Corte anuló polémico fallo que preocupaba a los expertos en restitución de tierras: ¿qué viene ahora?

La Sala Plena de la Corte Constitucional anuló una polémica sentencia que había tomado el año pasado y que había generado alarmas de múltiples organizaciones sociales porque estaba poniendo en riesgo el proceso de restitución de tierras.

Se trata de la sentencia SU-163 de 2023 en la que la Corte estudió el caso de Saúl Ayala, un campesino y militante de la Unión Patriótica que fue desplazado de su vivienda por amenazas, mientras que el predio de su propiedad en Simacota, Santander, quedó en manos de la empresa Agroindustrias Villa Claudia. 

Ayala empezó una lucha por recuperar su casa y el reclamo llegó hasta la Corte Constitucional. Aunque en ese fallo se reconoció su condición de víctima del conflicto, la valoración del caso fue problemática porque ordenó compensar a la familia (entregarle una suma de dinero), en vez de restituirle el predio.

En la sentencia cuestionada, la Corte hizo un análisis para determinar si la empresa había actuado de buena fe que es un elemento que, de comprobarse, exime de culpa al que ocupa un predio. La “buena fe exenta de culpa” es un elemento clave en las disputas por la restitución de tierras, ya que las empresas deben demostrar que, en casos de violencia, sí hicieron todo lo posible por conocer la historia del bien que adquirieron.

En un análisis que fue ampliamente criticado por la organización Dejusticia y la propia Unidad de Restitución de Tierras, la Corte optó por decir que la empresa actuó de forma diligente y por eso solo ordenó la compensación en favor de la familia Ayala y mantuvo el predio en manos de Villa Claudia.

Ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió los reclamos y anuló su propia sentencia. Esto implica que el caso en concreto debe volver a fallarse, pero también implica un alivio de cara a lo que viene en los procesos de restitución de tierras, pues las organizaciones que representan víctimas temían que esa decisión judicial, que en últimas flexibilizaba criterios en favor de los opositores, se convirtiera en el criterio a seguir de aquí en adelante.

La sentencia anulada había sido fallada por la Sala Plena, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, quien ya terminó su periodo en la Corte, y los votos de José Fernando Reyes, Cristina Pardo y Paola Meneses. Salvaron parcialmente su voto la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Juan Carlos Cortés, mientras que el magistrado Antonio José Lizarazo aclaró su voto. No estuvieron en el debate la magistrada Diana Fajardo, quien estaba impedida para este caso, y el magistrado Jorge Ibáñez, quien estaba ausente en comisión.

La decisión de anular la sentencia la tomó la Sala Plena el jueves 2 de mayo de 2024 con una votación 8-1. La ponencia fue del magistrado Vladimir Fernández y en contra votó Lizarazo. Esto quiere decir que los magistrados Pardo, Meneses y Reyes, que suscribieron la sentencia original, cambiaron de parecer y accedieron a anular una decisión que ellos mismos habían aprobado.

Ahora, se deberá designar por sorteo a un magistrado o magistrada para que asuma de nuevo la revisión del caso.