Cuatro comunidades indígenas de la Amazonía exigen que las incluyan en medidas contra la deforestación

Las alertas tempranas demuestran que la deforestación, con corte al 30 de septiembre, ha reducido 70 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Aún así, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtió que, por cuenta del fenómeno del Niño y problemas con la Paz total, la tendencia podría revertirse en lo que queda de 2023. Por su lado, indígenas de las comunidades Andoke (Peesiehe), Nonuya (Nonova Hni), Muinane (Fééneminaa) y Uitoto (Nipodimaki), dicen que sienten cada vez más cerca la amenaza de la destrucción de la selva en la que habitan y por eso, tan solo dos semanas antes del anuncio del Gobierno, estuvieron en Bogotá reclamando que su cosmovisión sea incluida en los planes de contención de la deforestación.

Lo anterior se refiere, específicamente, a la sentencia 4360 de 2018, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia declaró que la Amazonía tiene derechos. En esta, le ordenó al Estado tomar una serie de medidas inmediatas para disminuir las alertas tempranas de deforestación, que emite el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Exhortó a los ministerios de Agricultura y Ambiente, así como a la Presidencia y a las entidades del sector ambiental, a que, de la mano con las “comunidades afectadas” y la población interesada en general, crearan un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Aparte, dijo que debían crear un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano” (Pivac), para reducir la deforestación a cero y acabar con las emisiones de efecto invernadero.

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También, les ordenó a las Corporaciones Autónomas Regionales de la zona -Cormacarena y la CDA, encargada del Norte y el Oriente Amazónico- crear un plan para contrarrestar este fenómeno lesivo para la selva y llamó a los municipios de la Amazonía a modificar sus Planes de Ordenamiento Territorial para adaptarse al cambio climático. 

El problema es que, al menos los indígenas de las comunidades antes mencionadas, reunidos en un grupo llamado Gente de Centro, ni siquiera se enteraron de la sentencia en su momento. “La Corte no nombra a los indígenas, no menciona las áreas no municipalizadas, no tiene en cuenta que nosotros tenemos una forma de ver y entender el mundo; queremos aportar nuestras capacidades, nuestras formas”, explicó Hernán Moreno, indígena del pueblo Nonuya. Esto es importante, pues en el departamento de Amazonas solo hay dos municipios: Leticia y Puerto Nariño. El resto del territorio lo componen nueve áreas no municipalizadas.

(Resguardo indígena Nonuya, medio río Caquetá. Crédito: Edwin Paky)

Los indígenas de Gente de Centro solo supieron de la existencia de la decisión del alto tribunal dos o tres años después, cuando, según el propio MinAmbiente, ya se venía implementando el plan de acción, en el que comenzó a trabajar en 2018. Si bien el Gobierno dice que en ese año realizó talleres con participación de las comunidades, nadie de los Andoke, Nonuya, Muinane y Uitoto estuvo ahí, lo cual evidencia una falta de cohesión en la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) -unos 60 pueblos indígenas viven en la región, y están organizados entre la OPIAC y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)-, pues aunque la cartera dice que trabajó con esta, no todos se sienten incluidos.

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“Buscamos la pervivencia y la vida de las futuras generaciones. Queremos que se nos valore como dueños de la pervivencia de la Amazonía”, anotó Roberto Ortiz, líder del pueblo Uitoto. Por ello, se reunieron con voceros de distintas entidades, incluyendo al Ministerio de Ambiente, el Instituto Amazónico de Investigaciones Cientificas SINCHI, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Departamento Administrativo de la Presidencia, entre otras, para manifestarles sus preocupaciones. También hablaron ante el Tribunal Superior de Bogotá, que hace seguimiento a la sentencia, y esperan que en los próximos días haya decisiones al respecto.

Gente de Centro les entregó una serie de peticiones específicas a dichas autoridades del Gobierno, con el objetivo de que los escuchen. Más ahora, cuando la ministra de Ambiente advirtió que hay riesgo de que las alertas tempranas por deforestación crezcan por cuenta del fenómeno del Niño y de los problemas con la Paz Total, reflejados en la suspensión de la mesa con las disidencias y la continuación de crímenes cometidos por el ELN.

No obstante, los voceros de estas comunidades no hablan de grupos armados y prefieren no referirse al tema. Señalan que eso es asunto del Gobierno y sus peticiones van en otra vía. Algunas de estas ideas son: que se garantice el derecho al acceso a la información pública. Es decir, que exista un canal directo de comunicación con el Estado para entender lo que se está haciendo en su territorio. El mejor ejemplo de que la comunicación no existe es el desconocimiento que por más de dos años tuvieron los miembros de Gente de Centro acerca de la sentencia de la Corte Suprema.

También, piden que se respete el derecho al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada de quienes son “dueños” del territorio, antes de llevar a cabo cualquier tipo de medida. Esto le corresponde a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como aclaró la cartera ambiental en respuesta a un derecho de petición enviado por estas comunidades.

“Exigimos que se garantice el derecho a la libre determinación de la Gente de Centro y se reconozca y respete nuestra autonomía para el cuidado de los territorios ancestrales y tradicionales indígenas en base de nuestros conocimientos y ciencia de la palabra de vida”. Así,, esperan que el Estado tenga en cuenta su conocimiento sobre conservación y economía propia, así como el respeto por sus derechos territoriales para cuidar, controlar y administrar su espacios tradicionales y ancestrales.

Lo anterior incluye también que les den apoyo técnico para la conformación de los Consejos de Gobierno Indígena y las Entidades Territoriales de los pueblos que componen Gente de Centro. Se refieren específicamente al decreto 632 de 2018, que puso las reglas para la creación de territorios indígenas en zonas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés. Aunque el acto administrativo tiene cinco años, dicen que no se ha materializado.

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Tras su visita a Bogotá, el grupo de voceros indígenas que viajó desde selva adentro se sintió satisfecho por haber logrado entregar el documento con sus peticiones y visiones. Sienten que las formas en que se administra desde la capital son muy distintas a las suyas y que tienen mucho que aportarle a la defensa de la selva, su casa, cuya muerte se siente como si muriera la vida.

Ahora, las cifras presentadas este 7 de noviembre por el Ministerio de Ambiente reflejan un avance en el cuidado del territorio, aunque permanecen las preocupaciones por lo que podrían reflejar las alertas de octubre, noviembre y diciembre. Por todo esto, podría ser que los aportes de estas comunidades indígenas que aún no han hecho parte de los planes, sean más importantes que nunca.