
El expresidente Uribe “coordinó, dirigió y avaló” la estrategia para conseguir testigos falsos, dice la Fiscalía
El escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el llamado formal al juicio.
El escrito de acusación que radicó la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, dice que “bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval” de Uribe se buscaron testimonios falsos.
Por: Sylvia Charry
En un documento de trece páginas, el fiscal primero delegado ante la Corte, Gilberto Iván Villarreal Parra, resumió los argumentos con los que llamarán a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía es contundente: el expresidente, “contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia para buscar testimonios” que lo beneficiaran a él y a su hermano, Santiago Uribe, en un proceso por paramilitarismo y que perjudicaran al senador Iván Cepeda, al señalar que habían sido presionados para relacionar a los Uribe con el paramilitarismo.
Es preciso recordar que el proceso contra Uribe lo abrió la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018, cuando archivó una indagación que cursaba contra el senador Iván Cepeda por una denuncia de Uribe que aseguraba que estaba entrando a cárceles para manipular testigos e influir ante exparamilitares, para que declararan en procesos judiciales contra los Uribe por paramilitarismo. En ese momento, la Corte determinó que eran falsos los señalamientos contra Cepeda, pero que, en cambio, habían indicios sobre las presiones a algunos paramilitares para declarar contra Cepeda y a favor de los Uribe. Dos años después, la Corte llamó a indagatoria al expresidente y ordenó su captura. Sin embargo, como Uribe renunció al Senado en agosto de 2020, el caso quedó en manos de la Fiscalía.
El escrito de acusación de la Fiscalía llegó cuatro años después de que recibiera el proceso y luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales de la administración de Francisco Barbosa.
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