Por qué Colombia respalda las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos

Esta semana aterrizó en Venezuela el tercer vuelo con nacionales de ese país deportados desde Estados Unidos, aunque ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 2008. De 124 personas, 112 eran hombres y 12, mujeres. Este tipo de vuelos se reiniciaron el pasado 18 de octubre, con venezolanos que no cumplen con los requisitos legales para quedarse en Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aplaudió esa medida, que en el país vecino denominaron de “repatriación”. 

El Gobierno colombiano colaboró directamente en la planeación de la deportación de migrantes venezolanos. Petro, incluso, manifestó orgullo de haber colaborado con “devolverle su hogar a muchos venezolanos que emigraron”.

El problema es que el discurso de la repatriación esconde –a los ojos de todos– la violación de los derechos contemplados en la Convención del refugiado.

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Activistas de derechos humanos han denunciado que las deportaciones no son una solución a la crisis, como mostró Noticias Telemundo. Una fuente que trabajó una década en Migración Colombia explica que lo más probable es que esta sea, simplemente, una medida disuasiva, pues en la frontera sur de Estados Unidos, solo en septiembre, fueron capturadas 50.000 personas.

María Teresa Palacios Sanabria, profesora titular de Carrera Académica, experta en migraciones de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explica que, además, en el derecho internacional de los derechos humanos, las expulsiones, devoluciones y medidas similares siempre tienen que ser de manera individual y mediando un debido proceso. Necesariamente, los venezolanos –en este caso– deben tener derecho a defensa legal y al acompañamiento de un traductor si no hablan inglés.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que Estados Unidos es parte, establece que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. Con la medida de “repatriación”, ese país estaría violando dicha medida.

La docente agrega que cuando esas deportaciones ocurren en medio de una solicitud de protección internacional, cuando el migrante está pidiendo ese amparo, la transgresión a los derechos humanos es todavía más grave, porque viola el principio de no devolución.

Para nadie es un secreto que Estados Unidos no es muy riguroso en el seguimiento de las convenciones internacionales. Dice Palacios Sanabria que “existe una percepción de que su normatividad interna es lo suficientemente fuerte y, amparado en su soberanía, ejerce en todos los procedimientos bajo sus normas internas”.

Aún así, la organización de derechos humanos  Amnistía Internacional manifestó preocupación por las deportaciones masivas que comenzaron desde Estados Unidos hacia Venezuela en octubre. Pidió, incluso, que se prohíban todas las deportaciones forzadas hacia Venezuela. 

Llamó a todos los Estados a no devolver a ningún venezolano a su país, “por las circunstancias objetivas en Venezuela y el riesgo de daño, o el riesgo a su vida, seguridad y libertades a las que estarían expuestos si regresan”. En un informe publicado el pasado 19 de octubre, anotó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados también “ha llamado a los Estados a abstenerse de deportar, expulsar o forzar a venezolanos de cualquier forma a retornar a Venezuela, instándolos a asegurar esta garantía en la documentación entregada a los venezolanos y por medio de instrucciones claras para las fuerzas del orden”.

Por su lado, la ONG Washington Office in Latin America (WOLA) también anotó que la decisión gringa de devolver a migrantes venezolanos es contradictoria con la postura del presidente Joe Biden con respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS), que se extendió y rediseñó para los venezolanos en Estados Unidos que han estado ahí desde antes del 31 de julio de 2023. La decisión se dio por los riesgos que implica para ellos volver a su país.

“Bajo el derecho internacional y el de Estados Unidos, cualquier persona que tema por su vida, integridad personal o libertad tiene el derecho de buscar asilo y al debido proceso (...) Estados Unidos no debe ser un país que deporte personas a dictaduras represivas donde puedan enfrentar graves amenazas a sus vidas o a su libertad”, publicó WOLA.

A pesar de todo esto, el Gobierno colombiano no ha dudado en darle un espaldarazo a la medida. Es una negociación entre estadounidenses y venezolanos que no ha despertado los aires de crítica del presidente de Colombia, como lo han hecho otras acciones de ese mismo país. 

Recientemente, los presidentes latinoamericanos se reunieron en el Encuentro de Palenque para referirse al tema migratorio en la región. Aunque la conversación fue privada, el Gobierno mexicano terminó publicando el video en YouTube. Allí quedó evidenciado cómo el discurso de los presidentes sobre el éxodo y la migración en América Latina se debe a la pobreza y a los bloqueos económicos de Estados Unidos sobre Cuba, Haití y Venezuela.

Si bien es cierto que Estados Unidos ha tomado acciones que han afectado enormemente las economías de esos países, María Gabriela Trompetero, investigadora de migración forzada e interamericana, considera que estas “comenzaron en 2017, año para el cual la migración masiva y forzada venezolana ya había iniciado”.

En contraste, entre los presidentes no hubo mención, sin embargo, de las medidas autoritarias de parte de los gobernantes, que incluyen, entre otras, la estatización masiva de empresas privadas. No mencionaron tampoco la crisis de los precios del petróleo en Venezuela y el declive de la estatal PDVSA desde hace al menos 9 años, ni el saqueo corrupto de unos 21.000 millones de dólares a la empresa, denunciado este año.

La posición de Petro contradice la defensa férrea que ha hecho de los derechos humanos. Trompetero anota que es muy posible que todo se reduzca a razones ideológicas. “Si al presidente realmente le importasen las violaciones de derechos humanos, sin tinte político, denunciaría lo que sucede en Venezuela”.

Considera también que es posible que, por la importancia de tener respaldo de Venezuela en el proyecto de la paz total –por cuenta, por ejemplo, de la presencia de grupos armados en la frontera, sobre todo el ELN–, quiera mantener buenas relaciones con ese país.

“Petro se ha convertido en un aliado de Maduro. Solo en un par de ocasiones Petro ha hablado de proponerle a Maduro volver al sistema interamericano de derechos humanos y de las necesidades de elecciones libres, pero hasta donde he investigado, esto ha sido muy poco”, anota la académica.

CAMBIO se comunicó con la Cancillería para conocer la postura de Colombia frente a este tema, pero no obtuvo respuesta.

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A todo esto se suma la política con respecto a la migración que ha implementado el gobierno colombiano, que eliminó la Gerencia de Fronteras y ha reducido al máximo el discurso relacionado con la inclusión de la población venezolana. Ni en campaña ni durante su mandato, Gustavo Petro ha hablado lo suficiente del asunto.

Trompetero escribió en su columna Gobierno Petro pretende lo imposible: "desvenezolanizar" la migración, de La Silla Vacía, que Petro ha querido que el debate sobre migración deje de tratarse de Venezuela, pero ignora en su discurso que la vocación de los migrantes que llegan de ese país a Colombia es, muchas veces, quedarse. Mientras los cubanos, ecuatorianos y haitianos están en tránsito, los venezolanos en territorio colombiano alcanzan los 3 millones de migrantes.