¿Qué hacen la Policía Judicial de la Contraloría en el Ministerio de Hacienda?

Poco antes de las diez de la mañana de este martes 28 de julio, un equipo de la Contraloría General de la República ingresó a las instalaciones del Ministerio de Hacienda. El objetivo es recoger papeles, extraer archivos digitales y llevarse insumos que puedan ser revisados en los próximos días.

La diligencia, que a las 12:30 seguía en curso, según pudo confirmar CAMBIO con una fuente del organismo de control, no es una redada ni un allanamiento, pero sí una actuación poco frecuente sobre la cartera que administra las finanzas públicas del país.

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¿Qué está pasando en el Ministerio de Hacienda?

El equipo desplegado pertenece a la Unidad de Reacción Inmediata, conocida como URI, que está adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.

Esa unidad cumple funciones de Policía Judicial dentro del ente de control, lo que le permite recaudar pruebas con validez para procesos posteriores. La propia Contraloría lo confirmó a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

“La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Reacción Inmediata, adscrita a la DIARI, desplegó el equipo de Policía Judicial hacia el Ministerio de Hacienda con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información, en el marco de sus facultades constitucionales y en concordancia con la Función de Advertencia notificada al Gobierno nacional”, señaló el organismo.

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La alerta pública que está detrás de la inspección

Para entender lo que está pasando en las oficinas del Ministerio hay que devolverse un día. El lunes 27 de julio, la Contraloría activó una Función de Advertencia, un mecanismo con el que el organismo alerta al Gobierno sobre riesgos que, si se materializan, pueden traducirse en pérdidas de recursos públicos y en eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para quienes ordenan el gasto.

En términos más sencillos, es una luz amarilla que la Contraloría prende antes de que ocurra un daño patrimonial, para que las autoridades ajusten a tiempo el rumbo.

Esa alerta llegó tras un análisis del periodo comprendido entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, justo después de que se levantaran las restricciones de la Ley de Garantías, la norma que limita la contratación estatal en épocas electorales.

Según el informe, en esas cuatro semanas el Gobierno de Gustavo Petro suscribió 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos, lo que representa un aumento del 22,5 por ciento frente al mismo lapso de hace cuatro años.

Dentro de ese universo, más de 11.000 se firmaron bajo la modalidad de contratación directa, la que no requiere licitación pública, pero que suele ser observada con lupa por los organismos de control.

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Los contratos preocupan pues, según recordó la Contraloría, el Gobierno atraviesa un momento delicado en materia fiscal: menor recaudo, presiones de caja, rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación.

En ese contexto, dijo, cualquier decisión de gasto debería estar respaldada por recursos ciertos y por capacidad real de ejecución.

Ahora lo que buscan es reunir el material que servirá como insumo para el análisis posterior sobre si las cuentas dan para el gasto que se hizo. Desde archivos físicos, hasta información digital y documentos relacionados con los compromisos financieros identificados como sensibles. Una vez terminado el recaudo, comenzará el estudio detallado de esa información.