Las respuestas inconclusas de las autoridades sobre el robo de los dineros de la paz

Hay más preguntas que respuestas sobre las investigaciones que llevan las autoridades para establecer si realmente funcionarios cobraron coimas para dar viabilidad a proyectos que buscan beneficiar a municipios que se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto armado. Sus actuaciones se conocieron solo hasta este año cuando estalló el escándalo por cuenta de una publicación de Blu Radio.

Por ahora, se sabe que en marzo del 2021 Emilio Archila, el exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y quien presidía el Ocad-Paz, que es la entidad del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios PDET, envió unos correos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en los que alertó sobre los posibles hechos de corrupción que estaban poniéndole de conocimiento a través de su correo electrónico.

Los correos salieron directamente al fiscal general, Francisco Barbosa; a la procuradora Margarita Cabello; al contralor Felipe Córdoba, y a la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Elena Londoño, y el asunto de la carta de Archila decía “traslado de denuncia recibida vía correo electrónico denominada ‘denuncia contra Álvaro Ávila, secretario técnico de la Ocad-Paz”.