El conflicto armado se recrudece en el sur de Bolívar

El Bloque Magdalena Medio de las Farc fue de los más ligados al proceso de paz que se firmó en 2016. Prácticamente todos sus frentes, desde El Catatumbo (Norte de Santander) hasta Yondó (Antioquia) se acogieron con firmeza a este proceso de paz que parecía rendir resultados hasta 2018. Sin embargo, la dejación de armas de esta organización dio espacio para que otros grupos se adentraran en sus antiguos territorios. En Yondó y Cantagallo, por ejemplo, la salida de los frentes 24 y 4 de las Farc fue suplida por el frente Amílkar Grimaldos del ELN que se consideraba casi extinto.  Este grupo realiza una silenciosa labor de acercamiento a la población en zonas apartadas de la Serranía de San Lucas y en 2018 era ya un factor de poder en una zona cercana a Barrancabermeja y de considerable producción petrolera (Casabe). Otros frentes del ELN alimentaron este posicionamiento desde otros municipios del sur de Bolívar y El Catatumbo, como una tarea de fortalecimiento del frente de Guerra Darío Ramírez Castro en todo el Magdalena Medio y Bajo Cauca Antioqueño. Hoy, el Amílkar Grimaldos hace presencia en algunas comunas de Barrancabermeja, con una manera de operar distinta al desaparecido Frente Resistencia Yariguíes (Fury), destruido por la ofensiva paramilitar del Bloque Central Bolívar (BCB), entre 1992 y 2002. 

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De esta forma se tiene que, a pesar de las sorprendentes ofensivas contraguerrilleras llevadas a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, en esta zona del país, donde han perdido la vida sucesivos comandantes del frente Darío Ramírez Castro, el ELN está lejos de desaparecer. Se podrá argumentar con razón que es una fortaleza relativa, pero en la actualidad se pueden contar las siguientes estructuras: el mencionado, frente Edgar Amílkar Grimaldo Barón, que se mantiene en Barrancabermeja, a través de milicias urbanas, y grupos rurales en Cantagallo y Yondó; el más antiguo de todos (1978), el frente Luis José Solano Sepúlveda, en Arenal y Morales; el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa (1994), en el municipio del mismo nombre, Simití y San Pablo y otros menos conocidos como los frentes Alfredo Gómez Quiñonez, Guillermo Ariza y la Compañía Móvil Tito Marín. Todo un reto para sus adversarios en la guerra y para la política de paz del actual Gobierno, en su empeño de llevar al ELN a la política sin armas.     

Este reposicionamiento del ELN en el sur de Bolívar no ha pasado inadvertido para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que, luego de imponerse a Caparrapos en el Magdalena Medio y reemplazar a Los Rastrojos en su lucha contra el ELN en cercanías a Cúcuta, decidió emprender una ofensiva contra esta guerrilla a comienzos de 2022. Es así como muy pronto, en febrero de aquél año, realizó una presencia terrestre entre San Pablo y Simití, decretando después, en mayo, un paro armado que cubrió todo el sur de Bolívar, extendiéndose, incluso, a Barrancabermeja. Al parecer, las AGC se mueven desde algunos municipios de la depresión momposina hacia esta parte del río Magdalena y fortalecen su presencia en lugares como Puerto Wilches (Santander). Desde entonces, la tensión, los desplazamientos, los homicidios selectivos de la población civil y los enfrentamientos, han crecido en todo el territorio. A su vez, El ELN marca fronteras, impone antes otro paro armado, en febrero, y enfrenta a las AGC en los mismos lugares donde este último grupo empieza a manifestarse; los combates se suceden en Simití, Santa Rosa, Norosí, San Pablo, en una dinámica que recuerda las épocas (1998-2002) de los enfrentamientos entre las guerrillas de entonces (Farc- ELN) y el Bloque Central Bolívar (BCB); con la diferencia de que ahora el ELN parece tener más capacidad y experiencia bélica que antes, al tiempo que los gobiernos municipales no parecen dispuestos a someterse a los propósitos de los paramilitares y se manifiestan públicamente frente a las consecuencias de los paros armados. Sin embargo, por estos mismos meses, febrero-junio, organizaciones campesinas denuncian la alianza entre el Ejército y las AGC que estarían actuando concertadamente contra el ELN.         

Entonces, los antiguos y, hasta cierto punto, controlados focos de conflicto armado en el sur de Bolívar, existentes en lo alto de la Serranía de San Lucas, especialmente en la zona minera, comienzan a expandirse a las partes bajas de Yondó, San Pablo, Cantagallo, Morales, Simití, San Pablo, Santa Rosa y Montecristo; pronto coinciden de nuevo con intereses económicos y políticos vitales para el territorio (la agroindustria de la palma de aceite, los cultivos de coca, el transporte terrestre y fluvial, el dinámico comercio, etcétera). En la misma dinámica, el enfrentamiento se traslada a los barrios y comunas más poblados de Barrancabermeja. En esta ciudad crecen la extorsión y los homicidios selectivos; todo parece indicar que esto se debe no solo a la presencia de los grupos armados mencionados arriba, sino también a pequeñas bandas y pandillas urbanas que, supuestamente, mantienen relación con los mismos y, al mismo tiempo, rivalizan entre sí. Cuadro difícil de describir y de comprender pero que no parece solamente relacionado con el microtráfico, como sostuvieron el defensor del Pueblo regional y la Alcaldía municipal y, por el contrario, afecta gravemente a las organizaciones defensoras de derechos humanos del puerto petrolero.   

Al mismo tiempo, hacia 2020, se hacen visibles las primeras disidencias del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc, dependientes del refundado frente 33 que opera en El Catatumbo. A pesar del compromiso de mayor parte de sus mandos históricos con el proceso de paz, nuevos nombres surgen en la conducción de frentes que se creían desaparecidos: el 24, 37 y 4; en las mismas zonas donde se les ha conocido siempre. Esto sucede mientras se incrementa el número de firmantes de paz asesinados en lugares como Yondó, Cantagallo, Santa Rosa del Sur; en hechos relacionados con reclamaciones y titulación de tierras, apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, participación electoral y la defensa del medioambiente, principalmente. En un comienzo, esta presencia revivió la rivalidad con el ELN y se dio la noticia de enfrentamientos y muertos en ambas partes con la interposición de personas inocentes de la población civil. Con todo, también se pactaron acuerdos temporales entre ambos grupos en zonas neurálgicas para su abastecimiento como Barrancabermeja y Santa Rosa del Sur. Algunas fuentes afirman que hoy, las disidencias de las Farc tienen una influencia similar a la que mantuvieron antes de la firma de los acuerdos de 2016. En otras palabras, en los tres últimos años, la confrontación armada no tuvo un descenso significativo, por el contrario, y, como se dijo, en un denso escenario territorial, hasta 2023, las Fuerzas Armadas -representadas en la Fuerza de Tarea Conjunta Marte- realizaron sofisticadas operaciones militares contra integrantes del ELN -bombardeos de campamentos, captura de milicianos, operativos contra mandos de frentes. 

En los últimos años, de la extorsión y las amenazas reiteradas se pasó a los atentados sicariales y a los homicidios en todo el Magdalena Medio; en una dinámica que afecta tanto a personas naturales como organizaciones sociales y figuras públicas. Las razones y responsabilidades de estos hechos habría que examinarlas y particularizarlas; sin embargo, muestran claramente una transformación y un accionar diferencial entre grupos armados. En años anteriores las amenazas fueron la modalidad de coerción ilegal más extendida. Mientras tanto, los enfrentamientos bélicos vuelven a ser noticia en el Sur de Bolívar entre todos los adversarios y, en este escenario, las AGC, tan renuentes en hacerse visibles, vuelven a mostrarse a plena luz del día en lugares concurridos. A esto se suma la nueva y, para algunos, sorpresiva alianza entre el ELN y las disidencias de las Farc del EMC para hacer frente a las AGC. Esta alianza abarca no solo el sur de Bolívar, sino que se extiende también al nororiente antioqueño donde se observa una situación similar. En la actualidad, aunque el conflicto mantiene su característica de segmentación territorial, pero parece dar un nuevo giro, en razón de esta última alianza, y los combates más fuertes ocurren precisamente en cercanías a las minas de extracción artesanal de oro en la Serranía de San Lucas.    

En el contexto de prórroga del cese al fuego bilateral y temporal, pactado el seis de febrero pasado, los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, por un lado, y las AGC, por otro, constituyen una seria amenaza a la materialización de la paz territorial no solo en el sur de Bolívar sino en todo el Magdalena Medio y en el nordeste antioqueño, tal como sucede en otros territorios del país. A esto no han sido ajenas las denuncias públicas, según las cuales, existe apoyo de unidades de la fuerza pública a la penetración de las AGC en algunos municipios como San Pablo, Simití, Norosí, Morales y Santa Rosa del Sur que datan de 2022 y parte de 2023; también según estas versiones, en esta nueva etapa de la confrontación, las AGC harían parte de un plan no solo contrainsurgente sino que servirían de instrumento al objetivo de intereses privados por apoderarse de la zona minera de la Serranía. Así mismo, no debe olvidarse que este territorio es de largo arraigo para ELN, allí tuvo sede el Coce de esta organización, y fue considerado, en algún momento, como la Sierra Maestra colombiana. Con todo, durante el actual Gobierno también se han conocido combates entre el Ejército y las AGC en el nororiente de Antioquia, precisamente por directivas presidenciales de contrarrestar la injerencia de este grupo en la minería ilegal de oro.