La Corte dice que los partidos sí pueden sancionar a sus integrantes elegidos por voto popular

El 17 de marzo de 2022, el consejo de control ético del Partido Cambio Radical sancionó, con la pérdida de voto en la Asamblea de Nariño, al diputado de esa colectividad Orlando David Mora, por doble militancia. El proceso disciplinario se le abrió porque, siendo de Cambio Radical, apareció con su hermano en el acto en el cual Juan Manuel Galán se inscribió al Senado por el Nuevo Liberalismo. La sanción se convirtió en el foco de un extenso debate jurídico que llegó hasta la Corte Constitucional.

Mora presentó una tutela con múltiples argumentos para defenderse ante la decisión, pero fue uno el que llamó principalmente la atención: el que aseguró que la sanción en su contra causaba un perjuicio irremediable de sus derechos políticos; que quitarle su voz y voto en la Asamblea era casi equiparable a ser destituido y que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro Urrego dice que solo un juez penal puede afectar derechos políticos y no una autoridad administrativa o un particular que ejercen funciones públicas.

Ese argumento planteó ante la Corte Constitucional un debate novedoso sobre las implicaciones de esa decisión internacional. En la sentencia conocida por CAMBIO, el alto tribunal hizo varias precisiones. Primero, dijo que las finalidades políticas que tienen las sanciones que imponen los partidos – por ejemplo, la doble militancia o la inobservancia del régimen de bancadas–, no necesitan la intervención de un juez.