¿Estamos ante un apagón financiero?: entre interrupciones del servicio eléctrico y disputas políticas

En la primera semana de 2025, un apagón generó nuevas advertencias sobre la posibilidad de adoptar medidas de racionamiento energético en el país ante la crisis financiera del sector. Pese a que el Ministerio de Minas y Energía dio un parte de tranquilidad cuatro días después e indicó que la contingencia se resolvió, gremios y expertos exigen medidas de fondo para garantizar el suministro de energía.

El pasado 2 de enero, Puerto Carreño quedó a oscuras. Por más de 27 horas, cerca de 40.000 personas tuvieron que realizar sus actividades diarias sin energía debido al apagón que generaron los retrasos y las millonarias deudas del Gobierno nacional con los proveedores que ofrecen sus servicios en el municipio. 

Luego de que los bombillos se encendieron de nuevo en el municipio, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que la contingencia se resolvió con la habilitación de los recursos necesarios para el pago de saldos pendientes. De acuerdo con la cartera, el giro de 184.000 millones a Electrovichada, Terpel y Refoenergy permitirá que se normalice el suministro de energía en el territorio. 

Sin embargo, este apagón parece ser la punta de lanza de un problema mayor. Desde hace meses, el sector energético viene levantando la voz dada la situación financiera que atraviesa y, tras lo ocurrido en el Vichada, diferentes gremios insistieron en que el país está sufriendo cortes de luz por la falta de pago por parte del Gobierno nacional de los subsidios de energía eléctrica y gas natural otorgados a los usuarios. Los gremios consideran que lo ocurrido en Puerto Carreño es una alerta sobre posibles interrupciones del suministro en otras regiones del país durante los próximos meses. 

En diálogo con CAMBIO, la doctora en economía y políticas energéticas Clara Inés Pardo indicó que, con su alerta, los gremios del sector buscan presionar al Gobierno para que asuma sus deudas con proveedores en diferentes regiones del territorio. De lo contrario, los usuarios podrían enfrentar alzas en sus tarifas y se presentaría un riesgo sistémico de interrupción del suministro de energía. 

El apagón financiero que enfrenta el sector energético en Colombia

El comité intergremial del sector energético, conformado por Andesco, Alcolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia -asociaciones que representan a todos los eslabones del sector, desde los generadores y comercializadores hasta las empresas de energía renovable-, le solicitó al Gobierno ponerse al día en sus obligaciones financieras con proveedores.

Para los gremios, los retrasos en los pagos y las millonarias deudas han desbordado la capacidad financiera de las compañías. 

“De no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150 por ciento o inclusive escalar hasta cortes del servicio”, explicó el comité intergremial en el comunicado en el que exigió la adopción de medidas urgentes para atender la situación. 

De acuerdo con los gremios del sector energético, los subsidios otorgados por los proveedores corresponden a 2,7 billones de pesos para el suministro de energía eléctrica y 628.000 millones de pesos para gas natural. Por eso, las empresas del sector exigieron ajustar el presupuesto de 2025 para cubrir los subsidios y evitar el desfinanciamiento del sector. 

Clara Inés Pardo le explicó a CAMBIO que el primer paso para atender la situación y garantizar el servicio de energía es ponerse al día con los valores adeudados a las compañías. Además, para la experta resulta fundamental ajustar en el corto plazo nuevos criterios de asignación de los subsidios para focalizar los recursos en durante este año. 

Asimismo, Pardo enfatizó en que el desarrollo adecuado de los procesos de transición energética será para departamentos en los que los proyectos de energía renovable permitirían diversificar la matriz energética para mantener el suministro ante múltiples contingencias. 

La disputa política detrás de la crisis energética 

En medio de la compleja situación que enfrenta el país por el desfinanciamiento del sector energético, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó en rueda de prensa que la deuda del Gobierno con Empresas Públicas de Medellín (EPM) asciende a los cuatro billones de pesos. 

Por otra parte, el alcalde reiteró que la comercializadora y distribuidora Afinia enfrenta una situación aún más compleja que pondría en riesgo el suministro de energía para sus 1,8 millones de usuarios. Según el mandatario local, la compañía tendría una situación financiera insostenible en marzo si no se realiza cuanto antes el pago de lo adeudado. 

“Le pedimos al presidente Petro y al Gobierno que cumplan los compromisos y paguen los recursos que le deben a las empresas, porque de lo contrario estas compañías, todas en el país, entrarán en una grave crisis financiera y podrían sufrir unos impactos muy negativos”, indicó en rueda de prensa el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 

El presidente Petro, por su parte, afirmó a través de su cuenta de X que el alcalde de Medellín se estaría extralimitando en sus funciones en un nuevo capítulo del cruce de mensajes por cuenta de la gestión de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más importante del país. 

Por ahora, el sector espera que las disputas políticas se resuelvan para que el Gobierno responda por los valores adeudados y cubra los subsidios de energía eléctrica y gas natural.

Todo lo anterior, en medio de las advertencias del Ideam por una posible temporada de sequía durante el primer trimestre del año, que representaría una nueva amenaza para el sector y la generación de energía en Colombia, que depende en buena parte de los embalses.