"Una triste equivocación": MinInterior le responde a la Defensora que pidió no competir en crueldad con los criminales

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, le respondió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, después de que la funcionaria cuestionara la forma en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó los resultados de la Operación Azarías, el operativo militar contra las disidencias de alias Iván Mordisco que dejó 23 muertos en Guaviare.

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El cruce comenzó con un mensaje que la Defensoría del Pueblo publicó en sus redes. En él, Marín se refirió a las imágenes en las que se vio al presidente caminar entre los cuerpos de los abatidos, depositados en tulas blancas, durante la presentación del balance del operativo.

El Estado no puede competir en crueldad: el reclamo de la Defensoría

La defensora pidió que el Estado no mida su autoridad por su capacidad de generar miedo y advirtió sobre el riesgo de convertir la muerte en un mensaje de poder.

La funcionaria aclaró que no cuestionaba la legitimidad de las operaciones de la Fuerza Pública ni el deber del Estado de enfrentar a los grupos armados dentro de la Constitución y del derecho internacional humanitario, pero sí la manera en que el poder se ejerce y se comunica.

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"El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario", afirmó.

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Y agregó: "No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad".

El fantasma de los falsos positivos

Marín fue más allá y habló uno de los capítulos más graves del conflicto colombiano. Recordó que, en el pasado, medir los resultados de seguridad por el número de bajas derivó en los llamados falsos positivos, civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, hoy juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Aclaró, eso sí, que no atribuía esa lógica a la Operación Azarías. "No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación Azarías atiendan esa lógica, pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil, sometida a la acción de grupos criminales", aseguró.

La defensora también mencionó un portal que, dijo, lleva la cuenta de los muertos y otros resultados operativos desde la posesión del nuevo presidente. Aunque precisó que no está confirmado que se trate de una página oficial, sí dijo que influenciaba la política de resultados operacionales que tanto daño le hizo a Colombia en el pasado reciente.

"El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad. No necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad", concluyó.

La respuesta de Rodrigo Lara, ministro del Interior, a Iris Marín

Lara respondió por el mismo canal. El ministro reconoció el papel de la Defensoría, pero marcó distancia frente a lo que interpretó como una comparación entre el Estado y los grupos armados.

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"La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional", dijo.

Y agregó: "Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde. El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país".

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El jefe de la cartera política de De la Espriella también dijo que el operativo era parte del giro que el Gobierno le viene dando a la seguridad, con el desmonte de la Paz Total, la estrategia de negociación con grupos armados impulsada por la administración de Gustavo Petro.

"Colombia está poniendo fin al cinismo de la Paz Total, la política que entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país. Seguiremos haciendo cumplir la ley. Queremos contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de nuestra misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen", concluyó.