Primicia: Declaran como responsable fiscal a empresa que abandonó colegios de Santos y que hoy puja por primer tren de Petro

Para este jueves 3 de abril está previsto que se adjudique la licitación del contrato para el tren La Dorada - Chiriguaná, que será la primera concesión férrea que entregará el gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de ese proceso, CAMBIO conoció un hecho relevante que podría impactar en el trámite y dejar a una de las empresas interesadas fuera de la competencia. 

Se trata de la portuguesa Mota Engil, que junto con la firma Infraestructura Nacional conformaron el consorcio Apca TFC y se presentaron en el proceso para quedarse con el contrato de 3,4 billones de pesos que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelanta para construir el primer tren del actual gobierno.

En 2016, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, la multinacional fue una de las empresas contratadas para la construcción y modernización de la infraestructura educativa en Colombia. Esto en el marco de uno de los planes más ambiciosos de esa administración, con el que se buscaba hacer nuevos colegios que permitieran dar paso a la jornada única escolar en el país.

Dicho proyecto terminó con obras abandonadas, sobrecostos y otras irregularidades. De hecho, en mayo de 2024, la Contraloría General de la República le imputó responsabilidad fiscal por más de 74.000 millones de pesos a Mota Engil y a algunos exfuncionarios por mayores valores pagados en la construcción de los colegios y costos desproporcionados de las interventorías, entre otras cosas.

Aunque aparentemente el escándalo ya había quedado en el olvido, hoy, por cuenta de la participación de la portuguesa en la licitación del tren, CAMBIO pudo establecer que la Contraloría ya falló en su contra y la declaró culpable de los hechos cometidos hace casi una década. Incluso, la entidad de control ordenó un pago a los involucrados de 20.000 millones de pesos por las conductas que hicieron fracasar el contrato. 

Los detalles del fallo contra Mota Engil

El 10 de febrero de 2025, la Contraloría General de la República falló en contra de Mota Engil, otras empresas subcontratistas y un exfuncionario del gobierno por el escándalo de los colegios de Santos. Según el documento oficial, se resolvió declarar la responsabilidad fiscal por 20.239 millones de pesos “por el daño producido a los intereses patrimoniales del Estado, derivado de las irregularidades presentadas en la ejecución de los proyectos de obras del Plan Nacional de Infraestructura Educativa”.

La sanción pecuniaria se redujo a menos de una tercera parte frente a la imputación que la Contraloría había hecho un año atrás por este caso, la cual, como ya se mencionó, superaba los 70.000 millones de pesos. 

Eso sí, la entidad pudo constatar que los colegios que se iban a construir o remodelar quedaron a medias y algunos hasta fueron abandonados, a pesar de las inversiones que ya se habían hecho, algunas con sobrecostos. Hubo “mayores valores pagados por metro cuadrado, pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias, costos desproporcionados de interventoría y gastos ineficientes sin pertinencia administrativos de la Unidad de Gestión del FFIE (Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa)”.

Fue justamente a través del FFIE, el patrimonio autónomo que creó Santos para llevar a cabo este programa de infraestructura escolar, que se contrató al Consorcio Mota-Engil, conformado por Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A y Mota - Engil Perú S.A.

El órgano de control fiscal notificó la decisión a la multinacional 10 días después de haberla tomado y luego de dos semanas de haberse presentado a la millonaria licitación del corredor férreo a cargo de la ANI.

¿Podría quedarse por fuera del tren?

La presencia de Mota Engil en uno de los consorcios que ofertó para ganarse la concesión del ferrocarril La Dorada - Chiriguaná encendió las alarmas de algunos observadores del proceso. Konfirma, la empresa contratada por la ANI para hacer la evaluación de la licitación, recibió información del fallo contra la multinacional portuguesa y le pidió a la Contraloría ampliar los detalles del mismo. 

CAMBIO conoció la carta que esa firma evaluadora le envió al órgano de control, así como la solicitud que también le hizo al consorcio, con el fin de establecer si puede o no seguir en la carrera por el tren.

Uno de los puntos que más le llamó la atención a Konfirma tiene que ver con la posible inhabilidad para contratar con el Estado que tendría Mota Engil. A la pregunta sobre ese tema, la entidad respondió que la decisión no se encuentra en firme, ya que “está pendiente por decidir el recurso de apelación” interpuesto por la empresa sancionada. Eso significa que hasta que no se ratifique el fallo, no entra en la lista de responsables fiscales y, por ende, puede seguir participando en otros procesos.

Por su parte, el consorcio en el que está la portuguesa respondió que esta sí fue notificada del fallo de responsabilidad fiscal “por un supuesto daño patrimonial del Estado”. Además, confirmó que Mota Engil apeló la decisión, por lo cual aún no está ejecutoriada. 

Ahora bien, en el escenario en el que la Contraloría confirme esta sanción, Mota Engil reveló que “procederá a realizar el pago”, pero no descarta acudir ante el Consejo de Estado como último recurso legal. Incluso, dijo que el desembolso de los recursos se haría para “blindar” todos los contratos que ya tienen con el Estado -incluyendo el del metro de la 80 de Medellín y la canalización de arroyos en Barranquilla- y evitar inhabilidades. Finalmente, ratificó que, por ahora, tienen luz verde para seguir licitando en Colombia y seguir en la puja por el tren que esta semana debe ser adjudicado.

CAMBIO se comunicó con la empresa Mota Engil para conocer más detalles sobre esta nueva situación que los podría dejar por fuera del megaproyecto del gobierno Petro. Por el momento, la empresa no ha entregado respuesta.