“Seguimos siendo víctimas”: la expectativa por la primera sentencia de la JEP por 'falsos positivos'

La Jurisdicción Especial para la Paz dará a conocer la próxima semana la primera sentencia relacionada con el horror de las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’: versará sobre el subcaso Caribe, incluido en el macrocaso 003 en el que fueron imputados 12 exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa, de Valledupar, por 135 asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Está previsto que la sentencia se conozca el jueves 18 de septiembre. En este subcaso se incluyen ‘falsos positivos’ realizados en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena y algunas de las víctimas eran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad.

Que ellos acepten el daño que nos han causado como familia

Una de las víctimas fue el indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, quien fue sacado de su casa a la fuerza en el corregimiento de Atanquez de Valledupar y ejecutado el 4 de octubre de 2004. Su hermana, Sol Maestre, ha hecho todo el proceso en la JEP. Ha acudido a las diferentes audiencias en las que estuvieron cara a cara con los militares que reconocieron que las personas que mataron no tenían nada que ver con grupos ilegales.

En diálogo con CAMBIO, cuando por fin se acerca la emisión de la sentencia, Maestre espera que los uniformados que aún no han reconocido la participación en los crímenes, lo hagan. “Que ellos acepten el daño que nos han causado como familia, como pueblo. Sabemos que hay unos procesados que han aceptado los cargos, pero que los máximos responsables no aceptan”, dijo.

En palabras sencillas, dice Maestre, los militares que ejecutaron el crimen seguían una orden. “Eran mandados por otras personas que tenían otro cargo mayor al de ellos. Queremos que eso no se quede así. Los máximos responsables aún están sueltos, aún no han reconocido, aún no ha dicho por qué o quiénes les dieron la orden a ellos para que mandaran a asesinar a nuestros familiares”, indicó.

Maestre agradece el trabajo realizado en la JEP porque, aunque largo, les ha permitido conocer respuestas a preguntas que pensaban que se iban a quedar inconclusas. “Yo nunca pensé estar al frente de la persona que dio la orden para que asesinara a mi hermano, de la persona que le quitó la vida, nunca lo pensé. Pero hoy le doy gracias a Dios porque ha sido misericordioso para estar frente de esa persona y poder decirle que lo perdonamos”.

El perdón es un asunto personal. Maestre decidió hacerlo para liberarse de una carga que llevaba sobre sus hombres por más de 20 años. Ahora, como integrante del pueblo Kankuamo, la reparación colectiva aún está lejos. Como ya se sabe que los exmilitares realizarán varios TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador), las víctimas están a la expectativa de finalmente cuáles se van a realizar.

“Ellos no solo dañaron la vida de las personas, dañaron nuestro territorio, lo mancharon”, explicó. Maestre sabe que la JEP no maneja la plata de la reparación de las víctimas, pero tal y como ha sucedido con las víctimas acreditadas en el macrocaso 01 sobre secuestro, las personas afectadas están pidiendo una reparación individual.

“Hay muchas madres, muchos padres, en condiciones vulnerables. Dependían de la persona (asesinada) para su sustento. Por eso, además de justicia, esperamos reparación. Ojalá los TOAR se puedan cumplir, que no nos vayan a dejar ahí, que eso no se quede en papel, sino en hechos”, agregó.

“Ellos no solo dañaron la vida de las personas, dañaron nuestro territorio, lo mancharon”

‘Que la sentencia no solo sean palabras bonitas, sino verdadera justicia’

Osmaira Nieves Oñate, indígena Wifa, es hermana de Luis Eduardo Oñate, quien fue ejecutado por integrantes del Ejército Nacional en 2004, en el marco de un plan criminal con paramilitares de la zona. Luis Eduardo iba en un carro con varias personas el 27 de febrero de 2004. Luego fueron bajados a la fuerza, y él fue ejecutado y presentado falsamente como paramilitar.

Su caso apareció como un “positivo” en un periódico local El Pilón. Nieves todavía lo guarda y lo ha llevado a las diferentes audiencias realizadas ante la JEP, para exigirle a los militares la verdad. “Un 27 de febrero lo agarraron. El 28 de febrero llegaba el presidente Álvaro Uribe aquí a Valledupar para uno de sus consejos de seguridad. ¿Qué seguridad estaba prestando?”, dijo la mujer en audiencia de julio de 2022.

Hoy, a la espera de la sentencia de la JEP, Nieves le dijo a CAMBIO que espera que la sentencia no solo sean palabras bonitas, sino verdadera justicia, y que se tenga en cuenta el dolor de las víctimas. “A veces nos dicen que habrá restauración, que habrá justicia, que primero las víctimas y a la larga no es así. Las víctimas siempre seguimos siendo víctimas. Muchas veces salimos inconformes de lo que nos proponen”, dijo.

La mujer explica que, como parte del pueblo Wiwa, tampoco se siente reparada. Lo primordial es un saneamiento de la tierra “que nos vio nacer, que fue la que nos crió. Hay que hacer una limpieza en nuestros territorios, en aquellos sitios sagrados que fueron saqueados e irrespetados por los militares de la fuerza pública, que era la que cuidada al civil y eso no fue así”.

Nieves señaló que ella ha escuchado a los militares que le pidieron perdón, pero que al final es Dios el que tiene “la facultad de hacerlo, no nosotros”. La mujer señala que el Estado le ha quitado el derecho y la identidad, y que la sentencia debe reflejar todas esas vulneraciones.

“Estamos en todo el derecho de exigir más, no de aceptar lo que crean que es conveniente para los victimarios. Todavía hoy me siento inconforme de que las noticias publicaban que se estaban dando resultados. Eran NN, pero sí tenían nombre y apellido”, le dijo Nieves a CAMBIO en medio de lágrimas.

Los imputados en este caso son el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fungió como c6omandante de batería y oficial de operaciones del Batallón La Popa; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones y ejecutivo y segundo comandante; el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, quien estuvo al frente de la sección segunda; el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la sección de inteligencia; y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, quien, además de haber sido comandante de batería, fue comandante del grupo especial Trueno.

Igualmente, fueron imputados el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, quien comandó varios pelotones, incluido el pelotón especial Zarpazo; el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, quien fungió como comandante de pelotón, incluido el grupo Zarpazo; el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de un pelotón de soldados regulares; el cabo tercero retirado Elkin Rojas, comandante de escuadra; y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, parte del pelotón Albardón 3 y Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, que conformaron el grupo especial Zarpazo.