“Cumplo la ley, me inquieta que el presidente hable de sedición”: registrador nacional

Pasaron apenas unos minutos desde que Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, informara que solicitaría al Consejo de Estado un concepto para tomar una decisión sobre el ‘decretazo’ y que, mientras tanto, no podía convocar al país a las urnas para una consulta popular, cuando recibió una andanada del alto gobierno:

“Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder ni lo deben admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia”, indicó el presidente Gustavo Petro en un mensaje en su cuenta de X. Luego fue más allá y, en el consejo de ministros, acusó al funcionario de sedición: “El decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República”, aseguró.

“El registrador no está actuando conforme a derecho. Se ha puesto en rebeldía contra el orden constitucional colombiano. Es un desafío a la institucionalidad, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque no puede negarse a cumplir el decreto del presidente”, aseguró el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien afirmó que Penagos “tiene una agenda política”.

“El registrador no está acatando el decreto. Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, por así decirlo. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno”, afirmó, por su parte, Armando Benedetti, responsable de la cartera política.

CAMBIO: ¿Cómo se siente en medio de esta situación?

HERNÁN PENAGOS: Siento la tranquilidad de estar actuando conforme lo dicta la Constitución Nacional.

CAMBIO: ¿Pero no está preocupado?

H. P.: Pienso en el país. En Colombia hay una controversia jurídica muy compleja que pone en riesgo el principio de supremacía constitucional y el principio de separación de poderes.

CAMBIO: ¿Qué tan grave es la controversia?

H. P.: Lo que está ocurriendo nos está llevando a una ruptura institucional sin precedentes en la historia reciente de Colombia.

CAMBIO: ¿Qué hacer?

H. P.: Cuando en una nación democrática se presentan debates y litigios de esta naturaleza, lo más responsable es pedir a los jueces, a las cortes, que tomen una decisión de fondo. Eso es lo correcto. Hoy cursa en el Consejo de Estado un número muy importante de acciones de nulidad.

CAMBIO: Son varias…

H. P.: Más de 40 acciones de nulidad, cerca de 11 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, un poco más de 98 tutelas en el Consejo de Estado. Ante un debate jurídico de esta magnitud y con este número tan importante de demandas, lo correcto es que sean las cortes las que, mediante una sentencia, ordenen esta complejidad y nos ayuden a decidir de fondo la ruta jurídica que hay que trazar.

CAMBIO: Sí, señor. Usted califica que estamos en una crisis institucional sin precedentes. ¿Cómo explicar esta situación a un ciudadano de a pie, que observa una batalla muy técnica, jurídica?

H. P.: La gravedad de esto es que se están creando precedentes de desconocimiento de las decisiones que toman ciertas autoridades administrativas. La gravedad de esto no radica solamente en convocar o no una consulta popular, sino en salvaguardar el Estado de derecho y el principio democrático. No es un tema menor.

CAMBIO: ¿Para usted no se trata solo de convocar o no a una consulta?

H. P.: Para nada. Estamos ante un riesgo de desconocimiento de las decisiones de diferentes autoridades. Y eso debe resolverlo una corte. No puede hacerlo un registrador, entre otras razones porque el registrador no es juez ni magistrado. La manera de conjurar una circunstancia de tal magnitud es acudiendo a los jueces, y eso es lo que yo pretendo.

CAMBIO: Al final, ¿cómo vislumbra el desenlace?

H. P.: Hay múltiples demandas, como le decía. Deberá salir una sentencia lo más pronto posible que oriente y encauce al país nuevamente por los senderos de la institucionalidad. A veces se percibe esto como si fuera simplemente el debate de convocar una consulta. No, es mucho más que eso. Se trata, insisto, de un ejercicio que pone en riesgo el principio de separación de poderes.

CAMBIO: Tanto en el Congreso como en el Gobierno afirman que actuaron legalmente…

H. P.: Todos reclaman la presunción de legalidad de una y otra norma. Cuando el Gobierno reclama la presunción de legalidad del decreto, hay que decir que también goza de presunción de legalidad la decisión del Senado. No entiendo por qué hoy es tan difícil explicar una circunstancia que incluso resuelve la lógica, no solo el derecho.

CAMBIO: ¿Cómo interpreta usted la afirmación del ministro Benedetti de que usted es un simple operador logístico?

H. P.: Lo primero: la respuesta la tiene la Constitución Política. El artículo 266 señala que la Registraduría es una autoridad electoral que goza de autonomía e independencia. Esto mismo lo ha reiterado en múltiples oportunidades la Corte Constitucional, incluso en una sentencia reciente del año pasado. Pero más que eso: la Registraduría no tiene superior funcional ni jerárquico. No obedece a criterios de jerarquía funcional de ningún otro servidor público.

CAMBIO: ¿No es un mandato nuevo?

H. P.: No. Esa es la condición actual de la Registraduría, reconocida desde hace décadas. La Registraduría nació en 1948 y, desde entonces, ha sido reconocida como un órgano autónomo e independiente.

CAMBIO: ¿Cómo está el ambiente en la entidad?

H. P.: Eso sí me preocupa mucho. Limitar la Registraduría a la condición de “simple operador logístico” es, de alguna manera, desconocer a miles de funcionarios que llevan años en la entidad y que trabajan con gran determinación. La Registraduría ha sido el fiel de la balanza. Ha garantizado que el país transite por los senderos democráticos. No es justo reducirla a calificaciones de esa naturaleza.

CAMBIO: ¿Por qué dice que eso sí le preocupa?

H. P.: Porque aquí hay miles de personas. No es por mí; yo apenas llevo un poco más de año y medio. Hay miles de funcionarios que llevan décadas apoyando la democracia colombiana y garantizando su transparencia, para que ahora reciban este tratamiento. Es incomprensible.

CAMBIO: Registrador, ¿quién es su jefe?

H. P.: Yo solo tengo un jefe: la Constitución Política de Colombia. Me debo al Estado de derecho. Por supuesto que me someto claramente a las investigaciones disciplinarias, penales o fiscales que correspondan. Pero conforme a la Constitución y a la estructura constitucional colombiana, el registrador no tiene superior jerárquico.

CAMBIO: El argumento que da el ministro Benedetti es que usted debió obedecer porque, de lo contrario, mañana podría no acatar un decreto para convocar elecciones.

H. P.: Las elecciones no necesitan decreto. Las elecciones se convocan por competencias constitucionales. Es la Constitución la que define cuándo se realizan las elecciones en Colombia. No dependen de una orden, sino de lo que establece la misma Constitución.

CAMBIO: Volviendo al tema de la consulta, ¿por qué cree que se llegó a este punto?

H. P.: Hay una controversia sobre si se cumplieron los requisitos del artículo 104 para convocar una consulta popular, que son tres: la solicitud del Gobierno con la firma de los ministros, el voto favorable o la decisión favorable del Senado y la convocatoria a través de un decreto. Uno de esos requisitos hoy está en cuestión. Por un lado, el Senado afirma que fue negada esa solicitud; por otro, el Gobierno nacional desconoce esa decisión del Senado, declara inconstitucional ese procedimiento y convoca la consulta.

CAMBIO: ¿Y entonces?

H. P.: Este es un evidente debate jurídico, y lo correcto es que un juez decida cuál de las dos decisiones es constitucional. Es lo que nosotros pretendemos. Entre otras razones, porque aquí se debe actuar con absoluta responsabilidad para evitar que los 750 mil millones de pesos que costaría la consulta terminen siendo un gasto innecesario si la sentencia posterior dice lo contrario. Eso sería un detrimento patrimonial.

CAMBIO: En caso de que hubiera una respuesta inmediata para hacer la consulta, ¿cómo sería eso?

H. P.: Lo primero es que hoy no tenemos el presupuesto. Habría que hacer los trámites presupuestales, lo que implica levantamiento previo, traslado presupuestal, y eso supone varios días. Luego se necesitaría un tiempo adecuado.

CAMBIO: ¿Cuánto?

H. P.: Al menos tres meses para poder construir la logística y realizar este proceso electoral de manera impecable.

CAMBIO: ¿Por qué ese tiempo?

H. P.: Es el mínimo necesario. A modo de ejemplo, son cerca de 112.000 mesas. No solo se habilitan puestos de votación en el territorio nacional, sino en 67 países y 124 consulados. La distribución de material electoral a todos esos lugares es un desafío inmenso, no solo por el transporte, sino también por los trámites aduaneros. Además, como se trata de una consulta, es un tema especial que requiere capacitación.

CAMBIO: ¿Capacitación de quién?

H. P.: Es semejante a la de unas elecciones ordinarias. Son cerca de 650.000 personas las que deben ser capacitadas para todo el proceso. Además de eso, hay que poner en marcha todos los sistemas de información para procesamiento, preconteo y divulgación. Lo digo con respeto: no es un tema menor.

CAMBIO: ¿Y si se va más de prisa?

H. P.: Hacer un proceso logístico de esta naturaleza en muy poco tiempo es asumir un riesgo de fracaso. La Registraduría debe garantizar que cualquier mecanismo de participación ciudadana y cualquier proceso electoral se lleve a cabo de manera impecable, como siempre se ha hecho. Por ejemplo, en el último año y medio hemos realizado 13 o 14 elecciones atípicas. Todas se han desarrollado de la mejor manera. Mi intención es ser responsable con el país y con la ciudadanía.

CAMBIO: En las últimas tres décadas, por no decir más, la Registraduría ha sido un organismo respetado, valorado por su eficacia en la entrega de resultados. ¿Cómo valora usted este conflicto y qué impacto cree que tendrá?

H. P.: Ese es un tema muy importante. La Registraduría es una entidad que goza de buena imagen: la tercera en las encuestas, después de la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas. A la Registraduría hay que cuidarla porque, en últimas, es el fiel de la balanza y el órgano neutro dentro de un proceso electoral. Degradar la Registraduría, socavar su imagen, no va en contra solo de la entidad ni mucho menos del registrador —yo estoy de paso—, va en contra del Estado de derecho y de la democracia.

CAMBIO: Usted ha dado respuestas técnicas, pero desde el punto de vista personal, ¿qué sintió cuando el presidente de la República dijo que usted, en la práctica, es un sedicioso?

H. P.: Es una apreciación que inquieta, porque siempre he buscado cumplir con mi deber en el servicio público. No hago nada diferente a lo que deberían pedir todas las autoridades en Colombia: que los jueces resuelvan un debate tan grande como el que estamos viviendo. Yo cumplo con la Constitución.

CAMBIO: El Gobierno ya anunció que lo va a denunciar…

H. P.: Pues simplemente asumirlo, y responder y explicar claramente a donde sea citado que lo que estamos haciendo es acudiendo a las cortes. Se trata de hacer las cosas apegado a la Constitución.