“La expectativa está en que las sanciones respondan de forma proporcional a los crímenes”: abogado de víctimas de ‘falsos positivos’

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz anunciará la primera condena en relación con casos de ejecuciones extrajudiciales, específicamente en el subcaso Costa Caribe del macrocaso 003. Las sanciones se impondrán a 12 antiguos integrantes del Batallón de Artillería La Popa, quienes reconocieron responsabilidad y aportaron verdad sobre 135 asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como falsas bajas en combate en Cesar y La Guajira entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Doce de estas víctimas hacían parte de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.

La JEP ha determinado que el Ejército Nacional asesinó a personas señaladas de ser integrantes de grupos armados o delincuentes comunes sin contar con información que verificara dichos señalamientos, en falsos combates y en acciones que se hicieron en conjunto con paramilitares. Igualmente, fueron asesinadas personas vulnerables, bajo la presunción de que la sociedad no reclamaría por su muerte. En la previa de esta histórica decisión, CAMBIO habló con Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a las familias de 11 víctimas.

CAMBIO: ¿Cuál es la expectativa luego de este proceso transicional?

Sebastián Escobar: En términos de responsabilidad penal por los hechos que investiga la JEP, desde hace tiempo sabemos hacia dónde va dirigido el caso, ya que hubo un reconocimiento de responsabilidad (por parte de los exmilitares) luego del Auto de Determinación de Hechos y Conductas que es la imputación que formuló la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Yo creo que la expectativa de la sentencia en la actualidad más que con la decisión de condenar a estas personas que reconocieron responsabilidad por los asesinatos y las desapariciones forzadas de civiles, está centrada en las sanciones propias que deben purgar las personas que resulten condenadas, para que se trate de sanciones que respondan a la proporcionalidad de las conductas.

Sabemos que no se van a imponer penas privativas de la libertad, pero igual las sanciones sí implican una restricción efectiva de este derecho. Por otro lado, esperamos que el componente reparador-restaurador tenga un efecto desde esa naturaleza sobre las víctimas de este subcaso. Ese el gran desafío que tiene la Jurisdicción.

CAMBIO: Los comparecientes, los militares, tendrán que hacer trabajos específicos, y algunos versan sobre temas de memoria. ¿Ha sido fácil para las víctimas comprender que este modelo no tiene cárcel? ¿Se considera suficiente este tipo de trabajos para reparar el daño causado?

S.E.: Creo que sí hay una comprensión por parte de las víctimas que han venido participando en el proceso sobre la naturaleza no esencialmente retributiva de la sanción y el hecho que estas van orientadas a contribuir para restaurar el daño. En donde todavía hay una discusión sensible es en torno a la forma en la que se va a materializar ese componente reparador y restaurativo: hacia qué debe estar orientado, qué va a restaurar, cómo van a participar las víctimas o si serán destinatarias de ese efecto reparador y restaurador. Hay preguntas sobre si las obras o las actividades que se están implementando son realmente proporcionales a la naturaleza del daño. Insisto, hay que buscar un componente de proporcionalidad. Esto sigue siendo un asunto que despierta críticas. Creo que ese asunto será una de las varas con las que se va a medir la legitimidad de las sanciones que imponga la jurisdicción y no solo por parte de las víctimas, sino de la sociedad en general.

CAMBIO: Uno de los temas claves en este subcaso Caribe es si se alcanzó una verdad adicional a la que ya se había obtenido en la justicia ordinaria. ¿En la JEP se pudo conocer algo que no supiéramos antes?

S.E.: Esta pregunta merece una reflexión más profunda, partiendo de las limitaciones que tiene el modelo de enjuiciamiento que implementa la JEP, que, como todo modelo de intervención judicial, tiene elementos positivos y ciertos vacíos. En los positivos, hay que destacar que es un proceso que facilita la contribución individual de las personas que tuvieron responsabilidad en los hechos: quienes fueron condenados en la Jurisdicción Penal Ordinaria tienen incentivos para llegar a colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido y acceder a un tratamiento más beneficioso. En la medida en que cada persona contribuye, desde el lugar que ocupó y de lo que es testigo, se van armando las piezas de un rompecabezas mucho más grande. Yo creo que la jurisdicción ha venido haciendo una suerte de labor de encajar esas piezas de un rompecabezas que es un gran paisaje. 

Y por eso sí podemos hablar de cambios importantes con relación a la jurisdicción ordinaria: en ese modelo se investiga el caso a caso y eso no permitía ver ese panorama más general, de la identificación, de la magnitud del ataque en el número de víctimas. Ese modelo no permitía identificar y caracterizar los patrones macrocriminales, el plan criminal que hubo detrás de esto, cómo operaron los aparatos criminales que desencadenaron esta violencia y cómo esos aparatos se facilitaron desde la fuerza pública.

De otro lado, obviamente uno ve vacíos que generan a veces una frustración especial para las víctimas -que es totalmente entendible- en las particularidades individuales de los casos.

CAMBIO: ¿Cómo cuáles?

S.E.: Muchas de las víctimas acuden a estos procesos pensando en que se esclarezca la dinámica general del fenómeno de violencia, pero también buscando respuestas de por qué su ser querido fue víctima o esperando detalles de cómo y en qué circunstancias murió. Y, a veces, el modelo de la JEP no puede ofrecer esos detalles porque utiliza criterios como la selección de responsables. En este caso fueron 15, pero solo 12 reconocieron responsabilidad (los otros tres se fueron a juicio transicional). Y esos 12 no tienen conocimiento de todos los hechos de violencia perpetrados en ese periodo y no pueden ofrecer información tan clara que responda a esas demandas individuales.

En todo caso, esa verdad también termina entrelazada con un tema de justicia que creo que sí es más difícil de comprender a veces para las víctimas: el hecho de que muchas de las personas que participaron en los crímenes de sus familiares, al no ser seleccionados como máximos responsables, terminen beneficiados de otro tipo de decisiones como la renuncia a la persecución penal o la ejecución condicional de la pena, que no tiene la misma naturaleza de una sentencia que los condene por los hechos.

CAMBIO: Hay tres personas en juicio, incluido el coronel José Pastor Ruiz Mahecha y el coronel en retiro Publio Hernán Mejía, cuyo juicio ya terminó sin que este aceptara su responsabilidad…

S.E.: De los 15 comparecientes seleccionados, tres no reconocieron responsabilidad. Entre ellos, los dos comandantes del Batallón La Popa para el periodo de análisis 2002-2004. Se trata de Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa. En el caso de Mejía, el juicio comenzó hace un mes aproximadamente y está pendiente de conocerse la sentencia de la otra sección del tribunal, que es la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Y está por iniciarse el juicio de Juan Carlos Figueroa Suárez.

CAMBIO: Había mucho recelo del proceso en la JEP porque era un modelo nuevo, y porque involucraba a militares que en buena parte ya tenían condenas y estaban presos. ¿Cuál es el balance hoy en materia de verdad?

S.E.: Creo que es difícil hacer ese balance teniendo como parámetro de evaluación únicamente uno de los subcasos.

En este subcaso hay un avance en la medida en que se da una primera sentencia, pero es una sentencia que llega después de casi ocho años de funcionamiento de la JEP, de 15 que tiene de periodo. Es decir, se tomó más de la mitad del tiempo para producir una sentencia y hay 11 macrocasos abiertos que también esperan decisiones. Entonces, ese balance es más que analizar esta sentencia. 

Ahora, en términos de la sentencia en concreto, obviamente es importante que ya se llegue a una decisión final sobre el caso, incluso aún en el escenario en el que las víctimas puedan mantener desacuerdos con la decisión. Es una sentencia de primera instancia que, en todo caso, tiene la posibilidad de ser recurrida tanto por los comparecientes como por las víctimas. Creo que era ya importante que hubiera una decisión de fondo en el caso particular.

Ahora, si vamos a una evaluación más general, creo que la jurisdicción sigue estando en un déficit grande en términos de resolver y de impulsar las investigaciones. En el caso 03, todavía faltan los otros subcasos por llegar a decisiones de fondo.

Uno percibe que dentro de la estrategia de investigación de la jurisdicción hay un reconocimiento de integrantes de la fuerza pública en este tipo de casos hasta un cierto punto. Pero una vez se supera cierto nivel de la jerarquía, (los militares) se van justamente por la vía de la ausencia de reconocimiento de responsabilidad y eso también implica la capacidad de las otras instancias de la JEP para llevar esos casos a un juicio público y de lograr sentencias condenatorias.

CAMBIO: Y si se hace una mirada más general del avance de la JEP…

S.E.: En una evaluación general, sobre todo, hace falta llegar a una lectura nacional del fenómeno que permita lograr la revelación de las responsabilidades al más alto nivel, porque hasta ahora, lo que hemos visto en el marco de esta sentencia, hablamos de una responsabilidad a nivel de batallón.

En algunos otros autos se da a nivel de brigada, pero todavía nos falta el impulso de una fase nacional que hasta ahora está comenzado. Queda poco tiempo de funcionamiento, en especial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, y ni hablar de los otros casos que involucran responsabilidad de la fuerza pública, como el macrocaso 08, que tiene retrasos en la materia.

Hago un llamado a impulsar las investigaciones en curso, un llamado a que esas investigaciones no se queden con enfoques o hipótesis de investigación de un bajo nivel, sino que vayan prontamente hacia las hipótesis de responsabilidad nacional. El tiempo es corto y urge avanzar con celeridad.