¿A quién le sirve el duro choque entre el Gobierno Nacional y la JEP?

Sorprendidos. Así están buena parte de los defensores de la arquitectura institucional creada con el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc-Ep, ante la revelación hecha por Otty Patiño, comisionado de paz, de que desde el Gobierno se estudia la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tenga un cierre definitivo.

“El cierre del proceso de Justicia y Paz, el mismo cierre de la JEP, que también es muy importante y que, de todas maneras, en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades. Incluso puede ser propicio para una organización como el ELN porque es muy difícil generar nuevos procesos de justicia”, anunció Patiño en diálogo con El Espectador.

Su declaración coincide con el enfriamiento de las relaciones del presidente Petro y las altas cortes de justicia. Aunque las razones son diversas, este nuevo ruido llega en un momento inoportuno.

Los expertos hablan de precipitación por parte de Patiño, quien, en el afán de tener herramientas legales para avanzar en las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia —liderada precisamente por el firmante de los acuerdos, Iván Márquez, quien los traicionó— y el ELN, termina creando un problema adicional.

En campaña Petro prometió defender el Acuerdo

Quienes se la han jugado por el Acuerdo no entienden cómo, precisamente desde el gobierno del presidente Petro —quien en campaña se mostró como el líder que aceleraría la implementación—, ahora busque sacar del escenario a uno de sus elementos más importantes.

De hecho, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, advirtió al Ejecutivo que el cierre de este organismo para crear un supertribunal de paz podría poner al país, nada más y nada menos, que en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo (su vigencia inicial va hasta 2033) o que impida el desarrollo de sus funciones o restrinja los recursos para su operación, esto puede ser visto por la CPI como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de juzgar crímenes internacionales”, aseguró Vidal.

Para Vidal, la JEP es “la columna vertebral que sostiene el cumplimiento del acuerdo de paz”. De ese tamaño es la trascendencia que tiene la Jurisdicción.

Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte y analista de paz, recuerda que estas tensiones entre el Gobierno Nacional y la JEP no son nuevas y que, en cambio, sí muestran una constante: la dificultad para la Casa de Nariño de reconocer la independencia de la JEP.

"Es evidente la continua intromisión del Ejecutivo sobre las dinámicas judiciales que se iniciaron cuando el canciller Álvaro Leyva, en un foro de la importancia de Naciones Unidas, y luego en otros espacios, puso en tela de juicio el trabajo de la JEP", dice Trejos.

Para él, esto evidencia que el Gobierno ha incumplido de manera sistemática una de sus promesas de campaña: avanzar de manera constante en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón.

La JEP, la columna vertebral de los acuerdos

Y es que la JEP es una institución que hace parte de los pilares centrales de ese acuerdo. Lo natural sería una aproximación respetuosa del Ejecutivo hacia la JEP, utilizando canales institucionales y no como se ha venido haciendo durante el gobierno, donde las críticas se han realizado a través de los medios y en algunos espacios internacionales.

Además, el hecho de que ahora también el alto comisionado se sume a estas críticas pone en tensión la paz total, porque se esperaría que, si algunos de los procesos que se están adelantando en ese marco llegan a buen puerto, especialmente los diálogos sociopolíticos, desembocaran en la JEP.

Patiño tiene otra idea, pero los expertos señalan la dificultad de la coyuntura actual en la que no habría ni el ambiente institucional ni la capacidad para iniciar un tercer proceso de justicia transicional en Colombia. De ahí que se esperaría mayor cooperación y apoyo por parte del Ejecutivo a este Tribunal de Justicia Transicional.

Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el hecho debe ser visto bajo tres puntos distintos pero complementarios.

Primero, en términos de la solución política al conflicto armado y la no repetición, es sano para la democracia que se empiecen a dar estos debates sobre la eficacia de la justicia transicional, sobre los tiempos que está tomando la implementación de este proceso y, sobre todo, sobre el impacto de estas medidas en resolver problemas que la justicia ordinaria no ha podido solucionar.

Lo segundo es que, por lo menos, sorprende que sin una propuesta específica, sin un documento que respalde estas afirmaciones, el Gobierno, en cabeza del comisionado, inicie este debate donde realmente lo importante son los argumentos y, obviamente, las propuestas concretas.

Para Arias, en ese sentido, tienen todo el sentido las manifestaciones del presidente de la JEP. En términos de iniciar un debate serio, si es que se va a iniciar. Y en alertar los riesgos de comenzar a dar opiniones de semejante magnitud sin una propuesta concreta.

Y tercero, dice el analista, hablar del cierre de los diferentes sistemas transicionales es una observación válida, pero parece que en estos momentos el Gobierno actúa con cierta ligereza, sin demostrar que tiene la capacidad técnica para presentarle al país una propuesta concreta sobre esto.

"Me parece inoportuno iniciar un debate sin argumentos sólidos y sin tener en cuenta los retos que enfrenta la justicia transicional en la construcción de la paz y el sometimiento de los grupos armados a la justicia", afirma. “Las opiniones del comisionado de paz son inoportunas sin una propuesta técnica que permita debatir lo que él está proponiendo”.

Bienvenidas las críticas, pero responsables

Diego Arias, también un estudioso del conflicto armado en el país, dice que, con todo y los reparos que puedan hacerse, el Sistema de Justicia Transicional es un gran logro del Acuerdo de Paz de 2016.

Anota que es imposible superar un contexto de violencia y conflicto sin una dimensión de aplicación de la justicia, aunque sea transicional. Su ausencia sería inaceptable para las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional. "Por lo tanto, la conversación debe girar en torno a cómo garantizar su aplicación y no a cómo desmantelarla o debilitarla".

Para Arias, es bienvenida la crítica desde distintos sectores, incluido el Gobierno, del expresidente Juan Manuel Santos y comparecientes, tanto ex-Farc como militares. "Estas observaciones son pertinentes en relación con los tiempos prolongados para abordar los procesos y emitir sentencias, y con el abandono del criterio de abordar solo a máximos responsables y casos emblemáticos", añade.

Este experto considera que 20 años debieran ser suficientes para que la JEP cumpla su cometido como operador de una justicia transicional. Para lograrlo, deberá hacer ajustes, sin duda.

“Pero pensar en su cierre temprano enviaría, además, un mensaje equivocado —de laxitud o impunidad— a los procesos en curso de negociaciones de paz (ELN, EMC-FARC, Segunda Marquetalia) y a los diálogos sociojurídicos”, añade Arias.

Desde su creación, la JEP, al igual que las demás instancias creadas en el Acuerdo, como la Comisión de la Verdad, ha recibido muchas críticas, especialmente de sectores políticos que no creen en la salida negociada. Sus defensores, por su parte, muestran sus bondades.

Ana Caterina Heyck Puyana, magistrada del Tribunal para la Paz, en el documento Diagnóstico y transformación de la Jurisdicción Especial para la Paz, escribió que cuando en Colombia se firmó el Acuerdo de Paz, su modelo de justicia, acordado entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, fue presentado ante el mundo como un sistema superior al modelo sudafricano.

De hecho, acorde con las exigencias del derecho internacional, que prohíben la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos como medio para finalizar un conflicto armado.

Una negociación en medio de la polarización

Y comparable con los estándares que se han exigido en otros modelos. Por si fuera poco, con una vasta experiencia que ya se tenía en el país. El caso de Sudáfrica es conocido porque privilegió la verdad sobre la justicia; también lo es por el acuerdo para poner fin al apartheid y por el establecimiento de la Comisión de la Verdad. Su modelo de amnistías pudo aplicarse porque la Corte Penal Internacional no estaba vigente.

Sin embargo, dice ella, no es acertado comparar el modelo colombiano con el de Sudáfrica, ni con los tribunales penales internacionales creados para juzgar violaciones de derechos humanos y del DIH en otros lugares del mundo.

Aunque todos enfrentan el desafío de juzgar una gran cantidad de crímenes, en Colombia no se partía de cero: la justicia ordinaria ya había avanzado antes de la firma del Acuerdo Final, como lo demuestran cientos de sentencias condenatorias contra excombatientes de la fuerza pública y de las Farc.

Ella recuerda que su vigencia inició en medio de una alta confrontación política. Para realizar un pronóstico de la JEP en cuanto a la consecución de resultados transicionales, es necesario tener en cuenta la polarización que existe en el país sobre todo lo relacionado con la paz. Históricamente, la guerra y el miedo han sido fuente de votos.

Quienes han obtenido poder convenciendo a la población de que el peor problema de Colombia era la guerrilla, y luego el Acuerdo de Paz, seguirán criticando cualquier resultado de la JEP, escribe ella.

Por otro lado, quienes han apoyado la resolución pacífica del conflicto sostendrán lo contrario. Por eso, la evaluación de los resultados de la JEP está determinada por la confrontación política. La pregunta es: ¿qué actor calificará en el futuro las ejecutorias de la JEP y determinará objetivamente si le cumplió o no al país? ¿A quién le corresponderá juzgar la rendición de cuentas de la Jurisdicción? ¿Son las víctimas, la opinión pública o la comunidad internacional?

Estos son los interrogantes que los defensores del marco institucional creado por el Acuerdo de Paz piden poner sobre la mesa. Sin embargo, todos fueron sorprendidos por los anuncios de Patiño que, por lo visto hasta ahora, creó más ruido a un ambiente ya bastante gris.