. Es decir que, para asegurar el derecho a la salud, se tienen que asegurar los servicios de salud reproductiva y, por lo tanto, los servicios de aborto. Entiendo que las sentencias nuevas de la Corte son sentencias para pronunciarse en esos dos casos y que uno de los temas más importantes será intentar dar las mayores certezas de cara al acceso y a las tensiones que hay entre el derecho individual y los derechos colectivos en el caso de las mujeres indígenas. 

Pero, uno puede imaginarse por los autos con los que se anularon esas dos decisiones del año pasado, que la Corte Constitucional está clara en que las mujeres indígenas tienen derecho a acceder al aborto en las mismas condiciones que tienen el resto de las mujeres colombianas: que no pueden estar sometidas a unas reglas distintas en tanto este es un derecho esencial que tiene que ver con la protección de su vida y de su salud.

CAMBIO: Todavía hay varios litigios. Hay múltiples peticiones de nulidad de la sentencia de Causa Justa y hay una demanda en el Consejo de Estado contra la resolución del Ministerio de Salud que reglamentó el servicio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué temen?

A.C.G.V.: Por ahora no temo nada porque las cosas del Consejo de Estado suelen ser muy largas. Yo vengo del sector salud, yo fui directora Nacional de Salud Pública en Colombia, y, para mí, esas resoluciones son muy importantes porque los actos administrativos del sector sanitario tienen la función de darles certidumbre a los profesionales y a los prestadores. Entonces, no es tanto porque sin esa resolución se cree un vacío, como porque esa resolución es fuente de certidumbre para los actores del sistema y, en ese sentido, es problemático (la demanda). Pero recordemos que el Consejo de Estado se negó a suspender temporalmente la resolución y eso ya es una señal positiva. Mientras tanto, lo que hay que pensar es que, en Colombia, afortunadamente dimos un paso más allá y las prestaciones relativas al aborto están incorporadas en el sistema de salud y, por lo tanto, es difícil pensar en un retroceso en ese sentido.

CAMBIO: ¿Qué llamado le hace al Gobierno o al Congreso ahora que se debate una reforma a la salud?

A.C.G.V.: Creo que el llamado para la clase política es que, de haber una discusión en el Congreso, esa no puede tener sino un solo objetivo: crear las condiciones para asegurar el acceso a los servicios. Es decir, que cualquier proyecto de ley debería estar dirigido a fortalecer lo que ya tenemos. En el contexto del actual debate sobre la reforma a la salud, decir que el aborto es un servicio muy emblemático porque como está rodeando de tanta controversia de carácter moral y política, es un excelente medidor del acceso a un servicio que es esencial para asegurar la vida y la salud de las mujeres.

Mi invitación a las EPS es a que sigan ampliando el acceso, porque lo que está claro es que las mujeres están totalmente dispuestas a interrumpir su gestación tan pronto como les sea posible, pero igual lo van a interrumpir tan tarde como les sea necesario y esa oportunidad está en manos del sistema de salud. Si este les cierra las puertas a las mujeres, van a interrumpir el embarazo, no tan tempranamente como ellas quisieran.

CAMBIO: No sabemos qué va a pasar en la reforma ni que va a cambiar, pero, que si algo cambia, este servicio no quede en riesgo...

A.C.G.V.: Absolutamente. Yo estoy muy emocionada de sentir que el movimiento tiene fuerza, que refleja el trabajo articulado que seguimos haciendo y, gracias al cual, logramos proteger la decisión judicial de muchos ataques: 17 solicitudes de nulidad y dos referendos. Eso no se ha mencionado y la clase política tiene que leer algo en eso. Pero, sobre todo, yo diría que Colombia debería estar contento de que siga siendo una noticia la conmemoración de la sentencia, porque quiere decir que a la sociedad le importa cada vez más el respeto a la libertad de las mujeres y eso para mí es una señal de que nos consideran, como debe ser, ciudadanas plenas.

CAMBIO: En uno de los procesos de referendo se interpuso una tutela porque el Consejo Nacional Electoral habría incurrido en vicios en el trámite. Esa tutela acaba de ser seleccionada por la Corte Constitucional y no podría revivirlo, sino solo evidenciar esas fallas, ¿no?

A.C.G.V.: Claro. Nosotras, haciendo seguimiento al tema del aborto, estamos contribuyendo al debate sobre la democracia porque el CNE no aceptó una petición que en su momento le hicimos y ahora la selección de la tutela puede dar luces sobre el control que debe tener el CNE frente a decisiones que toma y que afectan la participación de la ciudadanía en procesos tan importantes como la transparencia, la publicidad y la disponibilidad de información nada menos que en un referendo. Ahí también hay buenas noticias porque el CNE decidió investigar preliminarmente el 'Referendo Provida' que había presentado la bancada en donde está María del Rosario Guerra y Mila Romero, porque ellos nunca entregaron los estados contables del referendo.