Código Electoral: 40 años al servicio de la democracia, pero ¿qué debe cambiar?

Hace 40 años, el Decreto Ley 2241 de 1986 dio origen al Código Electoral colombiano, la norma que establece las reglas para la organización de las elecciones, las funciones de las autoridades electorales y las garantías para el ejercicio del voto en el país. Su expedición marcó un punto de inflexión en la modernización del sistema electoral y sentó las bases sobre las que se han desarrollado los procesos democráticos durante las últimas cuatro décadas.

Sin embargo, el país de 1986 es muy distinto al de hoy. La llegada de las tecnologías digitales, las nuevas formas de participación política, la desinformación, los desafíos en seguridad electoral y las transformaciones sociales han puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar un marco normativo que aún enfrenta vacíos.

En ese contexto, CAMBIO, en alianza con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizó el foro ‘40 años del Código Electoral: historia, balance y futuro de la democracia’, un espacio para reflexionar sobre el legado del Código Electoral, los avances del sistema y si es necesaria, o no, una reforma.

El Código Electoral ha funcionado, pero necesita adaptarse a los nuevos tiempos

La jornada comenzó con una intervención de Benjamín Ortiz, recientemente designado como presidente del Consejo Nacional Electoral, y continuó con el conversatorio ‘Código Electoral: 40 años de construcción democrática’, en el que participaron el magistrado Ortiz, Pedro Pablo Vanegas, presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil.

Durante el encuentro, moderado por Federico Gómez Lara, director de CAMBIO, los tres coincidieron en que el Código Electoral ha sido un instrumento sólido para la democracia colombiana, pero requiere de ajustes para responder a las transformaciones sociales y tecnológicas del país.

Por su parte, Vanegas recordó que pocos códigos permanecen vigentes durante cuatro décadas, y atribuyó esa permanencia tanto a la naturaleza de las normas electorales como al trabajo de interpretación realizado por las altas cortes. “Hay una evidencia y es que en 40 años hemos hecho ininterrumpidamente elecciones, y las hemos hecho con ese Código”, afirmó. Sin embargo, aclaró que el hecho de que haya perdurado no significa que se trate de una norma perfecta, sino que “ha sido armonizada constantemente para responder a nuevos desafíos”.

Ortiz coincidió en que la antigüedad de la norma no la hace inaplicable por sí misma. En su opinión, el reto consiste en que las instituciones sean capaces de utilizarla y adaptarla a los cambios que ha experimentado el sistema político colombiano, como la expansión del pluralismo y la multiplicación de partidos. “El Código seguramente demanda una actualización, pero no quiere decir por ello que haya que desechar todo lo que el legislador de 1986 concretó”, señaló.

El registrador Hernán Penagos destacó que el Código incluso sobrevivió a la Constitución de 1991, lo que demuestra su fortaleza institucional. No obstante, dijo que muchas de sus disposiciones responden a procedimientos concebidos antes de la revolución tecnológica y que hoy generan tensiones con las necesidades del sistema electoral. En ese sentido, dijo que sería conveniente “unificar en un solo cuerpo normativo las múltiples disposiciones dispersas” y revisar aspectos operativos como los tiempos de entrega del material electoral.

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Durante el diálogo también surgieron debates sobre el voto electrónico, la proliferación de partidos políticos, las candidaturas por firmas y la doble militancia. Penagos insistió en que “el mejor sistema electoral es aquel que mayor confianza genera”, y expresó reservas frente a la implementación del voto electrónico diciendo que “falta criterio y responsabilidad de los partidos” y de la ciudadanía para que eso se concrete. Por su parte, Benjamín Ortiz cuestionó el uso de las candidaturas por firmas, al considerar que, en algunos casos, se han convertido en un “mecanismo para eludir las reglas” que rigen a los partidos políticos.

¿Qué reforma necesita el Código Electoral?

El segundo panel, ‘¿Cuál es la reforma al Código Electoral que el país necesita?’, reunió a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia; Diana Guzmán, directora de Dejusticia; Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE); y Cristian Quiroz, magistrado del Consejo Nacional Electoral. La discusión giró alrededor de una pregunta central: ¿qué tipo de reforma necesita el sistema electoral colombiano para responder a las exigencias actuales?

Para Hernández, el hecho de que Colombia continúe aplicando un código anterior a la Constitución de 1991 refleja las dificultades que ha tenido el Congreso para aprobar una reforma integral.

Guzmán coincidió en que la antigüedad de una norma no implica necesariamente que sea deficiente: “que un código sea viejo no necesariamente es malo”. Pero explicó que el Código Electoral vigente responde a una lógica constitucional distinta a la inaugurada por la Constitución del 91 y que, además, hoy existe una amplia dispersión normativa que dificulta su aplicación.

“Es un Código previo a la Constitución de 1991, una Constitución que trajo una lógica y una filosofía democrática distinta a la Constitución de 1886. (...) Si bien ha permitido que tengamos elecciones periódicas (...) no se ajusta a las necesidades actuales y tiene muchos problemas y muchas dificultades”, afirmó.

Los panelistas coincidieron en que uno de los principales retos consiste en consolidar un marco normativo único, coherente y compatible con la incorporación de nuevas tecnologías. Guzmán insistió en la necesidad de establecer garantías claras para el uso de herramientas tecnológicas y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, mientras Frey Alejandro Muñoz señaló que un buen Código Electoral debe ser comprensible para todos.

Un tema central de la conversación fue la confianza ciudadana en el sistema electoral. Hernández señaló que la corrupción política y la financiación de las campañas siguen siendo algunos de los principales factores que alimentan la desconfianza. Además, calificó como “insuficiente” el régimen sancionatorio y cuestionó la capacidad institucional para ejercer control sobre los más de 128.000 candidatos que participan en las elecciones: “¿Qué institución tiene capacidad para hacerle control a todos?”, preguntó. En ese sentido, insistió en la necesidad de trasladar mayores responsabilidades a los partidos políticos para que asuman un papel más activo en la vigilancia y el control de sus candidatos.

Finalmente, desde el Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quiroz sostuvo que la democracia implica aceptar tanto la victoria como la derrota: “la democracia se trata de que alguien va a ganar y alguien va a perder”.

Además, defendió la necesidad de fortalecer la educación ciudadana y la responsabilidad de candidatos, partidos y electores. Afirmó que sería importante revisar la regulación de la publicidad digital en campaña, manifestó su interés en abrir el debate sobre la obligatoriedad del voto y la comunicación entre las instituciones, los medios y los ciudadanos.