El debate que abre la Contraloría sobre los altos costos de los esquemas de protección de la UNP

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, advirtió que el 93 por ciento de los recursos de la UNP en 2023 se destinaron a esquemas individuales de protección.

Crédito: Foto: Contraloría.

29 Mayo 2025 11:05 am

El debate que abre la Contraloría sobre los altos costos de los esquemas de protección de la UNP

La Contraloría General divulgó un informe sobre la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y planteó un debate sobre la revisión de los costos de los esquemas de protección de los altos funcionarios del Estado. En 2023 se destinaron 1,2 billones de pesos para financiar esquemas de protección. La entidad cuestionó que la respuesta a una solicitud de una comunidad sea tardía: se resuelve hasta en 203 días.

Por: Ana María Cuesta

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La Contraloría General de la República divulgó este jueves un informe sobre la implementación de los esquemas de protección para comunidades en riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que arrojó datos preocupantes: la entidad tarda en promedio 203 días para dar respuesta a la protección colectiva que clama una comunidad.

“Más de 1.300 grupos y comunidades, en su mayoría pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y organizaciones sociales, solicitaron medidas de protección ante situaciones de alto riesgo derivadas de su labor en defensa del territorio, la vida y los derechos humanos. Sin embargo, solo el 18 por ciento de estos casos accedió a medidas efectivas. El resto, o no cumplió con los requisitos exigidos o continúa a la espera de una evaluación de riesgo, proceso que, en promedio, tarda 203 días”, indicó la entidad.

Esa respuesta tardía que se detectó de la gestión de la UNP entre los años 2019 y 2023 resulta problemática en un contexto de violencia y de asesinatos de líderes sociales, pues para ese mismo periodo fueron asesinados, según la Defensoría del Pueblo, 857 líderes, alcanzando un pico en 2022 con 215 muertes.

El ente de control aseguró que en 2023 la UNP ejecutó 1,2 billones de pesos para la financiación de los esquemas de protección, destinando el 93 por ciento de dichos recursos para protecciones individuales y solo el 7 por ciento para protecciones colectivas, “a pesar de su potencial de impacto más amplio y costo eficiente”.  En el periodo analizado por el informe se reportaron más de 6 billones de pesos para esquemas colectivos e individuales. En 2024 ese presupuesto subió a 2,6 billones de pesos.

Del presupuesto ejecutado en 2022, por 1,8 billones de pesos, 1,44 billones se invirtieron en la adquisición de bienes y servicios para operar los esquemas como contratación de escoltas, vehículos, combustibles, chalecos y equipos de comunicación.

Camionetas esquemas de protección
La mayoría de los recursos que ejecuta la UNP las invierte en vehículos y escoltas. Foto: Colprensa. 

El costo anual de cada esquema de protección

La Contraloría abrió un debate sobre la destinación de billonarios recursos para proteger a altos dignatarios del Estado. “La CGR considera que algunas poblaciones beneficiarias ameritan un análisis de sus costos y menciona el caso de servidores públicos que laboraron en políticas de paz y derechos humanos del Gobierno nacional, exaltos funcionarios del Estado, senadores y representantes a la Cámara, entre otros”, indicaron en un comunicado.

Shirley Santamaría, directora de estudios sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, aseguró que en 2023 cada esquema de protección individual costó 150 millones de pesos en promedio y un esquema colectivo costó 362 millones. Pero el liderato en los costos se lo lleva la protección de los legisladores.

Santamaría reveló que en promedio el costo de la protección de un senador o representante a la Cámara en 2023 fue de 439 millones de pesos, siendo este el valor más alto. Les siguen los exservidores públicos vinculados a políticas de derechos humanos con un costo de 335 millones anuales. Los integrantes de grupos políticos cuestan anualmente 230 millones en promedio. Los esquemas de los periodistas cuestan 204 millones, los de los sindicalistas cuestan 166 millones y los esquemas de defensores de derechos humanos tienen un valor de 155 millones.

Proteger a otros exfuncionarios públicos le cuesta al Estado 146 millones de pesos anuales, un alcalde cuesta 132 millones en promedio; los integrantes de grupos étnicos cuestan 124 millones; proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cuesta 95 millones en promedio anual y los desmovilizados 91 millones de pesos.

El vicecontralor general Carlos Mario Zuluaga aseguró que actualmente hay 8.123 protegidos bajo medidas individuales.

Augusto Rodríguez
Augusto Rodríguez, director de la UNP, reconoció la diferencia abismal entre los esquemas individuales y colectivos. Foto: Colprensa.

'No hemos logrado la penetración suficiente': UNP

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, reconoció en la Contraloría la diferencia significativa entre los esquemas de protección individual y las rutas colectivas. Aseguró que actualmente hay 15.550 protegidos bajo esquemas individuales y 350 en esquemas colectivos que comprenden medio millón de personas.

Afirma que un esquema de protección con vehículo blindado y dos escoltas le cuesta al Estado unos 50 millones de pesos mensuales y que, ante el crecimiento de las solicitudes de protección, se han empeñado en la "'destoyotización' de los territorios".

"Con esa plata nosotros podríamos cubrir la protección de esa persona y muchas más si estuviéramos en la ruta colectiva (...) reconocemos que los recursos se gastan fundamentalmente en la ruta individual en vehículos y personas de protección. La ruta colectiva para la UNP implica un gasto mucho menor porque no hemos logrado la penetración suficiente. A pesar de que a la fecha tenemos 350 colectivos protegidos, sobre el incremento grande que en este Gobierno ha tenido la implementación de la ruta colectiva, sin embargo, sabemos que falta", expresó Rodríguez.

Rodríguez se refirió a la respuesta tardía para los esquemas de protección colectivos advirtiendo que van en constante crecimiento por el contexto convulso de violencia. "En el Catatumbo aparecieron 17 colectivos en esta crisis generada por el ELN desde enero. Esas 17 se están trabajando", respondió. 

Y confirmó que para este año solicitaron un presupuesto de $3.9 billones de pesos del que, hasta el momento, han recibido 2.3.

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