El paramilitarismo, el ELN y las disidencias se fortalecen en el sur de Casanare

En el sur de Casanare confluyen y se disputan las formas de lucha más crueles: el paramilitarismo, sus herederos, las disidencias –Estado Mayor Central (EMC)– y traidores del Acuerdo de Paz de 2016, el ELN y otros grupos armados sin identificar. En el medio, como suele pasar, quedan los civiles: campesinos, indígenas, niños, niñas, adolescentes, excombatientes, víctimas y defensores de derechos humanos. La situación de riesgo es tan crítica, que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, llamando al Estado a actuar para evitar que ocurran grandes tragedias.

Los municipios en mayor riesgo son Maní, Monterrey, Tauramena, Villanueva y Orocué, cuya importancia estratégica siempre ha interesado a actores armados, pues allí se ha consolidado la industria petrolera, el agro y la ganadería. La Defensoría ha contado múltiples violaciones a los derechos humanos que, además, infringen el derecho internacional humanitario de la población de dichos municipios.

(Foto: Colprensa)

Un documento de 69 páginas explica así la alerta temprana del Ministerio Público, los grupos armados, el Clan del Golfo y las Autodefensas Campesinas de Casanare: “Han incursionado de manera contundente en sectores de pobreza extrema y de exclusión social (...) generando temor, intimidación y sometimiento”. 

Además, la Defensoría advierte que estos grupos han reclutado personas de sectores “frágiles y vulnerables”, sobre todo jóvenes pobres, “incorporándolos, exigiéndoles lealtad, honestidad, bajo el supuesto de brindar oportunidades que la sociedad y el Estado les ha negado”.

Este fragmento de la alerta es uno de los puntos clave, pues enfatiza en un aspecto recurrente cuando se habla del reclutamiento forzado –sobre todo de niños y niñas–, y es que el Estado debe hacer presencia de forma integral para prevenir que ocurra, más allá del enfoque militar.

La amenaza

Según la Defensoría del Pueblo, el desarrollo económico de la zona, por el crecimiento de la industria petrolera, la ganadería y el agro, y el aumento de la población y la oferta institucional, volvieron esta zona especialmente importante para los grupos ilegales. A eso se suma que el territorio de Maní, Tauramena, Monterrey, Orocué y Villanueva es extenso y lo atraviesan distintos corredores naturales utilizados por los actores armados.

Estos municipios están sometidos, pues, a la extorsión o “impuesto revolucionario”. A su vez, “concentran simpatizantes, colaboradores, milicianos o la denominada base social, que sirve con tareas específicas y de apoyo a los actores ilegales para la realización de operativos y acciones violentas contra la población civil”.

En el sur de Casanare, los grupos armados serían responsables de seis secuestros y una masacre en 2023; 34 homicidios selectivos en 2022, y 39 en 2023. En ese año, según Medicina Legal, hubo 71 homicidios en Casanare, 39 de ellos en el sur del departamento. En lo corrido de 2024 se han registrado dos homicidios destacables por su crudeza: el de un funcionario de la Alcaldía municipal de Maní, en febrero, cuyo caso sigue en investigación, y el de otra persona cuyo cuerpo apareció sepultado.

Aparte de esto, las comunidades son víctimas frecuentes de desplazamiento forzado, atentados, extorsiones, amenazas y más.

El llamado a las autoridades

Por todo esto, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, le pidió a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que tramite 28 recomendaciones al Estado para atender a las comunidades de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva.

En primer lugar, les solicitó al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares que hagan patrullajes y controles, así como trabajo de inteligencia para saber cuando grupos armados están en la zona y cometen actos delictivos.

También pidió a la Policía que instale puestos de control en las zonas por las que pasan los grupos armados y en las salidas de dichos municipios. Otro de los llamados clave es al Ejército a que refuerce los controles en el campo del piedemonte, en especial para “neutralizar” las acciones intimidatorias del ELN y las disidencias sobre la población. 

Por otro lado, pidió al Ministerio Público, a la Unidad Nacional de Protección, a la Gobernación de Casanare y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que tomen medidas.