Crédito: Corte Constitucional
La verdad detrás de los rumores contra Luz Adriana Camargo, candidata para fiscal general
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El Reporte Coronell cuenta la verdad detrás de los señalamientos contra Luz Adriana Camargo y su esposo, tras no haber consenso en la cuarta votación para la elección del próximo fiscal general.
Por: Redacción Cambio
La semana pasada se reunió la Corte Suprema de Justicia para votar por cuarta vez y escoger como fiscal general a una de las candidatas de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro (Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra). Sin embargo, otra vez no se logró consenso.
Se creía que las elecciones apuntaban a la doctora Amelia Pérez Parra como fiscal general de la nación. No obstante, salieron a la luz unos agresivos e insultantes trinos de su esposo, el exfiscal Gregorio Oviedo, dirigidos a actores políticos, del Gobierno y periodistas. Esto conllevó que Pérez perdiera el favoritismo de los magistrados.
Luego, surgió otra favorita, la exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Luz Adriana Camargo, pero similar al caso de Pérez, algunos medios de comunicación empezaron a hacer señalamientos contra su esposo.
El personaje en cuestión es Germán Marroquín, magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Según los rumores difundidos, fue socio en una firma de abogados de Gerardo Torres, conocido como Yayo, quien está casado con Mábel Parra, antigua magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, señalado jefe del cartel de la toga.
El Reporte Coronell de este lunes cuenta la verdad sobre estos rumores contra Marroquín, punto por punto:
En primer lugar, el abogado Germán Marroquín no ha sido socio de Gerardo Torres. Su única relación fue que a mediados del año 2005 y hasta 2008, Torres le arrendó a Marroquín una parte de un apartamento en el Parque Central Bavaria para que pusiera su oficina de abogado.
“No llevaron ningún caso juntos, simplemente porque en esa época Yayo (Gerardo Torres) no litigaba”, explicó el periodista Daniel Coronell.
Cabe aclarar que el escándalo del cartel de la toga se destapó en 2017, es decir, nueve años después del arriendo del apartamento, y los hechos investigados ocurrieron entre 2014 y 2016, al menos seis años después de la renta del apartamento. Además, “como si fuera poco a Gerardo Torres, Yayo, le archivaron el proceso”, detalló Coronell.
Sin embargo, aún queda por verificar otro señalamiento: el Ministerio Público de Guatemala investiga al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a Luz Adriana Camargo porque cuando Velásquez dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llegaron a un acuerdo de cooperación judicial con el abogado de Odebrecht.
El anuncio fue realizado por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). “Emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos, el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig Luz Adriana Camargo Garzón”, expuso.
El Reporte Coronell señala que lo que no se tuvo en cuenta es que el gobierno de Estados Unidos incluyó a Curruchiche en la lista Engel por considerarlo corrupto y obstructor de la justicia, entre otras cosas por su persecución a los miembros de la Cicig. También ha sido señalado “como corrupto y arbitrario” por la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y por Canadá.
Frente a la pregunta de quién está detrás de las campañas de desprestigio contra las integrantes de la terna, Coronell respondió: “La respuesta es elemental, mi querido Watson, son los que se benefician con la permanencia de Martha Mancera por la impunidad que les han garantizado ella y su antecesor Francisco Barbosa a importantes personajes de la vida nacional”.
