Corte admite la primera demanda contra la reforma pensional: la presentó Paloma Valencia

La Corte Constitucional admitió la primera, de más de 20 demandas que han llegado al alto tribunal, en contra de la reforma pensional. 

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, admitió el recurso presentado por la senadora opositora Paloma Valencia quien asegura que la reforma tuvo serios vicios en el trámite en el Congreso y que se eludió realmente el debate en la Cámara de Representantes.

La razón de ello es que el 4 de junio de 2024, a las 5:21 de la tarde, el secretario de la Cámara de Representantes leyó una proposición firmada por varios congresistas para que esa corporación aprobara en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Senado, bajo la excusa de que este asunto se había debatido de manera rigurosa y meditada y que el contenido de lo aprobado estaba en la Gaceta 497 del Congreso, por lo que todos los representantes debían conocerla.

"Aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Pleno del Senado de la República debidamente publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024", decía la proposición. Al final fue aprobada con 86 votos a favor y 32 en contra. Según Valencia, se desconoció el artículo 157 de la Constitución Política, al obviarse un aspecto esencial del debate. 

Igualmente, la demanda de Valencia dice que la creación de un régimen pensional especial para los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y campesinas es contrario a la Constitución porque el artículo 48 de la Carta Política prohibió esa posibilidad de manera expresa. Y señala que sería contrario a la Constitución que se graven las pensiones con el impuesto de renta cuando superen 1000 UVT anuales.

Se ordenaron pruebas

En el auto de admisión, el magistrado Ibáñez ordenó a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que remitan a la Corte la copia de las Gacetas del Congreso en donde se publicaron el proyecto de ley, los informes de ponencia para primer y segundo debates en cada una de las Cámaras, los textos aprobados en primero y segundo debate en cada una de las Cámaras y la conciliación si la hubo.

Además, pidió la copia de las actas en las que se discutió el proyecto en cada una de las Cámaras, con las constancias de los votos depositados en cada fase del proceso legislativo hasta su culminación.

También se pidieron copias de las grabaciones en video y audio de dichas sesiones y la desgrabación de las mismas. El despacho pidió concepto al respecto a la Presidencia, al Senado, a la Cámara, a los Ministros de Hacienda, Salud, Trabajo y de la Igualdad y a Planeación Nacional.

También invitó para que se pronuncien sobre este tema a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la Defensoría del Pueblo, a Asofondos, así como a la ONIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca, al l Proceso de Comunidades Negras -PCN- y a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados.

Igualmente se podrán pronunciar los sindicatos del país, la Andi y Dejusticia, entre otras organizaciones sociales.