La Comisión de Constatación encargada de verificar la identidad de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica estuvo paralizada durante cuatro meses por falta de presupuesto.
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El nuevo ‘desplante’ del Gobierno a las víctimas del exterminio de la UP
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Casi tres años después de la condena contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llamó la atención al gobierno de Gustavo Petro por haber dejado sin presupuesto, en los primeros meses del año, a la comisión que tiene la difícil tarea de constatar la identidad de las víctimas del genocidio, como paso previo de las indemnizaciones. El avance de dicha misión, que tiene un estricto mandato temporal, es minúsculo y se suma a un cuestionamiento de una jueza que critica que la mayoría de las víctimas hayan sido acreditadas internacionalmente con algún tipo de inconsistencias.
Por: Ana María Cuesta
Llegaron vestidos de blanco a una cita que esperaron por décadas. Los convocaron temprano y les prometieron que escucharían unas palabras que ayudarían en el cierre de un doloroso capítulo de horror. Unos viajaron largas horas por tierra y otros salieron de los países que los acogieron en el exilio. Estaban preparados para escuchar un perdón y esperaron por él durante horas, bajo un sol furioso, sin reparar en la impuntualidad. Faltaba un cuarto para las once cuando apareció el anfitrión, el presidente de la República, Gustavo Petro, que en la red social X les notificó a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica que el perdón que esperaron por años se aplazaría por un fuerte cuadro gripal y respiratorio que le impedía caminar el par de cuadras que separan a la Casa de Nariño de la Plaza de Bolívar.
Ese 11 de octubre, el presidente incumplió con un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, una de las órdenes que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2022, en su condena contra el Estado colombiano por la aniquilación de la Unión Patriótica. “Fue un acto de desplante de Petro que no llegó al reconocimiento de responsabilidad. Hubo mucha indignación porque el acto se citó al mismo tiempo que una convocatoria a movilización de apoyo a él”, expresó una de las víctimas, que recordó ese mismo viernes estaban convocadas marchas del Pacto Histórico en protesta a la investigación del Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial.
Pero la indignación de un sector de las víctimas sigue por otras situaciones que han generado molestia. CAMBIO conoció otro episodio que involucra a entidades del gobierno de Gustavo Petro y que afecta el cumplimiento de otra orden trascendental de la condena internacional por el genocidio de la UP.
El duro pronunciamiento de la Corte Interamericana
En un duro pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresó su “preocupación” y le llamó la atención al Estado colombiano, y más concretamente al gobierno nacional, por el “grave impacto” que tuvo la suspensión de las funciones de la Comisión de Constatación de las víctimas de la Unión Patriótica (UP), que afectó un aspecto importante del cumplimiento de la sentencia que dictaron contra Colombia en 2022 por el exterminio sistemático del mencionado partido.
En los primeros meses del año, la Comisión estuvo paralizada porque el Gobierno no dispuso los recursos para su funcionamiento. La misión de dicha instancia es verificar la identidad o el parentesco del grueso de las 6.941 víctimas que figuran en la condena estatal por el genocidio político de la UP, como paso previo para el reconocimiento de indemnizaciones. “Este Tribunal advierte con preocupación que la labor de la Comisión de Constatación se encuentra suspendida desde el 1° de enero de 2025, es decir por casi cuatro meses. Esto se debe a que no se ha aprobado el presupuesto para su funcionamiento durante el presente año”, cuestionó la Corte Interamericana el pasado 24 de abril.
Aunque la Unidad de Víctimas le aseguró a CAMBIO que la Comisión reinició sus labores el 9 de mayo tras un traslado presupuestal para implementar el fallo que el Ministerio de Hacienda realizó el pasado 14 de abril (46.077.551.330 pesos), la Corte manifestó que “hasta la fecha de la emisión de esta resolución -24 de abril- no se ha informado que dicho presupuesto haya sido aprobado” y anunció que espera un nuevo informe del Ejecutivo sobre la materia.
Cada día de parálisis en el trabajo de dicha instancia resulta problemático teniendo en cuenta que, en teoría, la comisión tiene un mandato que no debería durar más de un año y medio: un año para recibir solicitudes y seis meses para resolverlas de fondo.
Este episodio de la falta de recursos para una instancia considerada el paso previo para la reparación económica de las víctimas recuerda ineludiblemente el desplante que el presidente Petro tuvo con ellas, el 11 de octubre del año pasado, cuando no asistió, alegando motivos de salud, al acto de reconocimiento de responsabilidad estatal que él había convocado. El frustrado evento que se suspendió hasta nueva orden tuvo un costo aproximado a los 2.000 millones de pesos.
La Unión Patriótica nació como partido político en 1985 como resultado del acuerdo de paz de La Uribe (Meta), suscrito por el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La colectividad desapareció en 2002, al no lograr el umbral en las elecciones legislativas, pero resucitó en 2013 por una decisión histórica del Consejo de Estado que tuvo en cuenta el contexto convulso de violencia política que padeció su militancia, que resistió los asesinatos de sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990; de nueve de sus congresistas como Manuel Cepeda Vargas, ultimado en 1994, así como de 70 concejales y decenas de diputados, alcaldes y dirigentes.
El desafío en la verificación de las víctimas y las críticas de una jueza
El fallo de la Corte Interamericana dicta una serie de órdenes para reparar las violaciones de derechos humanos, que por más de dos décadas sufrieron más de 6.000 víctimas de esta colectividad, tachada por sectores como “enemiga de la patria” y cuyo exterminio contó con “la participación de agentes estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”.
Del total de las víctimas de este episodio nacional, que continúa con heridas abiertas por la impunidad y el poco avance en las investigaciones, la Corte acreditó 677 víctimas directas o verificadas por los crímenes de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada -429 de ellas figuran como ejecutadas-.
Hay otro listado de 761 víctimas reconocidas como familiares de las víctimas directas y otro grupo de 5.503 víctimas que requieren de una constatación adicional, pues el Tribunal no recibió pruebas que permitan comprobar sus nombres completos o sus documentos de identidad. Este último grupo que requiere una constatación especial constituye el 80 por ciento del universo de las víctimas que deberá verificar la Comisión.
“La actuación diligente y pronta del Estado en este sentido es fundamental, máxime considerando el grave impacto que esto tiene, no solo en el trabajo de la Comisión de Constatación, sino en el acceso de las víctimas a la reparación”, agrega el pronunciamiento de la Corte Interamericana.
La jueza de la Corte Patricia Pérez Goldberg, exministra de justicia de Chile en el gobierno de Sebastián Piñera, expresó críticas por la forma en la que sus colegas en la Corte Interamericana avalaron la acreditación de las víctimas en la sentencia. La jueza dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió un listado inicial de 5.911 presuntas víctimas del caso y que únicamente contaba con una “plataforma fáctica” que abarca a 230 de ellas.
Pérez compartió una postura expresada por Estado colombiano, que observó “que todas las víctimas respecto de las cuales no se contaba como mínimo con una descripción de los elementos fundamentales necesarios para determinar la responsabilidad internacional —tales como el perpetrador, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, el nexo con la Unión Patriótica, o la existencia o no de investigaciones judiciales o disciplinarias— no deberían ser consideradas presuntas víctimas del caso”.
Pero el argumento no fue acogido. Por esa razón, en el fallo se ordenaron “medidas conducentes a su identificación posterior”. Para Pérez que el fallo internacional justificara “eventuales inconsistencias en la identificación plena de las presuntas víctimas” fue “errado”. En su criterio, esto representa “deficiencias graves en la presentación del caso”.
Carolina Maya, codirectora de la Corporación Reiniciar, que representó a numerosas víctimas de la UP ante el sistema interamericano, admitió sobre la postura de Pérez Goldberg que aunque hicieron todos los esfuerzos por individualizar a las víctimas “ello no fue efectivo en la medida en que el Estado colombiano no dispuso toda su voluntad, compromiso y acciones concretas para que, en la mayor medida posible, se precisaran cuáles eran en las víctimas. Incluso aunque este fue un objetivo en la etapa de solución amistosa del caso, que duró alrededor de siete años, no se logró por las razones expuestas”.
Verificación de víctimas avanza el 7 por ciento: ‘la labor podría tomar años’
La Comisión de Constatación, que paró funciones a principios de este año, está integrada por Ana Teresa Bernal, elegida por Colombia, por Alejandro Valencia Villa, escogido por las víctimas, y Rubén Darío Pinilla, seleccionado por la Corte. Cuenta con un equipo de 52 personas y una operación anual que cuesta unos 8.900 millones de pesos. Se encargan de la recepción y revisión de documentos, entrevistas y análisis de pruebas para determinar la identidad y parentesco de las más de 6.000 víctimas del exterminio, en especial de las 5.503 de las que no se tienen datos completos. Entre sus funciones también tienen la de plantear la exclusión de personas que no sean consideradas víctimas.
Bernal, presidenta de la Comisión que inició sus labores en abril de 2024, le informó a CAMBIO que hasta el 31 de diciembre de dicho año habían recibido 5.832 solicitudes y que habían avanzado en 1.004 proyectos de resolución, que abarcan el 20.6% del total de las peticiones. Pero hoy sólo han dictado 740 decisiones de fondo que comprenden 950 solicitudes, el 16.2% de las peticiones de constatación recibidas. Según la Corte Interamericana, de esta labor solo se le han remitido 400 resoluciones para pagar indemnizaciones a la Unidad para las Víctimas, entidad que, al cierre de esta edición, no informó a cuántas víctimas directas o indirectas ha indemnizado.
“La Corte no puede dejar de advertir que, a pesar de la importante asignación presupuestaria realizada en 2024 y de los esfuerzos realizados para la puesta en funcionamiento de la Comisión de Constatación, los avances en su labor central no fueron significativos. Es preocupante que, en un lapso de ocho meses de funcionamiento, contados desde el inicio de sus funciones a mediados de abril de 2024 al último día de diciembre de ese año, se habían presentado más de 6.000 solicitudes de constatación, pero solo se habían aprobado un total de 740 resoluciones. Es decir, tuvo un avance cercano al 7 por ciento”, indicó el alto tribunal del sistema de derechos humanos creado por la Organización de Estados Americanos.
Aunque la Corte reconoce la magnitud de la labor que tiene esta instancia, que tiene un mandato temporal, considera que “para el adecuado y oportuno cumplimiento de la Sentencia ésta no puede continuar con el ritmo de trabajo de los ocho meses iniciales de su funcionamiento, pues le tomaría años culminar con la resolución de todas las constataciones pendientes”. Y es que la comisión, en teoría, tenía hasta el 16 de abril de este año para la recepción de solicitudes y tiene seis meses para resolver cada una de ellas, que se cuentan a partir de la recepción de documentos. Es decir, es una instancia que en el papel debería culminar su misión en octubre de este año, por eso el tiempo apremia.
Sobre ese punto, Bernal anotó que “los retrasos en la constatación afectan directamente el reconocimiento de indemnizaciones, lo que vulnera los derechos de las víctimas. Sin la verificación de identidad y parentesco, el Estado no puede proceder con las reparaciones ordenadas por la Corte IDH”. Y confirmó que están esperando que la Corte Interamericana evalúe una prórroga del mandato por cuenta de la parálisis de principios de año.
La también concejala del Pacto Histórico reconoció las dificultades que tuvieron por “la falta de asignación presupuestal por parte del Estado durante los primeros 4 meses del año”, aunque advierte que ya están en proceso de “reiniciar el pleno funcionamiento de la Comisión pues ya hubo asignación presupuestal y prácticamente el proceso de contratación está a punto de cerrarse”.
“Estamos hablando de un genocidio, de una persecución que se prolongó en el tiempo y que incluso hoy continua afectando a varias personas. Este es un hecho real y objetivo, que tuvo y tiene muchos efectos que, entre otros, imposibilitaron la identificación plena de todas las víctimas. Considerar lo contrario no se corresponde con la gravedad ni la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso y eso, en últimas, no debería obstaculizar el acceso de las víctimas a sus reparaciones”, remató Maya, de la corporación Reiniciar.
