Los riesgos para la población civil tras declaraciones de Andrés ‘El Gury’ Rodríguez de “bombardear” zonas donde ganó Iván Cepeda
Las declaraciones del concejal de Medellín, quien sugirió dirigir bombardeos y operaciones militares hacia las zonas donde Iván Cepeda obtuvo mayor votación, encendieron las alarmas entre defensores de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades enteras y exponer a la población civil a posibles hechos de violencia. Conozca los detalles.
Por: Nataly Ríos
La controversia surgió luego de que el concejal de Medellín Andrés 'El Gury' Rodríguez propusiera al presidente electo, Abelardo de la Espriella, dirigir operaciones militares y "bombardeos" hacia las zonas donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo las mayores votaciones en la segunda vuelta presidencial. Durante una sesión del Concejo de Medellín, el cabildante aseguró que esos resultados serían consecuencia del denominado "voto fusil", una supuesta presión ejercida por grupos armados ilegales sobre los electores.
"Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80 por ciento fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país", afirmó Rodríguez durante su intervención.
El concejal incluso mencionó el municipio de Campamento, en Antioquia, como ejemplo de lo que considera una votación irregular. "Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí, podemos arrancar con los bombardeos por ahí", dijo Rodríguez al insistir en que las autoridades deberían concentrar sus operaciones en los territorios donde, según él, hubo constreñimiento al elector.
Las declaraciones generaron un amplio rechazo desde distintos sectores políticos. El exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que la narrativa del "voto fusil" podría convertirse en la antesala de nuevas agresiones contra comunidades y liderazgos políticos. "Mientras desde el Pacto Histórico anunciamos el reconocimiento de los resultados electorales, la ultraderecha —ahora gobierno— despliega la narrativa del 'voto fusil' como antesala de lo que puede convertirse en incursiones paramilitares y claramente es una amenaza directa en contra de liderazgos en los territorios, las fuerzas progresistas y sociales de Colombia", escribió en su cuenta de X.
A las críticas también se sumó el periodista y columnista de CAMBIO Jorge Espinosa, quien calificó las declaraciones del cabildante como irresponsables. "El concejal ese de Medellín que anda diciendo ridiculeces violentas y amenazantes es un impresentable, un irresponsable y un idiota en su tercera acepción", publicó en la misma red social.
"En Colombia existe una larga historia de estigmatización de regiones, comunidades y liderazgos sociales", advierten expertos
Para Leonardo González, director de Indepaz, el principal peligro radica en que se rompe una de las bases de cualquier democracia al asociar las preferencias electorales con objetivos militares: "Es una declaración profundamente preocupante porque rompe una regla básica de cualquier democracia: las personas no pueden ser señaladas ni convertidas en sospechosas por la manera en que votan. Asociar un resultado electoral con la necesidad de realizar operaciones militares implica trasladar una diferencia política al terreno de la confrontación armada".
También resaltó que la Defensoría del Pueblo ha insistido reiteradamente en la necesidad de evitar la estigmatización de territorios y comunidades porque este tipo de narrativas terminan atribuyendo responsabilidades colectivas a poblaciones enteras. Que en un municipio gane un candidato no significa que sus habitantes apoyen organizaciones armadas ni que compartan los intereses de actores ilegales.
Además, el director de Indepaz advirtió que estos mensajes desdibujan la diferencia entre la población civil y los grupos armados ilegales: "Los habitantes de un municipio, una vereda o un barrio no pueden ser considerados objetivos legítimos ni objeto de sospecha colectiva por las preferencias políticas expresadas en las urnas. La seguridad debe orientarse a proteger a la población civil, no a estigmatizar territorios". En ese sentido, recordó que las regiones más afectadas por el conflicto requieren mayor presencia institucional, inversión social y garantías de protección, no discursos que incrementen los riesgos para sus habitantes.
González también alertó sobre el impacto que este tipo de afirmaciones puede tener sobre líderes sociales y organizaciones comunitarias. Según explicó, cuando desde escenarios públicos se señala a determinados territorios como supuestos espacios de apoyo a grupos armados, aumentan los riesgos de amenazas, discriminación, restricciones a la participación política e incluso abusos contra la población civil.
“La historia del conflicto colombiano demuestra que la estigmatización ha sido uno de los factores que han precedido distintas formas de violencia política. Cuando una comunidad es presentada como cercana a la ilegalidad o como responsable de problemas de seguridad por la manera en que vota, se crean condiciones que pueden legitimar señalamientos, exclusiones o agresiones contra sus habitantes”, afirmó el experto.
Así mismo, explicó que, aunque Indepaz ha documentado durante años casos de constreñimiento al elector y presiones ejercidas por grupos armados ilegales en algunas regiones, aclaró que esos hechos no permiten concluir que los resultados electorales de un territorio respondan exclusivamente a esas organizaciones.
"La existencia de riesgos de coacción armada no permite concluir que los resultados electorales de una región respondan exclusivamente a la influencia de esos actores. Generalizar y afirmar que una comunidad votó de determinada manera porque está controlada por grupos armados desconoce la autonomía política de los ciudadanos y termina contribuyendo a la estigmatización de poblaciones enteras".
Para Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del Grupo Internacional de Crisis, plantear bombardeos como respuesta a los problemas de seguridad en los territorios desconoce la realidad actual del conflicto armado colombiano. La experta explicó que el país ya no enfrenta un único conflicto, sino múltiples confrontaciones locales protagonizadas por grupos armados fragmentados que ejercen control sobre las comunidades y permanecen inmersos entre la población civil.
"Si estamos hablando de bombardeos como una táctica de guerra, yo creo que caer en el argumento de que hay que bombardear realmente desconoce la amenaza, desconoce la forma que hoy tiene el conflicto armado", señaló Dickinson. Añadió que las personas que habitan en estas regiones viven bajo amenazas constantes y que cualquier acción militar indiscriminada terminaría afectándolas directamente.
La investigadora explicó que, a diferencia de décadas anteriores, los grupos armados ya no operan desde grandes campamentos o posiciones claramente identificables: "Los grupos armados y criminales hoy no están viviendo en campamentos, no andan en muchos casos de uniforme. Por lo que no hay objetivos para bombardear". En ese contexto, advirtió que una ofensiva de este tipo impactaría principalmente a la población civil, ya que los actores ilegales ejercen su control desde los mismos territorios donde viven las comunidades.
Dickinson también sostuvo que el fortalecimiento de estas organizaciones responde a problemas estructurales que no pueden resolverse mediante operaciones militares. En su concepto, factores como las economías ilícitas, la ausencia del Estado, la desigualdad y la falta de oportunidades permiten que estos grupos consoliden su poder. "Eso no es un problema que se puede bombardear, es un problema de fondo que requiere una estrategia integral", concluyó, al insistir en que cualquier política de seguridad debe partir del respeto y la protección de las comunidades que viven en medio del conflicto.
"La narrativa de que hay voto fusil no se sostiene", explica experta
En la misma línea, CAMBIO habló con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien calificó como "altísimo" el riesgo de plantear bombardeos sobre territorios donde habita población civil. Según explicó, el discurso parte de la premisa de que quienes viven en zonas con presencia de grupos armados hacen parte de esas estructuras o las respaldan: "Eso nos lleva por un muy mal camino en Colombia; es básicamente declararle la guerra a una parte importante del país".
Bonilla sostuvo además que la narrativa del llamado 'voto fusil' no encuentra respaldo en la evidencia disponible. Aseguró que los datos electorales muestran que muchas de las mesas con votaciones superiores al 90 o 100 por ciento por un candidato mantienen comportamientos similares desde elecciones anteriores y, en muchos casos, corresponden a resguardos indígenas o territorios con tradiciones políticas consolidadas. "Esa narrativa del 'voto fusil' no se sostiene desde los datos", afirmó, al explicar que reducir los resultados electorales a una supuesta presión armada desconoce factores históricos, sociales y culturales que también influyen en el comportamiento electoral.
La investigadora agregó que incluso existen territorios donde las mesas con votaciones atípicas favorecieron al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, lo que demuestra que el fenómeno no puede atribuirse únicamente a un sector político: "Vamos a bombardear el Catatumbo donde esas mesas apoyaron al candidato Abelardo de la Espriella. Eso evidencia lo grave de esa lógica".
Bonilla también advirtió que este tipo de mensajes podrían debilitar los avances alcanzados por la fuerza pública en materia de derechos humanos: "La fuerza pública en Colombia ha hecho un trabajo impresionante para convertirse en una de las fuerzas armadas más respetuosas de los derechos humanos en América Latina. Echar para atrás en eso es devolvernos 30 o 40 años simplemente por un capricho político de un concejal".
La subdirectora explicó que este tipo de discursos pueden debilitar la legitimidad del Estado en los territorios más afectados por el conflicto, donde, según explicó, el reto principal no es intensificar la confrontación militar, sino recuperar la confianza de las comunidades en las instituciones.
"Estos no son grupos armados que viven en campamentos, son grupos armados que están haciendo sustitución de funciones del Estado y que han logrado por esa vía también ganar mucho control territorial. Recuperar la legitimidad del Estado en esas zonas es el propósito nacional al que todos tendríamos que estar apostando, no eliminar la población de esas zonas, ni eliminar, en contextos tan complejos que se nota que el concejal no tiene ni idea, ni de seguridad, ni de nada de lo que pasa en esos territorios", explicó la experta.
El concejal aseguró que sus palabras fueron tergiversadas
Tras la polémica generada por sus declaraciones, el concejal Andrés 'El Gury' Rodríguez aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó haber promovido ataques contra la población civil. Según explicó, su intención era que la fuerza pública fortaleciera las operaciones contra los grupos armados ilegales que, a su juicio, ejercieron presión sobre los votantes en algunas regiones del país.
El cabildante insistió en que nunca propuso bombardear a los ciudadanos ni atacar comunidades por sus resultados electorales, sino actuar contra las estructuras criminales que, según afirmó, estarían detrás del denominado 'voto fusil'. También sostuvo que sectores políticos y usuarios en redes sociales tergiversaron sus declaraciones para generar una polémica que, aseguró, no corresponde a lo que expresó durante la sesión del Concejo de Medellín.
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