‘Ley Anticlanes’: el proyecto que limitaría candidaturas al Congreso de familiares de gobernadores y alcaldes

En municipios y departamentos del país es común que el poder político pase de generación en generación, con familiares de alcaldes y gobernadores llegando al Congreso gracias a la influencia de sus parientes. Para frenar esa práctica -que puede fácilmente mutar en corrupción-, senadores de diferentes bancadas radicaron un proyecto de ley orientado a garantizar que los cargos públicos no se conviertan en trampolines electorales.

Con frecuencia, los apellidos que dominan alcaldías y gobernaciones en el país también aparecen en las listas de partidos políticos para aspirar al Congreso. Para los autores de la iniciativa, más que una simple coincidencia, estos patrones reflejan cómo se reproduce la influencia política de clanes para trasladar en diferentes periodos su influencia de lo local a lo nacional.

Edwing Fabián Diaz, senador de la Alianza Verde y autor de la iniciativa, explicó a CAMBIO cómo el proyecto buscaría impedir que recursos públicos, maquinaria local y capacidad contractual de sus administraciones territoriales sean utilizados por alcaldes o gobernadores para garantizar que sus familiares accedan a curules con el fin de perpetuar su herencia política.

“Con las capacidades de mandatarios locales se estaría dando un indebido favorecimiento a sus familiares con interés en elegirse como congresistas. Esto es más común de lo que se piensa. Basta con revisar cómo cada cuatrienio se repiten los mismos apellidos en las diferentes curules y la relación que tienen con las cabezas de los entes territoriales”, explicó.

En el texto, radicado ante la Secretaría del Senado, se plantea abordar un vacío normativo que ha permitido que el poder territorial incida de manera desproporcionada en la competencia electoral nacional. En ese sentido, la iniciativa establece parámetros para evitar ventajas indebidas, conflictos de interés y desequilibrios institucionales.

Los mecanismos que plantea la ‘Ley Anticlanes’ para limitar el poder hereditario

El pasado 23 de octubre, la Procuraduría suspendió por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta participación indebida en política. Según el Ministerio Público, la investigación disciplinaria se inició debido a que el mandatario local habría participado en actos de campaña y utilizado elementos distintivos de la aspiración de su esposa, Laura Ahumada, al Senado.

Para frenar prácticas como las investigadas por la Procuraduría, la ‘Ley Anticlanes’ busca establecer la figura de incompatibilidad sobreviniente para alcaldes y gobernadores. El mecanismo aplicaría cuando, durante el periodo por el que fueron elegidos, los mandatarios locales, familiares o cónyuges sean inscritos por partidos políticos para aspirar al Congreso.

El senador Alfredo Deluque, uno de los autores de la iniciativa, explicó a CAMBIO que la nueva ley funcionaría de forma automática: si durante el mandato de un alcalde o gobernador su cónyuge, compañera permanente o un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad es elegido como congresista, se configuraría la incompatibilidad y se activarían mecanismos para separar al mandatario de su cargo.

“Por ejemplo, si el hermano de un alcalde resulta elegido congresista durante el mandato, la incompatibilidad surge desde la elección, e incluso desde la inscripción. Con la verificación de la autoridad competente, se declararía la causal para proceder a realizar el encargo o reemplazo conforme a las reglas legales vigentes”, explicó Deluque.

En caso de que familiares aspiren al Congreso, los mandatarios locales que se encuentren en ejercicio de sus funciones podrán renunciar para facilitar un relevo ordenado en el manejo del poder en sus territorios. Según los autores de la iniciativa, estos cambios impedirían que los clanes políticos utilicen su posición para favorecer a sus parientes mediante redes clientelistas con influencia electoral.

Los retos del proyecto que busca romper la cadena familiar del poder en los territorios

Los sectores que promueven la ‘Ley Anticlanes’ destacan que el proyecto permitiría establecer medidas para evitar el desvío de recursos públicos, que afecta la igualdad en la contienda electoral y genera falta de transparencia en procesos de contratación. En casos de ese tipo, se declararía la incompatibilidad y se aplicaría el régimen de faltas, vacancias y reemplazos.

Uno de los retos que enfrenta la iniciativa es el escenario en el que algunos sectores podrían interpretar el proyecto como una restricción a los derechos políticos o a la libertad de elección de los ciudadanos. En ese sentido, los autores del proyecto reiteraron que la nueva ley no proscribe la participación política de ningún ciudadano ni limita la libre elección.

“El debate técnico-jurídico está abierto. La iniciativa se irá modulando de acuerdo a esta retroalimentación. La modulación de los derechos políticos será minuciosamente estudiada y ponderada con el interés general y con la afectación que el clientelismo y otros delitos derivados de la reproducción hereditaria del poder político”, explicó el senador Fabián Díaz.

El congresista Alfredo Deluque, por su parte, enfatizó en que la iniciativa se centra en regular la simultaneidad de cargos estrechamente vinculados por parentesco para prevenir posibles conflictos de interés. Para el senador del Partido de La U, corresponde a una medida preventiva con la que se preservaría la libertad de la ciudadanía a elegir, al tiempo que se evita que lazos familiares comprometan la transparencia en la gestión pública.

Por su parte, el senador Richard Fuelantala, quien ocupa la circunscripción especial indígena, destacó que el proyecto activaría la incompatibilidad en las fases de inscripción, elección o posesión del familiar de alcaldes o gobernadores como congresistas. Con esos mecanismos, se evita que los mandatarios locales eludan las restricciones mediante candidaturas tácticas o posibles renuncias oportunistas.

La ‘Ley Anticlanes’ iniciará su trámite en la última legislatura del cuatrienio, con el propósito de evitar que los apellidos de familias con poder local se repitan en el Congreso como parte de la perpetuación de clanes en la política. La iniciativa buscaría cortar de raíz esa herencia, mediante la actuación automática del régimen de vacancias y reemplazos ante casos de incompatibilidad.

El Pacto Histórico inscribió como candidata al Senado a la esposa de un Exalcalde imputado por corrupción.
La Sra Ahumada fue presentada por el precandidato imputado por corrupción que quiere resetear la política.
¿Y el Comité de Ética?
¿Sin filtros como los Partidos que tanto… pic.twitter.com/ccJiJ0INfu

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 28, 2025