Ecuador, un país dividido desde hace varios años entre partidarios y detractores del exgobernante izquierdista Rafael Correa, tendrá elecciones presidenciales este domingo 13 de abril en un contexto de polarización tan extrema, que muy pocos expertos en opinión pública se atreven a vaticinar quién ganará.

La abanderada del izquierdista partido Revolución Ciudadana, Luisa González, una devota cristiana cercana a Correa, aventaja en la mayoría de las encuestas al presidente-candidato Daniel Noboa, el joven heredero de la familia más acaudalada de Ecuador. Pero la diferencia entre los dos es tan estrecha que se habla de un virtual empate técnico.

Sin embargo, al que menos favorece este escenario es a Noboa, quien a sus 37 años aspiraba a ser reelegido en la primera vuelta electoral del pasado 9 de febrero para un mandato de cuatro años, para lo cual debería haber obtenido al menos el 50,01 por ciento de los votos válidos, o una diferencia de al menos el 40 por ciento y de 10 puntos sobre el segundo candidato más votado.

Pero González dio la sorpresa al obtener el 44 por ciento de los votos, mientras que Noboa logró el 44,17 por ciento. La diferencia entre ambos fue de apenas 16.746 sufragios, a pesar de que fue una contienda muy desigual en la que el presidente-candidato, cuya gestión de gobierno inició en noviembre de 2023, usó recursos del Estado para hacer proselitismo y se negó a pedir licencia del cargo para hacer campaña, lo que viola la ley.

Para analistas consultados por CAMBIO, el resultado de la primera vuelta perfila un balotaje muy cerrado en el cual los votantes indecisos, que según las encuestas rondan el 15 por ciento, serán un factor decisivo.

La académica ecuatoriana Natalia Zárate, una maestra en políticas públicas de la Universidad de Maryland, señala, sin embargo, que el inesperado resultado que obtuvo González en la primera vuelta electoral de febrero y la campaña que ha hecho le otorgan “cierta ventaja” frente a Noboa en los comicios de este domingo, aunque cualquier cosa puede pasar.

Es cierto que el voto anticorreísta ha definido las dos últimas contiendas presidenciales. Tanto la de 2021, cuando el banquero Guillermo Lasso superó por 4,7 puntos al candidato de Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz, como las elecciones extraordinarias de octubre de 2023, en las cuales Noboa se impuso a González por una diferencia de 3,6 puntos.

Pero, según Zárate, la gestión de gobierno de Noboa ha sido “tan ineficiente”, que un sector de anticorreístas moderados parecen proclives a dar un viraje y a decantarse por González en esta contienda.

Además, la candidata correísta logró sellar un pacto político con el movimiento indígena Pachakutik, cuyo candidato presidencial, Leonidas Iza, obtuvo 5.25 por ciento de los votos en la primera vuelta electoral de febrero pasado.

"Este es un acuerdo de adhesión sin precedentes que inclina la balanza en una elección tan competida", dice el profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón.

Malos resultados

Daniel Noboa, quien nació y se educó en Estados Unidos, alcanzó altos niveles de popularidad al inicio de su mandato, cuando declaró, en enero de 2024, la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador y militarizó el combate contra las bandas del narcotráfico.

Sin experiencia política, a la que ingresó apenas en 2021 como legislador, el joven millonario buscó emular al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se ufana de haber “aniquilado” a las poderosas pandillas de su país.

Los homicidios en Ecuador bajaron en 2024, en medio de continuos estados de excepción y toques de queda, pero aun así el país se mantuvo ese año como el más violento del continente, con una tasa de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto es, una tasa 50 por ciento más alta de la que tuvo Colombia.

Este 2025, la violencia registró un nuevo repunte que llevó los homicidios a cifras históricas. En los dos primeros meses del año ocurrieron 1.517 asesinatos, un 71,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, y la tasa de homicidios llegó a 50 por cada 100.000 habitantes.

Esto golpea la imagen de líder implacable con el crimen que le dio popularidad a Noboa, pero él ha dicho que en un año de gestión no se pueden hacer milagros y que necesita más tiempo para acabar con las poderosas pandillas de la droga, que están aliadas a los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

El profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador Daniel Pontón señala que a Noboa le están pasando la cuenta su falta de experiencia en la gestión pública y la falta de planificación y estrategia, sobre todo para hacer frente al fenómeno de la inseguridad.

“Se quedó en la retórica de la mano dura contra el crimen, contra lo que él llama el narcoterrorismo, pero no lo están acompañando los resultados”, afirma el doctor en sociología.

Por su lado González, la candidata correísta, no se ha cansado de recordar a lo largo de la campaña que, en 2017, cuando Rafael Correa concluyó sus dos periodos de gobierno, el político progresista había logrado reducir en 52 por ciento los asesinatos con respecto al inicio de su mandato, en 2007, y que dejó una tasa de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, ocho veces menor a la actual.

Noboa sabe que el tema de la inseguridad es el que más preocupa a los ciudadanos y, en plena campaña, ha echado mano de golpes efectistas para mostrar que está luchando contra el crimen. Por ejemplo, hace unos días llevó al país, con recursos del Estado, al mercenario estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater, acusada de crímenes atroces en varios países.

Prince, quien fue presentado por Noboa como su asesor para combatir el crimen, encabezó el pasado domingo un aparatoso operativo militar en Guayaquil en el que fueron detenidas 68 personas que tuvieron que ser liberadas horas después por falta de pruebas en su contra.

El mercenario demostró que sabe hacer guerra sucia en el terreno político al afirmar en un programa radial que Luisa González es “una sargento de Correa” y que uno de sus dos hijos es del expresidente izquierdista.

También declaró a medios locales que Ecuador puede elegir en estas elecciones entre atacar a las mafias “o tomar el camino de Venezuela”.

Ninguna autoridad electoral o judicial reaccionó ante la intromisión de Prince en asuntos internos ecuatorianos en plena campaña presidencial.

Santiago Machuca, experto en derecho público, señaló que “el presidente-candidato Noboa usa recursos públicos para la campaña, pero no pasa nada porque tiene cooptados al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo Electoral, a la Fiscalía General y a la Corte Constitucional”.

Esta, dice el abogado, “ha sido una campaña absolutamente inequitativa, en la que también los medios tradicionales actúan en contubernio con Noboa”.

Usos y abusos del poder

El excandidato presidencial indigenista Leonidas Iza, cuyo sector tuvo fuertes enfrentamientos con Correa cuando este fue presidente, afirma que decidió apoyar a González porque el país tiene que elegir “entre la socialdemocracia (que representa la abanderada correísta) y el autoritarismo de Noboa, que raya en lo dictatorial”.

De acuerdo con Iza, desde el momento en que Noboa ordenó asaltar con comandos armados la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024, para capturar por cargos de corrupción al exvicepresidente Jorge Glas, quien se refugiaba en esa sede diplomática, dio muestras de que “estaba dispuesto a violentar cualquier norma”.

En Ecuador ha sido muy cuestionada la manera como el joven presidente separó de su cargo a la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien se disgustó al principio de su gobierno por diferencias políticas. La destituyó mediante una resolución del Ministerio del Trabajo tras acusarla de abandono del cargo luego de que la envió a una misión fuera del país, y la reemplazó por la secretaria general de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.

“Eso es algo absolutamente ilegal –dice el abogado Machuca–, porque la vicepresidenta es una funcionaria electa por el voto popular”.

Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) avaló la decisión del presidente e inhabilitó a Abad por dos años.

El mismo TCE y el Consejo Nacional Electoral permitieron que Noboa hiciera campaña sin pedir licencia de su cargo como presidente, como ordena la ley.

El año pasado, en vísperas de las campañas para la primera vuelta presidencial, el TCE inhabilitó al candidato que aparecía de tercero en las encuestas, Jan Topic. Luego, la agencia gubernamental que regula las telecomunicaciones le suspendió una concesión de internet a una empresa de la familia del político.

Por eso hay analistas que no pasan por alto lo que dijo Noboa hace unos meses: “Soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener”.

Desde su infancia, el joven multimillonario –su familia tiene una fortuna de más de 1.000 millones de dólares– está habituado a obtener lo que quiere. Y hoy, además de rico, es presidente.

“En buen colombiano, Noboa es un gomelo autoritario”, afirma la maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga Gómez.

En un país agobiado por los altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana, millones de votantes están dispuestos a aceptar a un mandatario que cultiva una imagen de dureza frente al crimen, aunque su política de mano dura implique saltarse la ley.

Y así lo asume Noboa. El año pasado le dijo al periodista estadunidense Jon Lee Anderson, quien lo siguió durante semanas para hacerle un perfil para The New Yorker: “Si hicieran una encuesta ahora mismo (…) la mayoría de los latinoamericanos preferirían la dictadura a la democracia".

También le contó que en alguna ocasión se había comunicado con un jefe criminal que había tomado unos rehenes y le dijo que, si no los liberaba, iría con un grupo de comandos de las fuerzas especiales y “personalmente le dispararía en la cara”.

En abril de 2024, en medio de largos apagones por una crisis de abastecimiento de electricidad, Noboa culpó de la situación a la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, y la acusó ante la Fiscalía de sabotaje.

Según el maestro en teoría política de la Universidad de Edimburgo, Santiago Carranco, a pesar de sus cuestionables resultados de gobierno, de sus desplantes autoritarios y de sus abusos de poder, Noboa tiene una cobertura muy favorable en los medios tradicionales, que son anticorreístas.

El mandatario, de personalidad fría y distante, suele presentarse en público con chalecos blindados y chaquetas militares. Pero para levantar su imagen, tiene un eficiente equipo de comunicaciones encabezado por su esposa, la influencer Lavinia Valbonesi, que se encarga de mostrar a un líder joven y fuerte en plataformas como TikTok, Instagram, X y Facebook.

En la campaña electoral de 2023, Noboa vendió muy bien a los votantes su condición de empresario y ejecutivo del consorcio bananero, naviero y agroindustrial de su padre, Álvaro Noboa, quien intentó en cinco ocasiones ser presidente de Ecuador, sin éxito.

También ganó puntos en su país por su formación académica en Estados Unidos, su país natal, donde estudió negocios en la Universidad de Nueva York y en la Kellogg School of Managment; administración pública en la Universidad de Harvard y una maestría en comunicación política y gobernanza estratégica, de la Universidad George Washington.

Pero esos títulos y sus relaciones con la élite empresarial ecuatoriana y del hemisferio no se han traducido en resultados de gobierno. En 2024, la economía decreció -0,7 por ciento, la inversión privada se contrajo y la inversión extranjera fue la más baja de los últimos 14 años.

González, correísta para bien o para mal

Ante todo, Luisa González es una correísta leal y disciplinada que reivindica los logros de los gobiernos del expresidente y lo reconoce como líder histórico de Revolución Ciudadana. Además, ha dicho que, de ganar las elecciones, él será su principal asesor económico.

En términos políticos, la aspirante presidencial es la heredera de Correa, con todas las ventajas y desventajas que esa condición conlleva en Ecuador.

Un tema gravitante en la campaña ha sido Venezuela. Y, como correísta, González ha dicho que si gana los comicios este domingo reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esa es una postura muy impopular en Ecuador, pero intransable para el exgobernante izquierdista, quien es un viejo aliado del chavismo.

González desempeñó varios cargos en el gobierno de Correa, la mayoría de mucha cercanía con el mandatario. Fue coordinadora y subsecretaria encargada de la agenda estratégica presidencial y secretaria general de Despacho Presidencial.

La candidata de Revolución Ciudadana, de 47 años, y quien es abogada, maestra en alta gerencia y maestra en economía internacional de la Universidad Complutense de Madrid, también se desempeñó como viceministra de Gestión Turística y secretaria de la Administración Pública.

En 2021, fue electa congresista en representación de la provincia de Manabí, y luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera en 2023 la unicameral Asamblea Nacional y convocara a elecciones generales, el partido correísta Revolución Ciudadana la designó, por primera vez, como candidata presidencial.

Como legisladora, estuvo envuelta en una polémica al negarse a aprobar la despenalización del aborto en casos de violación, lo que hizo que sus propios copartidarios cuestionaran su fidelidad a los principios progresistas de la organización.

"Nadie ha dicho que ser feminista o progresista es estar a favor del aborto", ha dicho ella, quien inició su carrera política en el derechista Partido Social Cristiano y pertenece a una iglesia protestante en Quito a la que asiste con regularidad.

Ella se define como “madre, animalista y deportista (hace ciclismo y es maratonista)”, así como defensora de la familia. Sus propuestas centrales son combatir la inseguridad con más presupuesto y restituyendo el aparato de inteligencia que dejó Correa y que sus sucesores desmantelaron; trabajar por la justicia social y generar empleos.

Aunque han transcurrido ocho años del fin de la presidencia de Rafael Correa –gobernó entre 2007 y 2017–, la sombra de este político izquierdista sigue pesando en el debate político de Ecuador.

“El correísmo es una identidad política en Ecuador, una organización política con presencia nacional y la primera fuerza electoral a pesar de la persecución judicial, el acoso y el exilio que han vivido en estos años muchos de sus dirigentes”, dice el sociólogo Franklin Ramírez.

Los resultados económicos y sociales de los gobiernos de Correa son notables. La economía creció a una tasa anual promedio de 3,3 por ciento y la pobreza se redujo en 15 puntos porcentuales durante su mandato. Pero su estilo confrontacional lo terminó enemistando con los movimientos indígenas, sindicatos, empresarios y medios de comunicación. Esto mismo llevó a la polarización entre correístas y anticorreístas.

Además, al dejar el poder, la Fiscalía y la justicia abrieron varios procesos penales contra el presidente y varios de sus cercanos colaboradores, quienes fueron implicados en casos graves de corrupción, como el de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El mismo Correa, quien está asilado en Bélgica, enfrenta en Ecuador una sentencia de ocho años de prisión y de 25 años de inhabilitación política por cohecho, lo cual le impide regresar a su país.

El expresidente sostiene que las acusaciones contra él y sus excolaboradores son parte de una persecución política. Y al menos la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ha dado muestras suficientes de tener una agenda anticorreísta que pone en entredicho la imparcialidad que esta obliga a observar como funcionaria del Estado.

El martes pasado, Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023, reveló que una semana antes de la primera vuelta electoral de ese año, Salazar la presionó para que acusara al expresidente Correa de ser el responsable del crimen de su esposo.

De acuerdo con Sarauz, Salazar y el presidente Noboa han establecido una “complicidad perversa” para proteger a los responsables del magnicidio de Villavicencio, que serían “altos mandos de la Policía Nacional” y “poderes financieros” que lavan dinero de grupos criminales.

Luisa González se limitó a repostear en su cuenta de X esa confesión, la cual fue minimizada u omitida por los medios tradicionales de comunicación, que, en cambio, dieron amplia difusión a las acusaciones de Sarauz contra Correa en agosto de 2023.

Cualquiera que resulte ganador en los comicios de este 13 de abril tendrá una frágil gobernabilidad pues ni el correísmo ni la alianza política de Noboa tienen mayoría en el Congreso, lo que le dificultaría a la próxima o al próximo gobernante hacer aprobar iniciativas de ley.

La Asamblea Nacional 2025-2029 está integrada por 151 legisladores que se dividen en dos grandes bancadas. Una es la de Revolución Ciudadana en alianza con Reto, que tiene 67 asambleístas, y la otra es de Acción Democrática Nacional (ADN), la coalición de Noboa, con 66 parlamentarios.

Lo que está por definirse este domingo en Ecuador es si el correísmo, que exhibe resultados económicos y sociales muy superiores a los gobiernos que sucedieron a Correa, pero que también enfrenta escándalos de corrupción, podrá convertirse, de nuevo, en la mayoría electoral del país.