MOE dice que no hay evidencia estadística de voto fusil en la segunda vuelta, como denunció la campaña de De la Espriella
Un estudio técnico de la Misión de Observación Electoral revisó los resultados en 557 municipios rurales con injerencia de grupos armados. Los números que encontró la MOE no cuadran con la tesis del constreñimiento generalizado.
Por: Juan David Cano
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el 14 de julio un estudio técnico sobre la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en el que concluye que no existe correlación estadística entre la injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI) en zonas rurales y los resultados obtenidos por las dos candidaturas en contienda.
El documento, titulado La paradoja del voto cautivo, se conoce después de la tensión postelectoral marcada por las denuncias de voto fusil que instaló el equipo jurídico de Abelardo de la Espriella desde el mismo día del cierre de urnas.
La expresión voto fusil se refiere al voto obtenido mediante amenaza o presión armada sobre el elector, y fue el centro de los cuestionamientos que la campaña ganadora sostuvo en contra de los resultados de Iván Cepeda.
El equipo del hoy presidente electo llegó a hablar de 85.000 sufragios sospechosos en 610 mesas de varios departamentos, y radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía por constreñimiento al sufragante.
Frente a ese escenario, la MOE adelantó tres análisis distintos: dos con la misma metodología aplicada tras las elecciones al Congreso de marzo, y uno más con el modelo estadístico que la organización utiliza desde 2007 para detectar atipicidades electorales, un mecanismo que en su origen sirvió para rastrear el fenómeno de la parapolítica.
¿Qué encontraron los tres análisis?
De los 975 municipios con puestos de votación rurales, la MOE identificó presencia de al menos un grupo armado en 557, es decir, el 57 por ciento del total.
En 375 opera un único actor y en 210 confluyen varios de manera simultánea, un dato que la organización interpreta como evidencia de fragmentación del conflicto y no de hegemonías consolidadas capaces de imponer una orientación política uniforme.
El primer ejercicio midió la fuerza de la asociación entre la injerencia armada y la votación de cada candidato mediante coeficientes de determinación.
Los valores obtenidos oscilaron entre 0,0184 y 0,0915 en una escala de 0 a 1, es decir, muy cercanos a cero. En términos estadísticos, esto significa que la presencia armada no explica las variaciones de voto observadas en la ruralidad.
El segundo análisis desagregó los resultados por tipo de grupo armado. Allí aparecen datos que contradicen la lectura del direccionamiento del voto.
En los 97 municipios con control hegemónico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su estructura Comuneros del Sur, De la Espriella ganó en 64 con un promedio del 79,28 por ciento. En los 163 municipios bajo control del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupos de origen paramilitar, Cepeda apenas obtuvo 68 victorias con promedios cercanos al 66 por ciento.
La única excepción a este patrón se registró en los 10 municipios con control hegemónico de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la Segunda Marquetalia y el Frente 57, donde Cepeda ganó en 8 con un promedio del 90,02 por ciento.
La MOE ubica estos casos en la Orinoquía y la Amazonía, y los atribuye a la articulación de opciones progresistas en la periferia más que a coacción armada, aunque advierte que el margen requiere análisis adicional.
Los dos municipios atípicos y el aumento de la participación
El tercer estudio, con el modelo histórico de la MOE, identificó comportamientos verdaderamente atípicos únicamente en dos municipios del Cauca: Jambaló y Toribío. La organización sostiene que las cifras no se explican por presión armada, sino por la fuerza de las organizaciones indígenas de base y su vínculo con agendas como la implementación del Acuerdo de Paz.
La MOE también documentó que la participación rural ha crecido sostenidamente en las últimas tres elecciones presidenciales: pasó del 52,13 en 2018 al 57,27 en 2022 y alcanzó el 64,39 por ciento en 2026.
La organización sostiene que este repunte responde a movilización democrática y al aumento de puestos rurales de votación, y no a presión armada.
El informe cierra con una advertencia contra las narrativas que reducen el voto rural a un producto de la coacción: "Insistir en la analogía de la violencia para explicar cualquier dinamismo en el comportamiento del electorado rural no solo es metodológicamente impreciso, sino profundamente estigmatizante", dijeron.
Aun así, la MOE reconoce la existencia de riesgos reales de control social y constreñimiento en distintos territorios, y llama a mantener el seguimiento a estas conductas de cara a las elecciones locales de 2027.
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