El debate que abre la Contraloría sobre los altos costos de los esquemas de protección de la UNP

La Contraloría General de la República divulgó este jueves un informe sobre la implementación de los esquemas de protección para comunidades en riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que arrojó datos preocupantes: la entidad tarda en promedio 203 días para dar respuesta a la protección colectiva que clama una comunidad.

“Más de 1.300 grupos y comunidades, en su mayoría pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y organizaciones sociales, solicitaron medidas de protección ante situaciones de alto riesgo derivadas de su labor en defensa del territorio, la vida y los derechos humanos. Sin embargo, solo el 18 por ciento de estos casos accedió a medidas efectivas. El resto, o no cumplió con los requisitos exigidos o continúa a la espera de una evaluación de riesgo, proceso que, en promedio, tarda 203 días”, indicó la entidad.

Esa respuesta tardía que se detectó de la gestión de la UNP entre los años 2019 y 2023 resulta problemática en un contexto de violencia y de asesinatos de líderes sociales, pues para ese mismo periodo fueron asesinados, según la Defensoría del Pueblo, 857 líderes, alcanzando un pico en 2022 con 215 muertes.