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Defensoría alertó reclutamiento forzado de 36 menores en Suárez, Cauca
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La organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos también alertó que las cifras de reclutamiento en el país tienen grandes subregistros. ¿Por qué?
Por: Redacción Cambio
La Defensoría del Pueblo alertó que personas defensoras de derechos humanos han informado sobre el presunto reclutamiento forzado de al menos 36 menores de edad en Suárez, en el departamento del Cauca —uno de los más golpeados por el recrudecimiento del conflicto armado en el país—. Esta es una de las tantas prácticas que tienen los grupos armados ilegales para hacer crecer sus filas y que se viene usando desde hace más de 60 años.
La organización, que es la encargada de trabajar por la defensa de la dignidad humana, los derechos y el bienestar de los habitantes del territorio nacional, también aseguró que se encuentran verificando la información.
Sin embargo, señalan que “las cifras de reclutamiento tienen grandes subregistros, dado que las familias no denuncian el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por temor a represalias de los grupos armados ilegales”.
El problema del reclutamiento forzado
Además, esta práctica viene cambiando por la dinámica que se vive en las redes sociales. En las últimas semanas, la Defensoría señaló que las disidencias de las Farc estaban reclutando menores a través de TikTok y Facebook.
La entidad indicó que estas plataformas “están siendo utilizadas por las estructuras del EMC para ponerse en contacto con niños, niñas y adolescentes”.
Algunos de los menores de edad víctimas del reclutamiento forzado pertenecen a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Esto resulta llamativo, porque “en la población indígena se concentra el 75 por ciento de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, según aseguró la Defensoría.
Así, desde la entidad hacen un llamado al Gobierno para que adopte medidas que permitan disminuir el riesgo de reclutamiento de menores, que terminan siendo víctimas de un conflicto que lleva más de 60 años.
