Una reparación 'de mala gana': el agridulce final de la lucha de una exfiscal que sufrió 12 años de exilio

“Muchos entregaron la vida y los que quedamos vivos entregamos nuestros proyectos de vida que quedaron en suspenso. El Estado debía protegernos y ahora debía repararnos y lo hace, pero de mala gana. Como diciendo: ‘no moleste más’. ¿Las víctimas están en el centro? Eso no existe. Es una mentira”.

Las palabras son de Mónica Gaitán, una exfiscal de la Unidad de Derechos Humanos que sufrió por 12 años los dolores que implica el exilio y que ha luchado junto con su esposo, el exjuez Genaro Olaya, para que el daño que sufrieron sea resarcido. Aunque finalmente la anhelada reparación llegó, la decisión judicial que la concedió deja mucho que desear: pudo haber sido un fallo histórico sobre los impactos del exilio, pero quedó en un mero trámite.

En decisión de finales del año pasado, que apenas se notificó, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable a la Nación, representada por la Fiscalía, por los daños y perjuicios sufridos por la exfiscal Gaitán, quien investigaba la masacre de Chengue del año 2001 y quien tuvo que irse del país luego que su mano derecha, la fiscal Yolanda Paternina, fuera asesinada, y que el fiscal de la época, Luis Camilo Osorio, le frenara la expedición de unas órdenes de captura contra mandos de la Armada.