
Protesta por la vida de las lideresas sociales en Bogotá, en febrero de 2024.
Crédito: Colprensa
El difícil panorama de las mujeres lideresas en Colombia: 158 han sido asesinadas desde 2018
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La Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el que se detalla la violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia. Además, dibujó un panorama de las violencias basadas en género durante el conflicto armado. Estos son los datos.
Por: Santiago Luque Pérez

El pasado 3 de marzo fue asesinada la lideresa social Ana Elcy Arteaga en la vía Panamericana, en el departamento de Cauca. La mujer era presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pan de Azúcar y había sido amenazada por las disidencias de las Farc.
Este caso no es aislado. En el país, las cifras de violencia contra las mujeres arrojan cientos de víctimas. En lo referente a las lideresas y defensoras de derechos humanos, ellas enfrentan también un riesgo por las amenazas en contra de su rol. Esta es una de las conclusiones que presenta el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Vivir sin miedo: situación de VBG y homicidio contra lideresas sociales 2024.
En el informe, Pares detalla: “La violencia dirigida específicamente hacia ellas [las lideresas] por su rol de liderazgo, ya que, se ven expuestas tanto a violencias sociopolíticas vinculadas a su labor, como a VBG [violencias basadas en género] las cuales atraviesan de manera transversal su posición como mujeres y como lideresas”. Y añade que hay un ensañamiento contra el cuerpo de las mujeres, ya sea antes o después del asesinato.

Asesinatos y violencia contra lideresas sociales
Entre 2018 y 2024 fueron asesinadas 158 lideresas y defensoras de derechos humanos, según cifras de la Fiscalía. El peor año fue 2020, en plena pandemia, cuando se registraron 33 víctimas. En 2021, la cifra bajó a 28, mientras que en 2022 cayó a 14, en 2023 volvió a aumentar a 27 y, el dato más reciente, indica que para 2024 fueron 22 las víctimas.
Sobre el aumento de 2023, el informe asegura que “podría estar vinculado a la reconfiguración de los grupos armados en disputa por el control territorial, así como a la falta de implementación efectiva de políticas de seguridad y protección”. Y dice que, a pesar de la disminución del año pasado, la cifra continúa “siendo alarmante, ya que los riesgos para las mujeres lideresas persisten”.
También se destaca el subregistro que pueden tener estos indicadores. Para los autores del informe, los espacios públicos en los que se ejercen los liderazgos sociales han sido comúnmente asociados a hombres e invisibilizado el rol de las mujeres. Esta situación “impacta de manera directa en la cantidad de homicidios registrados, ya que es probable que cuando se perpetre un asesinato contra una lideresa no sea identificada como tal y, por lo tanto, sea invisibilizado el caso”.
Los asesinatos no son los únicos casos de violencia contras las lideresas sociales. También se presentan casos de violencia sexual, vicaria, psicológica y esclavitud sexual, entre otros. De acuerdo al informe, “al controlar los cuerpos de las mujeres, los grupos armados buscan romper el tejido social y desmoralizar al enemigo”.
El departamento más afectado por los asesinatos en contra de lideresas sociales es Cauca, con 9 homicidios. En el segundo lugar está Valle del Cauca, con 7 casos, y le sigue Antioquia con 6 casos. En el cuarto lugar está Bogotá, con 5 homicidios.
Por otra parte, Pares señala que no ha sido suficientes para proteger la vida de las lideresas medidas como el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, la instalación de la mesa nacional y territorial de garantías, así como el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, entre otros.
De acuerdo al Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), en el 76 por ciento de los asesinatos ocurridos entre 2023 y 2024 en contra de lideresas se desconoce el perpetrador. Mientras que en el 24 por ciento de los casos restantes se identificó como agresor al Estado Mayor Central (EMC), con el 10 por ciento, seguido de las disidencias de las Farc (sin distinción de fracción) y bandas delincuenciales, ambos con el 4 por ciento.
También se registró que en el otro 4 por ciento de los casos, la presunta responsabilidad fue atribuida a actores individuales, es decir, civiles no asociados a un grupo. Por otra parte, el Clan del Golfo fue el presunto responsable del 2 por ciento de los casos registrados.
