¿Por qué si las Cortes unieron filas a su favor, el lío de las sanciones de la Procuraduría está lejos de resolverse?
Mientras Gregorio Eljach calienta motores, las Cortes colombianas se alinearon en defensa de la facultad de la Procuraduría para sancionar a los elegidos por voto popular, en un proceso que ahora tendrá revisión automática por juez administrativo. Expertos insisten en que esta fórmula sigue sin cumplir el mandato de la Corte IDH en el caso Petro y anticipan que vendrán más demandas internacionales. ¿Qué pasará?
Durante todo el año, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sostuvieron una disputa sobre el largo y complejo debate en torno a las funciones de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular, incluso con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Hoy, a pocas semanas de que termine el año 2024, dicha controversia ha sido zanjada.
Como había dicho la Corte en 2023, el Consejo de Estado ratificó que las sanciones pueden emitirse y tendrán una revisión judicial posterior automática, de la que se encargará el juez administrativo (el Consejo de Estado).
Si bien el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Gustavo Petro indicó que solo un juez penal puede afectar derechos políticos, para ambas cortes ese mandato tenía que armonizarse con las leyes internas. Por eso, los dos altos tribunales advirtieron que un juez podría hacer la revisión, así este no fuera penal.
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