Patarroyo y los micos Aotus: MinAmbiente estudia solicitud de Contrato de Acceso a Recursos Genéticos de polémico estudio de hace diez años

El Aotus tiene ojos vidriosos semejantes a dos canicas que brillan como cristales color marrón. Los rodea un marco blanco de pelaje en forma de corazón, que recubre la cara entera del animal. El resto de su cuerpo es entre anaranjado cobrizo y gris. No mide más de medio metro. Su cola tiene casi el mismo tamaño de su cuerpo, es de unos 45 centímetros. Este animal, al que también llaman mono nocturno, parece sonreírse cuando cierra la boca. La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), presidida por el controversial Manuel Elkin Patarroyo, realizó varios estudio sobre esta especie en los últimos 30 años. Hoy pretende formalizar uno de hace años ante el Ministerio de Ambiente. 

Desde siempre, Patarroyo ha buscado la cura para la malaria experimentando con micos del género Aotus. Sus promesas de una vacuna cayeron en el fondo del olvido cuando esta no sirvió en ningún lado -aunque sus defensores hablen de hasta un 50 por ciento de eficacia en estudios clínicos-, así como él cayó en el desprestigio por sus prácticas cuestionables, denunciadas tiempo después: violó los permisos que le dieron para sus investigaciones, sobrepasó el máximo de micos que podía utilizar, lo acusaron de tráfico ilegal de fauna y, además, usó una especie de Aotus no permitida en uno de sus múltiples estudios, la nancymaae. Más tarde, intentó desarrollar una vacuna anticovid sin permiso.

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Ahora, la FIDIC lleva desde 2021 solicitando el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos -estos son todos los materiales de origen biológico con material genético- por el estudio que realizó entre 1998 y 2014, titulado “Caracterización inmunogenética y evolutiva de primates del género Aotus”. Este es un requisito parte del Régimen de Acceso a Recursos Genéticos de la Comunidad Andina. En el artículo 6 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque les dio dos años de plazo para obtener ese contrato a los que realizaron investigación accediendo a recursos genéticos sin permiso del ministerio. 

La simple mirada en Google y la búsqueda en Google Académico dan resultados escasos: dos documentos del Ministerio de Ambiente y uno de la página web de la organización de Patarroyo, que manda “error” al primer clic. El ministerio le explicó a este medio que el objetivo del estudio era analizar varios tipos de moléculas clave para entender la función y evolución del sistema inmune en primates. 

(crédito: Colprensa)

“Para el cumplimiento de dicho objetivo la FIDIC debió obtener muestras de sangre periférica de primates del género Aotus para posteriormente caracterizar, aislar y secuenciar genes, moléculas y proteínas fundamentales en la función del sistema inmune, a través de técnicas de biología molecular e inmunología y realizar análisis para establecer similitudes y modos de evolución comparativa entre monos de estas especies y los seres humanos”, agregó en respuesta a un derecho de petición de CAMBIO.

Casi a finales de diciembre de 2023, la cartera publicó una resolución en la que aceptó la solicitud de acceso a recursos genéticos que hizo la organización de Patarroyo, aunque este es solo el segundo paso del proceso. En 2022 había admitido la petición inicial. Es decir, esto no implica, aún, que se haya concedido ni admitido nada.

“Se han reunido los presupuestos técnicos y jurídicos para aceptar la solicitud de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados para autorizar la ejecución de actividades de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados llevadas a cabo en desarrollo del proyecto de investigación”, dice la resolución. Quiere decir que jurídica y técnicamente es viable que se le conceda el contrato, aunque todavía falta gran parte del proceso.

En principio, este no sería un nuevo permiso para el inmunólogo, sino una especie de formalización de una actividad que llevó a cabo tiempo atrás. Una forma de dejar todo en regla, que solo sería efectivo una vez se surta un proceso al que todavía le falta tiempo, como dejó claro en ministerio.

La cartera le respondió a CAMBIO que como el estudio es de hace diez años, el control de su parte sería “de tipo documental”, si el contrato se firma una vez se cumplan todos los pasos. El proceso todavía está en trámite. No obstante, si llega a ocurrir, lo que hará esa autoridad es analizar la forma en que la FIDIC accedió a los recursos genéticos, cómo hizo la investigación en el laboratorio, qué procesos siguió para la caracterización de genes, moléculas y proteínas clave del sistema inmunológico.

Este 4 de enero se venció el plazo para presentar reposiciones a la resolución de aceptación de la solicitud de la FIDIC. Ángela Maldonado, premiada y reconocida primatóloga, y una de las principales opositoras al trabajo de Patarroyo, fue una de las que alzó la voz ante el Gobierno. Según le explicó a CAMBIO, aunque el ministerio no estaría dándole un nuevo permiso a Patarroyo, le parece un sinsentido que ampare lo que hizo en el pasado, “es extraño, y ahora no tienen permiso para la captura, ¿así de qué sirve? No tiene lógica”. 

(crédito: Freepik)

La senadora animalista Andrea Padilla añadió que le preocupa mucho este posible aval a prácticas que fueron tan cuestionadas: “Parece una suerte de legalización del uso y abuso de primates que ha hecho Patarroyo con la FIDIC; incluso, del aprovechamiento ilícito que denunció la Fundación Entrópika y nosotros recientemente mediante denuncia penal. Ese tipo lleva años abusando de los micos y haciendo capturas ilegales, como lo sustentamos en la denuncia penal que interpusimos en Fiscalía. Sería penoso que el MADS legalizara un mal proceder científico y moral”.

No obstante, si Patarroyo cumple con los requisitos establecidos por la ley, es difícil que le nieguen el permiso. El Grupo de Recursos Genéticos de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente dijo que la solicitud es viable jurídica y técnicamente según la ley nacional e internacional.

Aún así, el recurso de reposición que presentó Maldonado a la cartera de Ambiente trae otros argumentos. Para ella, la resolución de aceptación reproduce ideas antropocéntricas -que pone al ser humano como el centro de todo- y cita la Constitución cuando habla de la protección de la diversidad e integridad ambiental. También, dice que darle el contrato de acceso a la fundación de Patarroyo desconocería los principios del derecho ambiental de prevención y precaución, así se refiera a un estudio que ya finalizó. Lo anterior, porque la especie Aotus nancymaae está clasificada como vulnerable a nivel global.

Eso sí, no lo está aún a nivel nacional, pues desde septiembre se está esperando una actualización de la resolución del listado de las especies silvestres amenazadas en el país. Si esta especie llega a aparecer en la lista que actualizará el Ministerio de Ambiente, se complicaría mucho más cualquier tipo de experimentación en ella y las puertas se le cerrarían a Patarroyo, tal vez, definitivamente.

Pero volviendo a la anterior, lo más clave es que la FIDIC tendría tres procesos sancionatorios ambientales abiertos, según un informe de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) presentado en 2023 y conocido por este medio. El primero de estos lo abrió la autoridad ambiental en 2010, cuando le decomisó 60 primates a la fundación de Patarroyo porque sobrepasó el número de especímenes que podía usar en el estudio “Captura y estudio de investigación científica y diversidad biológica de primates en la cuenca del Río Amazonas en el Trapecio Amazónico”.

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Para ese entonces, las cosas se le estaban poniendo grises al otrora celebrado inmunólogo. Poco después de esto le cerraron su laboratorio por una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le quitó la licencia que le dio el permiso de estudiar a 4.000 micos. En 2015, el proceso de Corpoamazonía llevó a que le impusieran a la FIDIC una multa de casi 60 millones de pesos y Patarroyo nunca logró que le aprobaran sus apelaciones. Paradójicamente, en ese momento, el Consejo de Estado revocó la medida del Tribunal. 

Por otro lado, en 2011 Ángela Maldonado denunció el tráfico ilegal de la especie Aotus nancymaae. Según ella, la presencia de esa especie en Colombia se debe al tráfico ilegal del que sería culpable Patarroyo. Dijo que el inmunólogo lideraba un esquema en el que indígenas cazaban del lado peruano de la selva amazónica y le vendían los micos al científico sin ninguna regulación, en Colombia. Aunque todavía no hay pruebas de que la presencia del nancymaae en el país se deba a esta actividad -y el propio Consejo de Estado lo negó en 2015-, la FIDIC no tenía permiso para experimentar con esos micos, de ninguna manera. Su autorización era para la especie vociferans.

Desde 2013, Corpoamazonía ordenó hacer un informe para determinar las especies que tenía en cautiverio la fundación. Luego alargaron el plazo para hacerlo. Once años después, el estado del proceso, de acuerdo al informe de Corpoamazonia, es: “solicitud de informe de valoración de sanción”.

Con el desprestigio que lo acompañaba, Patarroyo obtuvo luz verde para el proyecto “Recolección no comercial  de especímenes silvestres de monos del género Aotus de las especies A. vociferans y A. nancymaae presentes en el área del trapecio amazónico colombiano, entre los ríos Amazonas y Putumayo, sus afluentes y sub afluentes, para fines de investigación biomédica”, en abril de 2020. La obsesión de la malaria seguía allí.

(crédito: Colprensa)

En ese entonces, el covid-19 era el centro de conversación y de la investigación médica y científica en todo el planeta. Patarroyo, por su lado, le restaba importancia a la pandemia, mientras juraba que tenía la cura. En 2021, prometió que su vacuna Colsarsprot sería el escudo perfecto contra el coronavirus y sus mutaciones. Dijo que estaba lista. En realidad, apenas estaba en fase 0, la de estudios preclínicos en animales.

Los micos que iba a usar para su investigación sobre la malaria, también los estaba usando, según él mismo, para perfeccionar su tal vacuna. Dijo que había seleccionado 200 monos autorizados por Corpoamazonía y llamó a la calma: “los monitos nunca se han infectado con el virus”, le escribió Patarroyo a esa Corporación. Esta tuvo que salir a aclarar; no había ningún aval de su parte para vacuna anticovid.

En agosto de 2021 le abrieron otro proceso sancionatorio ambiental, también porque muchos de los micos estaban en malas condiciones de salud. Lo obligaron a suspender por un tiempo sus actividades en Leticia, Amazonas, y a parar la captura y acceso a los micos. En marzo de 2023, se ordenaron “unas diligencias administrativas” y, de acuerdo al informe de Corpoamazonía, hecho en 2023, “el auto (...) se encuentra en proceso de notificación”. 

Todo esto, dice Maldonado, es suficiente para que a Patarroyo no le avalen el contrato y espera que el Ministerio de Ambiente no de el mensaje de que sus prácticas pasadas fueron adecuadas.

CAMBIO intentó comunicarse con Manuel Elkin Patarroyo, enviando mensajes a dos direcciones de correo electrónico tres y nueve días antes de la publicación de este artículo, respectivamente. En la tarde del 5 de enero, este medio no había recibido respuesta.