La carta con la que Kiko Gómez pide a la Fiscalía investigar los disparos en la Procuraduría y niega cualquier relación

El exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, le pidió a la Fiscalía investigar los disparos que aparecieron en una oficina de la Procuraduría y negó tener relación con ese hecho.

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La petición quedó en un memorial que su abogado, Juan Felipe Criollo Figueroa, radicó ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.

El escrito responde a una versión que tomó fuerza en las últimas semanas. A comienzos de septiembre se supo que en el despacho de un procurador delegado para la Casación Penal, en el piso 26 de la Procuraduría en Bogotá, se encontraron un proyectil e impactos de bala en los ventanales.

Un magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema alertó sobre un eventual riesgo para los togados y relacionó el episodio con la condena que ese tribunal le impuso a Gómez en abril de 2026, superior a 31 años de cárcel por el homicidio contra el concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta.

De ahí en adelante, en medios y redes sociales se apuntó al exgobernador como posible autor. Sin embargo, ninguna autoridad ha establecido de forma oficial quién hizo los disparos.

Frente a eso, la defensa afirma que ese señalamiento no nace de una prueba, sino de una publicación y de las conclusiones que se sacaron de ella. Con ese punto de partida, Gómez se puso a disposición de la Fiscalía y pidió que se aclare lo sucedido. El memorial rechaza que se le presente como responsable o como determinador, es decir, como quien habría ordenado o inducido el ataque.

"Esta narrativa mediática ha derivado en señalamientos infundados que pretenden atribuir a mi representado la condición de responsable o determinador de tales conductas", se lee en el documento.

Lo que pide la defensa

El memorial plantea dos solicitudes. La primera es que se cite a Gómez a rendir una declaración jurada ante el fiscal que dirige la indagación. La defensa insiste en que el exgobernador está dispuesto a responder sin restricciones y que, como está recluido en el Establecimiento Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, la diligencia tendría que coordinarse con el Inpec.

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"El señalamiento que se ha realizado sobre el señor Gómez Cerchar no proviene de un elemento material probatorio conocido, sino de una publicación y de las inferencias que a partir de ella se construyeron indebidamente", argumenta el apoderado.

La segunda petición es que se acelere la investigación y se ordenen pruebas técnicas. En concreto, la defensa pide un estudio balístico de los proyectiles y casquillos, para conocer el calibre y el tipo de arma, y un análisis de trayectoria que determine desde dónde salieron los disparos y si los impactos correspondieron a un ataque dirigido contra esa oficina o, por el contrario, a balas perdidas, en caída o por rebote.

"De esta precisión depende establecer si hubo o no un ataque dirigido, que es el presupuesto fáctico del que parte todo el señalamiento público", precisa el memorial.

Rechazo a los hechos y respeto por la condena

En otro aparte, la defensa toma distancia de lo ocurrido en la Procuraduría y de cualquier amenaza contra funcionarios judiciales. También afirma que Gómez respeta a la Corte Suprema y que acata la sentencia dictada en su contra, que ha venido cumpliendo.

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"Rechaza y repudia de manera categórica los hechos ocurridos en la sede de la Procuraduría General de la Nación, así como cualquier amenaza, intimidación o acto de violencia dirigido contra magistrados, procuradores o servidores judiciales", señala el escrito al referirse al exgobernador.

El texto agrega que, durante los años que lleva preso, Gómez ha cumplido su condena sin que se registre ningún reproche en su contra.

El reclamo por la familia

El último punto del memorial se concentra en los familiares del exgobernador. Según la defensa, la publicación que originó el caso les atribuyó una supuesta orden de renunciar a sus cargos y salir del país, algo que, dice, jamás se comprobó y que dejó expuestos al escarnio público a su esposa y a sus tres hijos, personas ajenas a los hechos y sin esquema de seguridad.

Sobre ese punto, el abogado sostiene que la versión de que la familia se marcharía del país "es absolutamente falsa" y asegura que sus integrantes permanecerán en Colombia y están a disposición de las autoridades.

Con esos argumentos, la defensa le pidió a la Fiscalía enfocar la investigación en esclarecer técnicamente lo ocurrido y en identificar a los verdaderos responsables, para que el señalamiento deje de recaer sobre Gómez y su entorno.