¿Cómo logrará el Gobierno garantizar la atención de salud de afiliados de EPS intervenidas o que se retiren del sistema?

Desde antes de llegar a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro insistía en un cambio para el sistema de salud colombiano. Para el mandatario hay una necesidad latente de reformar el sector de la salud y así asegurar la adecuada prestación del servicio.

Es por ello que ha impulsado en el Congreso una reforma para transformar el rol que juegan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), pero, después de meses de trámite, este proyecto se hundió el pasado 3 de abril en la Comisión Séptima del Senado.

Por otra parte, a inicios de 2024, la Contraloría descubrió que la deuda de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los proveedores, las reservas técnicas y los pasivos administrativos superaba los 25 billones de pesos.

Ese déficit fue el argumento que usó el Gobierno para intervenir administrativamente a varias promotoras, incluidas las más grandes, como Nueva EPS y Sanitas. Además, otras EPS, como Compensar, Sura y EPS Salud Bolívar solicitaron la liquidación. 

Estas decisiones del Gobierno y peticiones de las EPS han preocupado a los usuarios, quienes tienen dudas sobre los servicios de salud a los que tienen derecho y sobre cuál sería el futuro de los mismos.

Gobierno garantizará la atención en salud de usuarios de EPS intervenidas o en retiro voluntario

Por ello, en un esfuerzo para asegurar la prestación continua y efectiva de los servicios de salud a nivel nacional, el Gobierno emitió el Decreto 719 de 2024. 

Este decreto establece condiciones clave para enfrentar las consecuencias no solo de las EPS que pidieron el retiro del sistema de salud o que fueron intervenidas, sino de aquellas que tengan la revocatoria de la autorización de funcionamiento o las que les falte la certificación de habilitación.

Los cambios que introduce el decreto del Gobierno en el sistema de salud colombiano

En caso de liquidación o retiro voluntario, parcial o total, de una EPS, el decreto tiene cambios en las reglas de asignación forzosa de usuarios para asegurar que siempre exista al menos una EPS receptora en cada municipio. 

Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, hasta marzo de 2024, 612 municipios no contaban con EPS receptoras en el régimen contributivo y 556 en el régimen subsidiado. Con esta medida, se pretende garantizar la continuidad en el aseguramiento y la prestación del servicio de salud a toda la población afectada.

Por otro lado, el decreto indica que asegura el cumplimiento del artículo 35 de la Ley 1438 de 2011, permitiendo que los afiliados del régimen subsidiado que adquieran condiciones para cotizar puedan permanecer en su EPS actual, pagando los aportes obligatorios del régimen contributivo, según corresponda. 

El documento también aborda problemas relacionados con la falta de cumplimiento de requisitos por parte de las EPS del régimen contributivo al recibir afiliados del régimen subsidiado. Hasta abril de 2024, había 5,29 millones de afiliados del régimen subsidiado en EPS del régimen contributivo que no cumplían con las exigencias normativas de las EPS del régimen subsidiado, a pesar de recibir recursos de este último.

En adelante, las EPS del régimen contributivo que deseen mantener afiliados del régimen subsidiado deberán obtener la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud para operar en ambos regímenes.

Finalmente, para garantizar el acceso a los servicios de salud en todo el territorio nacional, el decreto promueve el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Se aplicará la normativa vigente en materia de contratación en el régimen subsidiado, conforme al artículo 16 de la Ley 1122 de 2007.