Con las movilizaciones de este martes, Gustavo Petro da el banderazo a las elecciones de 2026

En el imaginario del Gobierno nacional, las elecciones de 2026 serán una disputa entre dos corrientes: un frente amplio, el paraguas en el que se agruparán los seguidores del presidente Gustavo Petro, y la derecha. Solo esas dos opciones. Con esta hoja de ruta, las movilizaciones de este martes serán el punto de partida de la campaña.

Este es el guion básico que ha presentado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirma que en el sector de la derecha estarán Sergio Fajardo, Claudia López y Vicky Dávila, mientras que en la orilla del progresismo estará “el pueblo”.

El país llegó a este punto, coinciden los analistas, por la agudización de la confrontación política en la que no caben los matices. La polarización –un fenómeno que no es exclusivo de Colombia– campea en el escenario: se está en un lado o en el otro. Nada más.

En sintonía con esta tesis, el presidente Petro invitó a sus seguidores a movilizarse y, para allanar el camino, lo convirtió en día cívico. “Ningún patrón podrá despedir a un trabajador por ir en defensa de sus propios derechos, porque estaría violando la ley”, dijo. “Comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones”, argumentó.

“Declarar el próximo 18 de marzo de 2025 como ‘Día Cívico para la Participación Ciudadana’, con el propósito de garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad”, se lee en el texto del decreto publicado este lunes.

El motivo, entonces, para salir a marchar es la exigencia de la aprobación de las reformas sociales que cursan en el Congreso –la votación de la reforma laboral está programada para hoy en la Comisión Séptima del Senado–, pero todos los actores políticos saben que hay más elementos en juego: se trata del punto de partida para definir quién se quedará con el poder en el cuatrienio 2026-2030.

“Esto no es solo sobre las reformas, como dice el Gobierno. El Pacto Histórico buscará vincular el debate de la consulta con la campaña electoral que se avecina, para fomentar un clima de agitación política permanente que le permita al presidente controlar la narrativa nacional durante el tiempo que le queda de mandato”, asegura el analista político y empresario barranquillero Thierry Ways.

Por eso, el presidente ha estado especialmente activo en su cuenta de X (antes Twitter), con el eco de los medios estatales, los mensajes de todos los ministros de su gabinete y de los congresistas del Pacto Histórico.

El duelo alcaldes versus presidente 

En el camino, el presidente se ha ido de frente contra los alcaldes de las ciudades –especialmente los de las grandes capitales– que han anunciado que no detendrán sus actividades y que mantendrán las clases del sistema educativo con normalidad. Para el presidente, esos mandatarios son representantes de los movimientos o partidos que serán protagonistas en las elecciones.

“Precisamente, para trabajar hay que detenerse. Alcaldes de la miseria que dejan a sus ciudades sin agua. Que prefieren golpear a débiles habitantes de calle y vendedores ambulantes en lugar de frenar a los voraces especuladores de la tierra y el agua”, aseguró Petro.

El argumento del mandatario es que la gente debe salir no por él, sino por sí misma. “Hoy no sales a defender a Petro, hoy sales a defenderte a ti misma”, sostiene.

Se trata de la primera movilización de la consulta popular, un mecanismo que también se ha entendido como parte de la campaña. “Con el anuncio de la consulta arrancó ahora sí, en serio, el debate. Lo veremos recorriendo regiones y municipios, y todos los miembros del Gobierno habilitados por esta consulta estarán en campaña también”, asegura el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “Por supuesto, lo de menos será el resultado de la consulta; lo importante será la campaña y el resultado electoral de 2026”, dice quien posiblemente también será candidato a la Presidencia.

Ese es el obstáculo insalvable que tiene el presidente. Tras los gobiernos de Uribe y Santos, la reelección fue abolida de la Constitución. En este momento, no hay un solo líder dentro del progresismo con la capacidad de convocatoria y movilización que aún conserva Petro, pese a tener el sol a sus espaldas. Por eso ahora se habla del “proyecto”.

Y, por el contrario, sin un sucesor definido, los asuntos pendientes, las promesas incumplidas y los escándalos –desde la UNGRD hasta la financiación de la campaña, que tiene a su hijo Nicolás ante la justicia, y el caso de Papá Pitufo– han llevado al presidente a impulsar las movilizaciones y la consulta como tema central en la agenda pública.

En búsqueda del respaldo popular

“Las marchas convocadas por el presidente tienen un claro significado político: buscan demostrar respaldo popular en un momento en el que su gobierno enfrenta oposición y desafíos institucionales”, dice Juliana Ocampo, MBA del MIT Sloan School of Management y abogada de la Universidad de los Andes.

Para la experta, este tipo de movilizaciones son una herramienta de presión hacia el Congreso y hacia otros actores políticos y económicos, enviando el mensaje de que el Gobierno tiene el apoyo de la ciudadanía para impulsar su agenda.

El hecho de que el presidente haya utilizado todos los medios a su disposición para promoverlas refuerza la idea de que busca legitimarse a través de la movilización social, lo que puede interpretarse como una estrategia para contrarrestar críticas, ganar terreno en el debate público y condicionar futuras negociaciones políticas. No obstante, el éxito de la convocatoria y la reacción de otros sectores definirán el impacto real de esta estrategia.

Es natural que los gobiernos quieran defender sus políticas, y en este caso, el presidente Petro busca sustituir el apoyo que no ha logrado en el Congreso por el respaldo de sus bases. Pero las manifestaciones, más allá de respaldar su reforma laboral, medirán el nivel de apoyo o rechazo hacia su Gobierno, entrando así en modo campaña electoral.

Por ello, el presidente ha decretado el día cívico y ha impulsado una estrategia mediática para fomentar una participación masiva. “Busca reafirmar la narrativa de que su mandato es una extensión del estallido social que lo llevó al poder y que puede reeditar ese fenómeno en el futuro”, asegura Ocampo.

Eso explica por qué el país parece estar viviendo un déjà vu: la gente protestando en las calles, la guardia indígena viajando desde el Cauca hasta las urbes y muchos ciudadanos sumidos en la incertidumbre sobre lo que va a pasar. Para aumentar el desconcierto, en 2021 miles de personas se manifestaron contra el gobierno de Duque, del Centro Democrático, y ahora lo hacen en favor del actual inquilino de la Casa de Nariño.

El presidente acepta el desafío

El gran riesgo para él es dejarse medir: medir su apoyo a la consulta popular y su fuerza para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia. “Acepto el desafío”, ha dicho el presidente confiando en su fuerza.

Sin embargo, vale la pena repasar la historia al Gobierno que, si bien ganó las elecciones de 2022, no fue solo con votos petristas, sino con el apoyo de liberales y progresistas que luego, en parte, se desencantaron. Además, perdió en 2023 cuando se renovaron gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

En este contexto, el presidente ha intensificado su narrativa para mostrar una clara división da la sociedad entre trabajadores y empresarios. Publicó una captura de pantalla de un chat –sin confirmación su veracidad– en el que un empleador afirma que despedirá a quien abandone su puesto de trabajo para ir a marchar.

“Quien despida a un trabajador por asistir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana”, advirtió el mandatario.

El presidente ha pedido a los sindicatos que lo acompañen y también tiene fe en que la juventud vuelva a arroparlo. Los mandatarios seccionales, por su parte, están en otra tesis. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la capital, en principio, tendrán clase presencial y acceso a la alimentación escolar, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al ratificar que todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos jardines infantiles y comedores comunitarios.

Por su parte, el presidente pidió a los docentes que se movilicen porque “enseñar dignidad es la mejor lección que se le puede dar a un niño”.

“Tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a detenernos”, aseguró Federico Gutiérrez, uno de los opositores más críticos del Gobierno. “Que siga creciendo la economía, que se sigan generando miles de empleos de calidad y bien remunerados. No existe mejor política social que la generación de empleo”, agregó.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder afirmó: “Seguimos trabajando por la seguridad, el empleo y el desarrollo de nuestra gente. Hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad”. Luego enfatizó: “Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero nuestra prioridad es que Cali avance con trabajo y resultados para los caleños”.

Un mandatario en el asfalto

No es la primera vez que el presidente convoca a marchas en favor de sus reformas sociales. La diferencia es el tiempo que le queda. El Gobierno se ha volcado a movilizar a sus simpatizantes con la esperanza de que estas manifestaciones sean masivas.

Sin embargo, Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, recuerda que en el pasado estos llamados no han tenido gran acogida.

Las convocatorias anteriores no lograron una gran participación y el uso de medios públicos o la declaración de días cívicos como estrategia para impulsar la movilización ha generado críticas. El experto dice que aunque no es ilegal, este tipo de acciones deja dudas sobre los verdaderos fines de las marchas: ¿se trata de reivindicaciones sociales o de un respaldo directo al Gobierno?

Además, muchas personas que apoyan las reformas pueden sentirse incómodas con una movilización impulsada desde el poder. Esta sensación se refuerza con la participación de entidades estatales y el uso de recursos públicos, lo que podría restarle legitimidad al movimiento.

Habrá que ver si esta vez el Gobierno logra convocar a más personas que en ocasiones anteriores. Tal vez la posibilidad de una consulta popular aumente la participación.

No obstante, hasta ahora estas marchas no han logrado cambiar significativamente la percepción de la opinión pública sobre las reformas. Aunque las consignas, naturalmente, son buenas: más salud, mejor trabajo.

¿Y mañana qué?

El panorama es complejo porque qué seguirá en el día después. ¿Se presentarán las preguntas precisas para la consulta? Una herramienta difícil. Se requeriría la participación de 13,5 millones de personas, de las cuales al menos 6,8 millones deberían votar “sí”. En este contexto, Petro espera que hoy se siembre una semilla que dé los frutos deseados.

¿Qué irá a pasar en el Congreso? Es posible que los legisladores digan que ante tanta presión la sesión se aplaza. Sería una página más en esta historia que ha ocupado buena parte de la agenda legislativa. La reforma laboral lleva 566 días en trámite. De estos, pasó 299 días en espera de su primer debate, fue programada en siete sesiones y finalmente aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara. Luego, estuvo 121 días pendiente de su aprobación en segundo debate, lo que ocurrió tras su inclusión en 13 sesiones. Actualmente, lleva 146 días a la espera de su tercer debate.

Esto es pura mecánica legislativa que poco le dice al ciudadano de a pie. En cambio, es más taquillero salir a la calle a gritar contra el poder. El presidente ha dicho que él ganó el Gobierno, pero no el poder. Por lo que “el proyecto” necesita más tiempo obtenerlo y para hacer realidad las promesas. La campaña ya empezó.