¿Por qué la Procuraduría le puso el ojo a 13 billones de pesos de contratación del Ministerio de Defensa?

A dos semanas de que termine el actual gobierno, la Procuraduría General de la Nación vigilará una de las contrataciones más grandes que espera dejar en marcha el gobierno de Gustavo Petro.

El miércoles 22 de julio, un equipo del Ministerio Público llegó al Ministerio de Defensa, se sentó con la ministra encargada Angélica Verbel López y con los mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, y les pidió cuentas detalladas sobre cómo se ejecutará una millonaria bolsa de recursos destinada a modernizar el equipamiento de la Fuerza Pública.

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Bajo vigilancia quedó el CONPES 4187, aprobado el 27 de marzo de 2026 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el organismo del Gobierno que fija prioridades de inversión pública. Con ese documento, el Ejecutivo comprometió en vigencias futuras 13 billones de pesos para renovar capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía en un horizonte que, según lo informado por la propia Procuraduría, tendría una ejecución de entre 4 y 8 años.

En marzo, sin embargo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, dijo que el plan estaba proyectado a diez años.

El interés del órgano de control tiene que ver con denuncias públicas. El Tiempo reportó que veedurías ciudadanas han cuestionado un supuesto direccionamiento en el proceso del sistema antidrones, uno de los componentes centrales del paquete.

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Aunque la Procuraduría no dijo que la vigilancia fuera por esto, la medida ocurre en medio de las denuncias. “Hará parte de las mesas técnicas para realizar un seguimiento riguroso y exhaustivo a los procesos de licitación pública, contratación directa y convenios interadministrativos que surjan con el objetivo de proteger la correcta ejecución de los recursos públicos”, indicó la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública.

¿Qué se piensa comprar con los 13 billones?

Según la infografía difundida esta semana por el Ministerio de Defensa, con el CONPES 4187 se adquirirían 14 aviones de transporte táctico, pesado, mediano, liviano y de vigilancia, 33 helicópteros utilitarios y 94 embarcaciones entre patrulleras, botes fluviales de bajo calado y botes guardacostas.

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En movilidad terrestre, la cartera proyecta la compra de 188 vehículos tácticos blindados, 112 camionetas y 158 motocicletas. El componente tecnológico contempla 752 drones y sistemas aéreos no tripulados, 400 detectores de drones y capacidades avanzadas de inteligencia de señales, geoespacial e imágenes apoyadas en inteligencia artificial.

En comunicaciones, la meta es incorporar 16.209 radios y equipos tácticos. En armamento, se enlistan 16 obuses, que son piezas de artillería, 119.609 fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, y 84 millones de municiones.

De acuerdo con la Presidencia y con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el reparto por fuerzas ya está definido: el Ejército recibe el 44,9 por ciento (5,8 billones), la Armada el 26,5 por ciento (3,4 billones), la Policía el 18,3 por ciento (2,3 billones) y la Fuerza Aeroespacial el 10,2 por ciento (1,3 billones).

Un CONPES que se firma contrarreloj

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también salió a defender el paquete y a destacar que fue el propio Ministerio el que pidió a la Procuraduría revisar los avances. En su cuenta oficial de X planteó el argumento con el que el Gobierno saliente entrega el proceso.

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“No podemos exigirles a nuestros militares y policías que garanticen la seguridad si no les damos las herramientas necesarias para hacerlo”, escribió Sánchez.

Y añadió: “El próximo Gobierno recibirá el CONPES 4187, una hoja de ruta estratégica con proyectos estructurados y recursos asignados para fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Sin embargo, el proceso llega a la recta final de la administración Petro. Los convenios asociados al CONPES 4187 estarían siendo alistados para su firma antes del 7 de agosto, día en que se produce el empalme con el gobierno entrante, pese que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo pidió no dejar amarrados grandes contratos.

A comienzos de mes, además, el representante Andrés Forero Uscátegui, del Centro Democrático, denunció que el cupo autorizado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) el 2 de junio compromete recursos hasta 2034, y pidió al equipo del presidente electo revisar los estudios técnicos que sustentan cada compra.

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En el papel, tanto el Gobierno saliente como la Procuraduría insisten que tiene el mismo objetivo de que los 13 billones queden atados a reglas claras. Sin embargo, la ejecución final dependerá en buena media del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y su disposición de continuar con la iniciativa.