La decadencia de la Procuraduría

Nunca había estado tan cerca el final de la Procuraduría General de la Nación como ahora. El anuncio de esta semana del presidente electo, Gustavo Petro, sobre sus planes de convertir al órgano de control en “una gran fiscalía anticorrupción” son el inicio de su expiración. Aunque todavía no es claro cómo lo pretende realizar, ni cómo será el régimen de transición, sus palabras confirman la percepción de obsolescencia que viene generando la Procuraduría en los últimos años.

La crisis no llegó por inercia. Fue necesaria la confluencia de diferentes factores, entre los que está la aparición de instituciones que hoy cumplen con varias de las funciones del Ministerio Público y una serie de decisiones desafortunadas de algunos procuradores generales. El que alguna vez se consideró un elemento intocable del aparato estatal colombiano, actualmente es una entidad en decadencia que parece fácilmente prescindible.

Durante muchos años, cuando reinaba la Constitución de 1886, la Procuraduría jugó un papel importante. En sus manos estaba la vigilancia de los derechos humanos en el país y era el único organismo que podía llamar a cuentas a los militares, debido a que su fuero impedía que los juzgara la jurisdicción ordinaria. Con el presidente ocurría una situación similar. El fuerte presidencialismo de entonces convertía al mandatario de turno en una figura intocable —mucho más que hoy— y la Procuraduría cumplía solitariamente la tarea de ser su contrapeso institucional. En 1970, por ejemplo, cuando Misael Pastrana y Gustavo Rojas competían por la presidencia, el procurador Mario Aramburu amonestó al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo por pronunciarse públicamente en favor del candidato del Frente Nacional. Eran otros tiempos y la Procuraduría era indispensable.