Colombia vota: ¿En elecciones libres y justas?

El problema empieza antes del voto

Existen tres tipos de sistemas políticos democráticos: las democracias consolidadas, las democracias defectuosas y los regímenes autoritarios. Las primeras garantizan el Estado de derecho, la separación de poderes y la protección efectiva de derechos civiles. Las segundas mantienen los procedimientos formales de la competencia electoral, pero presentan déficits estructurales que reducen su calidad. Esa categoría describe ciertos rasgos del sistema político colombiano, según Wolfgang Merkel, ex director del Centro de Ciencias Sociales de Berlín (WZB).

Una democracia moderna requiere, además de elecciones, libertad de expresión, acceso a fuentes de información alternativas y derecho a organizarse políticamente. Así lo estableció Robert Dahl, politólogo de la Universidad de Yale. Joseph Schumpeter, uno de los grandes clásicos del pensamiento económico y político, la definió de manera más austera: el procedimiento mediante el cual los líderes llegan al poder compitiendo por los votos. Schumpeter describe el núcleo indispensable; Dahl, las condiciones para que ese núcleo sea real. Fareed Zakaria, analista político estadounidense, advirtió que ambas dimensiones pueden disociarse: hay países que celebran elecciones correctas pero recortan derechos, controlan la prensa e intimidan adversarios. Las elecciones son el latido de la democracia. Las libertades liberales son la sangre que mantiene ese corazón en movimiento.

En esta campaña colombiana, esa tensión adquirió una forma concreta: la que existe entre una democracia formal, centrada en el respeto a las reglas de acceso al poder, y una democracia material, orientada a que esas reglas produzcan condiciones reales de igualdad y derechos. La Constitución de 1991 intentó ser las dos cosas al mismo tiempo. En la actual segunda vuelta presidencial, los dos proyectos en disputa reflejan parcialmente esta tensión. Mientras Abelardo de la Espriella ha enfatizado la estabilidad institucional y el respeto a las reglas, Iván Cepeda ha puesto mayor énfasis en la ampliación de derechos sociales y de inclusión política.

Qué significa libre y justo — y quién lo mide

El V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo evalúa no solo el conteo de votos, sino libertad de prensa, abuso de recursos estatales y margen de la sociedad civil. En su índice de democracia liberal, Colombia ocupa una posición intermedia a nivel mundial. En la cima global aparecen, como desde hace décadas, los países escandinavos — Dinamarca, Noruega, Finlandia — junto a Nueva Zelanda e Islandia: países donde la participación política, la igualdad social y la confianza institucional se refuerzan mutuamente. El Electoral Integrity Project de Pippa Norris, de Harvard Kennedy School, sostiene que la integridad electoral es un continuo: una elección puede ser técnicamente impecable y estar políticamente comprometida.

América Latina: dónde está la cima

Uruguay ocupa hoy una posición claramente destacada en los rankings democráticos latinoamericanos, donde los resultados electorales son aceptados por todos y la integridad de los organismos electorales no se pone en duda. Chile y Costa Rica integran junto a Uruguay el grupo de instituciones democráticas de mayor calidad de la región. Argentina y Brasil se ubican un escalón más abajo, con organismos electorales profesionales pero redes clientelares asentadas y, en el caso de Brasil, una fuerte presión polarizadora sobre las instituciones.

Colombia: fortalezas reales, límites estructurales

Colombia no es una democracia en crisis, pero tampoco una consolidada. Es un sistema político en construcción, con instituciones que resisten, sociedad civil activa, prensa relativamente libre en las ciudades, y déficits estructurales en el campo y en la cultura política que limitan la calidad de la representación. La Registraduría Nacional mantiene un nivel técnico reconocido internacionalmente. Los medios de comunicación, pese a presiones y concentración de propiedad, operan con márgenes reales de libertad. La rama judicial ha demostrado capacidad de actuar con independencia frente al ejecutivo. La alternancia efectiva de poder entre proyectos políticos opuestos, como ocurrió en 2022, es un indicador de salud institucional que muchos países de la región no pueden mostrar. Y la participación cercana al 58 por ciento en la primera vuelta de 2026 fue una de las más altas en décadas.

Las mayores debilidades no están en el conteo de votos, sino en tres problemas estructurales que Freedom House, V-Dem y otros observadores señalan una y otra vez.

El primero es la violencia, en sus formas visibles y silenciosas. En Bogotá, Medellín o Bucaramanga las elecciones se asemejan a las de las democracias europeas. En regiones controladas por disidencias de las FARC, grupos del ELN o el Clan del Golfo, una candidatura local puede costar la vida. Una elección puede transcurrir sin un solo atentado y aun así presentar restricciones reales: el miedo colectivo, las amenazas a liderazgos sociales y el control armado sobre economías locales condicionan silenciosamente, pero con eficacia, la participación política.

El segundo es el clientelismo. No se trata solo de la compra directa de votos, documentada y persistente en numerosas regiones, sino de redes estructurales de intercambio entre votos y favores: contratos, empleos públicos o servicios que el Estado debería garantizar sin condiciones. El politólogo Scott Mainwaring señala que el clientelismo debilita la capacidad de los ciudadanos para votar según convicciones políticas propias, porque convierte la elección en una transacción. Mauricio García Villegas ha descrito la dimensión territorial de este fenómeno como la Colombia profunda: un país más allá de los centros urbanos donde el orden institucional está fragmentado y estructuras de poder paralelas restringen de facto la libertad política. A esto se suma una desigualdad social profunda: las diferencias extremas de ingresos, educación y acceso a servicios públicos condicionan la capacidad real de participación política.

El tercer problema es la combinación de polarización faccional, violencia simbólica y desinformación. El columnista Andrés Caro describió en su artículo El país centrífugo, publicado el 13 de junio en La Silla Vacía, el paso de una cultura política centrípeta, que en los años noventa empujaba a los líderes hacia el centro, a una cultura centrífuga en la que los políticos triunfan consolidando facciones que no admiten concesiones. El lenguaje de esta campaña lo ilustra con crudeza: "destripar a la izquierda", "estafador de estafadores", "narcoterrorista", "heredero de las FARC", "fascista", "castro-chavista". Cuando la descalificación reemplaza al debate, el espacio para una decisión política libre se estrecha. A esto se suma la violencia simbólica, concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu: la conversión del contradictor en enemigo mediante imágenes y relatos que fabrican miedo sin disparar un tiro. Y detrás de todo ello operan hoy los algoritmos de TikTok, X y WhatsApp, que amplifican la confrontación, fragmentan la esfera pública y hacen circular desinformación a una velocidad que ningún organismo electoral puede contrarrestar.

Ecuador, Perú, Bolivia y México

Frente a Ecuador, Perú y Bolivia, Colombia sale mejor librada. Perú padece inestabilidad institucional estructural: presidentes derrocados, parlamentos disueltos, crisis constitucionales como normalidad. Ecuador vivió en 2023 el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que evidenció la creciente penetración del crimen organizado en la política ecuatoriana. Bolivia carga con las cicatrices de la crisis electoral de 2019, que dañó duraderamente la confianza en la neutralidad del Estado. México y Colombia aparecen en rangos similares en algunos indicadores de integridad electoral, aunque enfrentan desafíos distintos en cuanto a violencia política, crimen organizado y presencia del Estado.

¿Qué significa esto para el 21 de junio?

En el contexto latinoamericano, Colombia no está en la cima, pero sí en un nivel donde las elecciones aún deciden quién gobierna, algo que no puede decirse de todos sus vecinos.

Lo que esta elección exige

La calidad de una democracia no se mide únicamente por cómo cuenta los votos, sino también por cuántos ciudadanos pueden emitirlos sin miedo, sin dependencia y sin odio. El lenguaje del odio no es solo retórica — es la señal de que la institucionalidad democrática está en peligro cuando quienes participan en ella aún no han interiorizado lo que exige: ver al adversario político como adversario, pero no como un enemigo al que hay que destruir.

Cualquiera que sea el resultado de la tarde del 21 de junio, Colombia enfrenta una tarea que va más allá de contar votos. El nuevo presidente gobernará un país partido en dos, con una de las fracturas simbólicas, políticas y económicas más profundas de las últimas décadas. Eso impone obligaciones concretas: gobernar para todos, no solo para quienes votaron por él; convocar al diálogo a quienes perdieron, no ignorarlos; y entender que su programa ganó las elecciones, pero que no podrá ejecutarlo sin incorporar lo que la mitad del país considera necesario. El presidente que asuma no puede ser el director de una facción, tiene que ser el director de orquesta de una nación que suena desafinada. Y quienes pierdan deben aceptar el resultado y construir oposición sin destruir la convivencia. En los dos lados hay colombianos inteligentes, responsables, que quieren el bien del país. Puede parecer un lugar común, pero es también la única base sobre la que se puede construir una Colombia mejor. La democracia no fracasa cuando una mitad pierde una elección. Fracasa cuando una mitad deja de reconocer a la otra como parte legítima de la nación.