Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle.
Crédito: Colprensa.
Así manipuló contratos el exgobernador Juan Carlos Abadía: pagará 21 años de cárcel
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Fue declarado culpable de afectar adrede el erario, manipulando contratos para adquirir material bibliográfico, a fin de que fueran entregados a una empresa específica. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le impuso una de las condenas más altas que ha dictado el alto tribunal. Detalles.
El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía Ocampo fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras ser hallado responsable de direccionar un contrato por 1.072 millones de pesos que buscaba dotar con material bibliográfico a 40 colegios en diez municipios.
La condena contra el exgobernador es una de las más altas que ha dictado el alto tribunal: 21 años y 7 meses de prisión efectiva, sin posibilidad de casa por cárcel. Abadía fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
La sentencia de 178 páginas, dictada por la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, señala que Abadía manipuló todo el proceso de contratación para que el convenio se lo dieran a la Fundación Calimío, cuya representante legal era Luz Delly Martínez Cárdenas. Al final, se comprobó que aunque el contrato era por 1.072 millones, de los cuales la Gobernación dio 1.000 y la fundación el resto, los libros solo costaron 182 millones.
Esto permitió que los representantes legales de la Fundación Calimío, y de Ediciones Alfa Omega y Editorial La Clave del Saber, se apropiaran del dinero restante entregado por el entonces gobernador. Todo pasó en enero de 2010.
Según la sentencia, Abadía sabía que el negocio estaba mal estructurado y que la fundación no tenía los requisitos para llevar a cabo el objeto de contrato. Esto con el agravante de que Abadía conocía cómo se hacían esos procesos de contratación y, al mismo tiempo, sabía de los límites que tienen los contratos de cara al presupuesto anual de la Gobernación.
“Era consciente de que, si el valor superaba la mínima cuantía, la escogencia del contratista debía hacerse a través de licitación pública. Aun así, los rubricó y permitió que la Secretaría de Educación acudiera a la figura especial del convenio de cooperación, modalidad que utilizó como fachada para adjudicarlo sin licitación pública a la fundación Calimío”, dice el fallo.
La Corte agregó que a pesar de que la fundación no era idónea, el contrato se hizo “como parte del contubernio con el que serían favorecidos José Antonio Rodríguez Molina y su cónyuge, Luz Piedad Hurtado Cardona, quienes bajo la figura de la subcontratación terminaron suministrando los textos escolares al departamento del Valle del Cauca”.
La trampa, organizada en la Gobernación, permitió que actores que no tenían nada que ver con la fase de contratación intervinieran. Es el caso de José Antonio Rodríguez Molina, que participó en la etapa precontractual y de ejecución del convenio a través de las empresas con las que mantenía vínculo familiar o laboral, que son el Grupo Editorial Pacífico, Ediciones y Dotaciones Viejo Caldas y Ediciones Alfa & Omega.
Según la Corte, los precios fueron desproporcionados. Abadía lo permitió. “Edificó un convenio de cooperación de interés público en el que una fundación sirvió de puente para la apropiación de los recursos del departamento, en beneficio de particulares que de principio a fin estuvieron involucrados en las irregularidades que marcaron el proceso contractual”, dice el fallo.
Según el fallo, “lo relevante es que el aporte del exgobernador Abadía Ocampo garantizó la consumación de los punibles al participar en la elaboración de los estudios previos y al omitir controlar y vigilar, de manera consciente y voluntaria las actuaciones de sus subalternos, máxime, si la función contractual estaba desconcentrada y recaía en la dependencia de este último funcionario, lo que claramente obedeció a la realización de un mismo objetivo, pues a sabiendas de que el trámite adelantado no cumplía con los requisitos legales esenciales y las implicaciones que ello conllevaría suscribió un contrato ilegal, lo que creo un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en el resultado típico ya conocido”.
Abadía tendrá que pagar una multa de 914.271.500 pesos y no podrá tener casa por cárcel, como buscaba, alegando que es padre de un menor de edad. La Corte dijo que su hijo no quedará desprotegido, porque cuenta con su madre y su familia para su cuidado y atención.
