Defensoría del Pueblo pide retractación de El Gury y solicita investigar sus declaraciones sobre "bombardear" zonas donde ganó Iván Cepeda
La Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como El Gury, quien sugirió realizar bombardeos en los territorios donde el candidato Iván Cepeda obtuvo mayor votación.
Por: Nataly Ríos
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó al cabildante Andrés ‘El Gury’ Rodríguez retractarse de las afirmaciones hechas durante una sesión del Concejo de Medellín el pasado 23 de junio y anunció que remitió una petición a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los posibles hechos delictivos en los que habría podido incurrir con sus declaraciones.
La entidad cuestionó que Rodríguez planteara "bombardear" territorios donde la candidatura presidencial de Iván Cepeda obtuvo una alta votación, bajo el supuesto de que esos resultados serían evidencia de constreñimiento por parte de grupos armados. Para la Defensoría, "ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas a comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la forma en que ejercieron su derecho al voto".
Asimismo, advirtió que señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas "constituye un discurso incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho", además de poner en riesgo "la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianas".
“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas constituye un discurso incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, desconoce la dignidad humana y pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianas”, agregó la entidad.
El organismo recordó que la Constitución protege el pluralismo político, la participación ciudadana y la libertad de conciencia, y enfatizó que la libertad de expresión no ampara discursos que promuevan la violencia o la eliminación del contradictor político. También señaló que quienes ejercen funciones públicas tienen un deber reforzado de actuar con veracidad, responsabilidad e imparcialidad, evitando utilizar su cargo para estigmatizar comunidades o asociar decisiones electorales con criminalidad.
En ese sentido, la Defensoría sostuvo que las expresiones del concejal "podrían configurar conductas graves, incluso delictivas", entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas relacionadas con discriminación y violencia política, aspectos que deberán ser evaluados por las autoridades competentes, y solicitó expresamente al concejal retractarse de sus afirmaciones hechas en el Concejo de la ciudad de Medellín.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo advirtió que este tipo de afirmaciones resultan especialmente delicadas en un país marcado por la violencia política, pues asociar territorios y comunidades con la figura del "enemigo" por el sentido de su voto alimenta narrativas de exclusión y profundiza la polarización. Por ello, reiteró el llamado a los liderazgos políticos e institucionales a desescalar el lenguaje violento y tramitar las diferencias mediante los mecanismos democráticos, recordando que "la democracia exige reconocer al contradictor político como un actor legítimo, no como un enemigo a destruir".
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