Código Electoral: el nuevo examen del Gobierno en el Congreso
Crédito: Fotoilustración de Yamith Mariño
El proyecto para cambiar el Código Electoral no goza de un ambiente muy favorable. ¿Por qué?
Por: Redacción Cambio
Luego de hundir la reforma política, la Comisión Primera del Senado tiene la tarea de debatir los artículos más polémicos de la reforma al Código Electoral que hace trámite en el Congreso desde el año pasado. La iniciativa fue radicada el 8 de agosto de 2022 por el ministro del Interior, Alfonso Prada, en compañía del registrador nacional, Alexander Vega.
La ideal del Gobierno era que la reforma al Código Electoral estuviera aprobada a más tardar en diciembre del año pasado. De hecho, la radicó con mensaje de urgencia. Sin embargo, en noviembre el ministro Alfonso Prada quitó ese mensaje por la presión de varios sectores políticos y académicos. En ese entonces, varios senadores como Humberto de la Calle, Paloma Valencia y JotaPe Hernández decidieron romper el cuórum en la comisión para frenar la discusión de la iniciativa, argumentando que se necesitaba un tiempo razonable para analizar los 277 artículos, de los cuales había muchos controversiales. Esta alianza entre congresistas de fuerzas del Gobierno, independientes y de oposición hizo que la reforma aplazara su debate hasta el inicio del periodo legislativo de este año.
Aunque el 23 de marzo pasado fueron aprobados 211 artículos en una sola sesión, aún restan por ser discutidos y aprobados 66 artículos, que son, justamente, los más controversiales.
¿Cuáles son las propuestas que no convencen?
Una de las propuestas que ha generado más críticas en el Congreso es la supuesta concentración de poderes que se daría en la Registraduría, especialmente si se establece que la autenticación digital quede en manos exclusivamente de esta entidad.
En la práctica, esto significa que ninguna otra entidad ni privada ni pública podrá encargarse de autenticar las firmas digitales e identificación biométrica, como sí ocurre actualmente en bancos y otras entidades privadas. Esta posibilidad ha sido criticada por gremios tecnológicos, los cuales consideran que esto generaría un “monopolio” y desconocería la inversión que han hecho las empresas en mejorar los sistemas de autenticación de identidad. "El perjuicio para el país sería enorme y veríamos un retroceso grave", dijo Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, que agrupa a decenas de empresas tecnológicas del país.
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Otra de las preocupaciones es el posible aumento de la contratación de personal en la Registraduría, como lo advirtió el senador Humberto de la Calle. "Es excesiva la burocracia que se desprende de este proyecto", dijo el congresista. La preocupación en este sentido se fundamenta en que el articulado le daría la posibilidad a la Registraduría de crear más de 1.000 nuevos cargos a nivel regional, entre ellos 32 registradores departamentales nuevos. La entidad ha explicado que la mayoría de esas plazas serán cubiertas por funcionarios de carrera que ya hacen parte de la institución en la actualidad.
Finalmente, otro de los cambios que quiere introducir el nuevo Código Electoral, de manera progresiva, son los avances tecnológicos en las jornadas de elecciones. Por un lado, está la implementación del sistema de identificación biométrico en todos los puestos de votación, para identificar con la huella dactilar a cada votante. También se pretende que las personas puedan votar de manera anticipada, es decir, que se ejerza el derecho al voto ocho días antes de la fecha de elecciones. Aún así, los resultados deberían darse a conocer solo cuando se termine la jornada electoral, y se debería garantizar la custodia de esos votos y que los electores no puedan votar dos veces.
Igualmente, se daría paso al voto electrónico mixto, que ocurriría cuando la persona vote en el sistema electrónico pero quiera ir a su puesto de votación para dejar la constancia. Estos cambios van a requerir una fuerte inversión por parte del Estado y un reto en términos de ciberseguridad. Para la senadora Paloma Valencia, no hay claridad en el presupuesto que se necesitaría para implementar las ayudas tecnológicas, y que podría superar los 9 billones de pesos.
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"¿Cómo vamos a dilapidar 9,5 billones de pesos en tecnologías que no funcionaron en las elecciones pasadas, cuando tenemos población en pobreza? Eso es la mitad de la reforma tributaria", dijo la senadora Valencia.
Si los 66 artículos que tienen proposiciones de modificación o eliminación no logran conciliarse, el Código Electoral no tendría los votos suficientes para pasar su trámite en la Comisión Primera del Senado.
