¿Por qué el presidente cuestiona un sistema en el que fue electo varias veces?

De forma repentina, en el ámbito político surgió una inquietud que ha ido en aumento con el paso de las horas: ¿el Gobierno nacional respetará los resultados de las elecciones en las que se elegirá un nuevo Congreso y a la persona que sucederá al presidente Gustavo Petro? Los partidos políticos esperan que sí, por lo que exigen respeto a la Constitución, independencia de poderes y plenas garantías de voto libre, seguro y sin intimidación.

Esta preocupación tiene origen en las declaraciones de los más altos funcionarios del Gobierno, pronunciadas a solo nueve meses de los comicios. “Desconfío de la transparencia de las elecciones de 2026”, dijo, para sorpresa general, el presidente de la República, Gustavo Petro.

Se trata de una afirmación inédita, pues los presidentes en ejercicio suelen enviar mensajes de tranquilidad a los diferentes competidores sobre las condiciones democráticas. Por lo general, son los candidatos, en especial los de oposición, quienes exigen garantías, no al revés. La declaración del presidente Petro fue respaldada por su ministro del Interior, Armando Benedetti, de forma insólita durante un espacio creado para dar confianza a los aspirantes.

En respuesta, 13 partidos políticos expresaron su voz de alerta. “Las recientes declaraciones del presidente, cuestionando el sistema y el proceso electoral, desconociendo el rol institucional que le corresponde como garante de la democracia, generan profunda preocupación sobre su verdadero compromiso con la transparencia electoral”, afirmaron en un comunicado.

“No es comprensible que quien está encargado constitucionalmente de brindar garantías electorales sea el mismo que cuestione la legitimidad del sistema democrático y atente contra la independencia de los poderes públicos”, agregaron.

Los partidos que están inquietos

Estas colectividades —que representan una parte significativa de los participantes en los comicios— son: Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U, Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional, Alianza Social Independiente, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Colombia Renaciente.

Los partidos pasaron de las palabras a los hechos al no asistir a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, convocada por el Gobierno para este jueves.

Benedetti trató de atenuar el impacto al asegurar que los partidos van más allá de sus jefes. Sostuvo que, según él, los cimientos de las estructuras sí lo acompañaron: “Los partidos políticos son las bases sociales, concejales, diputados, congresistas y los que están a la cabeza, etc.”, dijo.

“Hoy, a la Comisión de Seguimiento Electoral no vinieron unos que están en esos partidos, no los partidos, porque los partidos acompañan al Gobierno en las votaciones de la reforma laboral, la pensional, la de salud. Le pido a la opinión pública no sobrevalorar a unos cinco o seis que no vinieron y que no representan a nadie, solo a ellos mismos”, agregó.

Así las cosas, la fractura es evidente. Los directores de los partidos, por su parte, explicaron en su comunicación que la inasistencia también se fundamenta en la “falta de garantías mínimas que debe ofrecer el Gobierno para el desarrollo de procesos electorales transparentes y confiables”.

Las líneas rojas

Estas colectividades —tanto independientes como de oposición al Gobierno Petro— exigen que, antes de cualquier convocatoria, se proporcionen dos condiciones fundamentales:

1. Respeto irrestricto a la Constitución Política y a la independencia de poderes, sin intentos de subordinar o presionar a las demás ramas del poder público.

2. Garantía del orden público para un voto libre y en condiciones de seguridad, protegiendo tanto a candidatos como a electores de cualquier forma de intimidación, violencia o constreñimiento.

Esta última exigencia va en línea con las declaraciones dadas por el exregistrador Alexander Vega -hoy codirector de La U- a CAMBIO: “Yo le pregunto al presidente: ¿usted va a ser capaz de garantizar que, en los temas de orden público, no se vaya a constreñir a los electores? ¿Va a frenar a las bandas criminales para que ese día no actúen contra los ciudadanos? ¿Va a contener a los grupos armados ilegales con los que está negociando para que no interfieran en las elecciones?”.

Para Vega, el presidente Petro no solo intenta confundir temerariamente, sino que busca sustentar un relato infundado de fraude. “Esta misma estrategia la utilizó en 2018, cuando afirmó sin pruebas que perdió por un fraude. En 2022, durante más de tres años, insistió en la idea de fraude electoral, pero una vez fue elegido aceptó los resultados sin reparos. Ahora, desde la Presidencia, intenta consolidar esa misma narrativa con acusaciones falsas”, le dijo a CAMBIO.

¿Fue una decisión correcta?

Pero, ¿hicieron bien los partidos al no asistir al encuentro con el Gobierno? El analista político Gabriel Cifuentes cree que no. Para este experto, si bien la postura de los partidos refleja un malestar legítimo, no contribuye a solucionar el problema. “Todo lo contrario: alimenta el fuego y aumenta el manto de dudas que, de manera irresponsable, ha tendido el presidente sobre el sistema electoral”.

Para Cifuentes, los distintos actores, fundamentales en el proceso democrático, deben actuar con máxima responsabilidad. “Es absurdo cuestionar el sistema sin pruebas solo por la animadversión del presidente hacia la empresa seleccionada. No solo porque es la misma con la que fue elegido en siete ocasiones, sino porque no ha presentado una sola evidencia. Y, aun si lo hiciera, él no es juez para determinar la legalidad del proceso”.

¿Más allá de los comentarios que Petro publique en X (antes Twitter) o pronuncie en sus discursos, podrían existir obstáculos concretos que afecten el proceso electoral? Cifuentes considera que sí.

¿Por qué? Primero, el Gobierno debe desembolsar los recursos para el desarrollo de las elecciones. Si se demora, podría generar serias dificultades a la Registraduría, dado el calendario apretado. Segundo, ¿qué ocurrirá si el Pacto Histórico pierde las elecciones en 2026? ¿Desconocerán los resultados?

Un mensaje como este puede escalar la tensión social y provocar un estallido si la izquierda pierde. Es decir, el presidente está debilitando la confianza institucional, incrementando la tensión entre organismos constitucionales y socavando su legitimidad. Actúa más como un candidato exaltado que como jefe de Estado y garante de la Constitución y de la armonía institucional.

Un relato hacia el futuro

En la discusión política resulta difícil comprender por qué el presidente cuestiona un sistema en el que él, como líder político, fue electo varias veces, y su obsesión con la firma Thomas Greg & Sons, que también prestó servicios logísticos cuando él se sometió a las urnas.

Carlos Arias, analista político, señala que una primera lectura sugiere que podría estar construyendo un relato para declarar la inviabilidad de las elecciones, deslegitimando de antemano a la empresa que ganó la licitación de la Registraduría.

Una segunda interpretación es que teme que su baja imagen y su pobre gestión contaminen la intención de voto hacia los candidatos del Pacto Histórico y afines al Gobierno. “Poner en duda la jornada electoral le abriría la puerta para pedir una repetición del proceso en caso de perder curules, alegando falta de garantías”, explica.

En la misma línea, la analista María Jimena Escandón sostiene que el presidente intenta nuevamente enviar mensajes que buscan desestabilizar políticamente al país y condicionar la campaña electoral con un tono agresivo.

Para ella, este asunto no es marginal ni una discusión más creada por el presidente Petro. “Lanza acusaciones temerarias contra el sistema que lo eligió y que, paradójicamente, ahora no le sirve. Busca confundir y poner en tela de juicio la democracia del país. No es un tema menor, y por eso la respuesta de los partidos es congruente. Es necesario cerrarle el paso a narrativas infundadas y blindar el proceso democrático”.

Según esta experta, la contienda de 2026 estará marcada por la polarización, el miedo y la distorsión. “Lo que está en juego es importante, y Colombia no puede permitirse dudas sobre la transparencia del voto”.

Es la hora de la serenidad

En este escenario, distintos expertos que siguen de cerca el sistema electoral del país han intentado enviar mensajes de tranquilidad al tiempo que ponen los puntos sobre las íes de las consecuencias que pueden tener este tipo de declaraciones.

Así, por ejemplo, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), calificó de “irresponsable” señalar que no se puede confiar en el proceso electoral sin explicar claramente a qué se refiere tal desconfianza, especialmente cuando proviene de una figura con responsabilidades públicas y políticas.

“La transparencia electoral implica muchas variables: clientelismo, compra de votos, presencia de grupos armados ilegales, entre otros. Lo que preocupa es que se insinúe que esta contratación busca preparar un fraude electoral. Hacer tal afirmación sin pruebas claras es gravísimo”, afirma Barrios.

Para la directora de la MOE, es imposible una postergación de las elecciones, un tema que ha comenzado a sonar tras las declaraciones del presidente Petro. “Hoy no hay ninguna posibilidad de que se corran las elecciones. La única forma sería un desastre natural que obligue a todo el país a centrarse en una emergencia”. Por eso, ella pide seguir adelante en un proceso que no se puede frenar.

Esta controversia se desató en medio de la adjudicación del contrato de logística electoral para 2026 a la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons. En respuesta, el presidente Petro declaró: “No quiero aplazar elecciones. Pero traer una empresa cuyo software fue detectado en un fraude electoral por la justicia colombiana pone en riesgo la transparencia del proceso”. Sin embargo, no presentó pruebas.

Qué dice la Registraduría

Los focos se trasladaron inmediatamente hacia la Registraduría, que explicó en un comunicado que la mayoría de oferentes distintos a Thomas Greg & Sons se retiraron del proceso y que esta firma obtuvo el mayor puntaje entre los que permanecieron. Según la Registraduría, la propuesta fue sometida a un riguroso proceso de evaluación técnica, jurídica y financiera.

En este contexto, emerge un tema de discusión que se remonta a varios años atrás y que el presidente Petro ha desempolvado para fortalecer sus argumentos. El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió y explicó que, por orden del Consejo de Estado, la Registraduría adquirió en 2021 el software de escrutinio a la empresa española Indra. “Este es administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con total autonomía”, dice Penagos para quien la transparencia en el sistema es absoluta.

Por si las dudas, Penagos anunció, además. que la Registraduría contratará auditorías externas para todas las etapas del proceso electoral y adquirirá herramientas de ciberseguridad para proteger el sistema y reducir riesgos informáticos.

El debate continúa. El país se aproxima, día a día, a unas elecciones cruciales con un inesperado clima de desconfianza. En el ambiente, sin embargo, también gravita la necesidad urgente de fortalecer la legitimidad del sistema democrático.

Los analistas alertan que estas declaraciones pueden deslegitimar el proceso y aumentar la tensión social. “Lo que está en juego es la confianza en la democracia”, afirman los expertos. De ahí, la importancia de despejar los nubarrones del horizonte.