Nulidad en el caso Aguas Vivas: ¿qué está pasando con Daniel Quintero y qué viene en el caso en su contra?
La jueza 22 Penal del Circuito de Medellín devolvió el proceso, pero eso no significa que el exalcalde haya quedado absuelto. La Fiscalía y el Distrito ya anunciaron apelación. Estas son las piezas que se van a mover en las próximas semanas.
Por: Juan David Cano
La jueza 22 Penal del Circuito de Medellín decretó el martes 14 de julio la nulidad de la imputación de cargos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, y contra otras 12 personas vinculadas al proceso por el caso del lote Aguas Vivas.
La decisión, tomada en audiencia, se apoya en que la Fiscalía no habría cumplido con el estándar de precisión exigido para explicar los hechos por los cuales pretendía llevar a los procesados a juicio.
Los delitos por los que Quintero enfrentaba la investigación son prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
Entre los 12 restantes hay nueve exintegrantes de su gabinete y tres civiles. La jueza detalló su razonamiento a partir del caso puntual de Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general encargada de la Alcaldía, y sostuvo que la Fiscalía "no explicó con suficiencia cómo la conducta desplegada por la procesada se adecúa típicamente al delito endilgado, y es esta ausencia de detalle la que configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa de la imputada".
Qué se juega el próximo 6 de agosto
Sin embargo, la nulidad no equivale a una absolución. Lo que hace, en la práctica, es devolver el expediente a la etapa de imputación para que el ente acusador exponga de nuevo los cargos con la claridad que la jueza echó de menos. Y, además, la decisión todavía no está en firme.
La Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, reconocida como víctima dentro del proceso, anunciaron que apelarán la nulidad.
La sustentación del recurso quedó agendada para el 6 de agosto ante el Tribunal Superior de Medellín, que será la instancia encargada de definir si mantiene o revoca la decisión de primera instancia.
El penalista Santiago Trespalacios explicó a El Tiempo que si el Tribunal Superior confirma la decisión de la jueza, el efecto es completo:
"Es como si nunca hubiere habido imputación. No es que absuelva, condene o que la Fiscalía tenga que reformular, es hacer de cuenta que esto no pasó", dijo.
En ese escenario, la Fiscalía tendría varios caminos: asignar un nuevo fiscal, evaluar si hay o no mérito para seguir adelante, o formular una imputación nueva, distinta a una simple corrección de la anterior.
En caso de que decida volver a imputar, tendría que atender los reparos que la defensa planteó y que llevaron a la anulación: vicios que la jueza calificó como insalvables y una descripción insuficiente de los hechos.
El exalcalde celebró la decisión y la enmarcó en un relato de persecución política. En su cuenta de X escribió: "Dios gracias!!! Se hizo justicia. Anulado el caso de Aguas Vivas. No solo pediré a la @CIDH protección para mí, mi familia y mi equipo, sino que además vamos a crear la Fundación, Perseguidos Políticos, para proteger a personas que son perseguidas por razones políticas en Colombia y el mundo".
En el video que acompañó el mensaje, Quintero señaló directamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a la seccional de la Fiscalía en esa ciudad: "Fico (Federico Gutiérrez) y la Fiscalía de Medellín me persiguieron para sacarme del camino a la Presidencia y dañar mi reputación".
Y añadió: "Pido a la fiscal general de la Nación que investigue a Fico y a su equipo por el caso Aguas Vivas, pero que también investigue a la Fiscalía de Medellín. Esto no puede quedar así".
¿De qué trata el proceso contra Daniel Quintero?
El expediente gira alrededor de un predio ubicado entre el sector de Las Palmas y el municipio de Rionegro, cedido a la Alcaldía en 2019 mediante escritura pública como parte de una compensación urbanística.
Su avalúo inicial rondaba los 2.700 millones de pesos, pero, tras una serie de valoraciones que la investigación considera irregulares, la cifra subió por encima de los 42.000 millones. Ese salto abrió un pleito con los antiguos dueños y derivó en una conciliación que el Tribunal Administrativo de Antioquia dejó sin efecto por considerar que comprometía indebidamente recursos públicos.
Sobre ese lote, luego rebautizado Ecoparque Las Palmas, la administración Quintero proyectó el Parque Ambiental Valle del Software, una de las banderas de su gestión. El decreto 412 del 12 de mayo de 2023, con el que se fijaron los parámetros del proyecto, es uno de los actos administrativos cuestionados dentro de la investigación, en la medida en que, según el ente acusador, habría modificado el uso del suelo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, competencia que corresponde al Concejo de Medellín.
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