Riesgos y oportunidades del Estado emprendedor

Durante varios años hemos defendido reiteradamente la idea de producir maíz y soya en el país para reemplazar la importación de esos productos. Esta sería la etapa inicial de un macroproyecto de incorporación de la altillanura a la economía moderna y abriría otra salida al mundo por el Orinoco. Eso requeriría una gran inversión en infraestructura de transporte, un ferrocarril o una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, grandes inversiones privadas en preparación de suelos, y un programa oficial para atraer grandes capitales y empresas multinacionales a desarrollar la región. Habría que hacer también una costosa inversión en investigación y desarrollo de tecnologías de cultivo y de semillas de alto rendimiento, y admitir la explotación de empresas agropecuarias comerciales que cultiven en grandes extensiones. Esto es algo que puede promover un gobierno de izquierda más fácilmente que un gobierno de otra orientación.

Cabe recordar que las peores hambrunas no las provocan los mercados, las catástrofes o las condiciones ambientales, sino los gobiernos.

Aproximadamente en un periodo de 5 años se podría reemplazar por lo menos el 50 por ciento de esas importaciones en cerca de 1.2 millones de hectáreas de expansión de la frontera agrícola. Poner todo esto a andar y llevarlo a cabo requiere de un Estado emprendedor, igual a los que ha hecho tener en cuenta Mariana Mazzucato en sus escritos que, por estar referidos a países mucho más avanzados, han dado la impresión equivocada de que esas oportunidades de emprendimiento gubernamental solamente están disponibles en la aplicación de alta tecnología, o en desarrollos científicos muy sofisticados. En este caso, se trataría de emular lo que ha hecho el gobierno de Brasil para convertir a su sector agroindustrial en líder mundial de exportación de alimentos, utilizando instituciones estatales y un genuino emprendimiento oficial para crear un instituto de investigación y desarrollo de tecnología agrícola y ciencias naturales (Embrapa), por ejemplo; y para inducir al sector privado a invertir en proyectos de desarrollo productivo y exportador. Esto exige desarrollar en el gobierno colombiano instituciones, talentos, capacidades y procesos que hoy no se tienen, e inducir valores éticos, compromiso y patriotismo constructivo que están ausentes en la burocracia estatal, en la dirigencia política y en la élite social y económica.