Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá.
Crédito: Foto: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Corte IDH condena a Colombia por desaparición de dos jóvenes a manos de la Policía en 1995
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Jhon Ricardo Ubaté, de 24 años y Gloria Bogotá, de 22, fueron detenidos por agentes policiales frente a las instalaciones de una clínica y desde entonces no se tiene conocimiento de su paradero. Detalles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición forzada de los jóvenes Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, perpetrada el 19 de mayo de 1995, por integrantes de la Policía Nacional, específicamente de la Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), en Cali, Valle del Cauca.
Ubaté tenía 24 años y Bogotá 22 cuando fueron detenidos por los agentes del Estado en frente de la Clínica Tequendama en Cali, Valle del Cauca. Desde ese momento y hasta la fecha, se desconoce su paradero. Sus familiares llevan 29 años luchando por encontrar a sus seres queridos y para saber qué fue lo que pasó y demandaron ante el Sistema Interamericano de la mano del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En sentencia dada a conocer este viernes, la Corte IDH condenó a Colombia y declaró al Estado como responsable de la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a defender los derechos humanos, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección a la familia y la niñez derivados de la desaparición de los dos jóvenes y por las amenazas de las que fueron víctimas sus familiares.
En este caso, en enero de 2024, el Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad y las partes celebraron un acuerdo de reparaciones.
Ahora, la sentencia enfatizó en el hecho que Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá eran desmovilizados del EPL y que su desaparición se dio "en un contexto de persecución a excombatientes del EPL, y en el marco de un conflicto armado interno donde existió violencia impulsada por el Estado y graves violaciones a los derechos humanos".
"Posteriormente a su desmovilización, el señor Ubaté inició actividades de activismo en derechos humanos y había denunciado hechos de violencia cometidos por paramilitares en la localidad. (La Corte) recalcó que el respeto y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos reviste una especial importancia pues estos desempeñan una labor fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho", dijo la Corte IDH.
La Corte IDH llamó la atención de que en este caso la impunidad es total "pues a la fecha no se han identificado a los responsables de la desaparición del señor Ubaté y la señora Bogotá" También señaló que desde el inicio, "el proceso penal tuvo un alcance limitado, descartando posibles líneas de investigación relacionadas con la participación de agentes estatales pese a la prueba, y en particular las declaraciones de una testigo".
La sentencia indicó que durante el proceso de búsqueda de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, sus familiares habrían sufrido múltiples actos de hostigamiento, amenazas y acoso por parte de autoridades policiales. La Corte consideró que pese a que el Estado estaba informado, "no tomó ninguna acción ni para lograr el cese de las mismas, ni para determinar a los responsables" y, en cambio, algunos de sus familiares tuvieron que exiliarse.
En criterio de la Corte, "la búsqueda de un familiar desaparecido desde el exilio tiene particularidades específicas, entre ellas que puede verse afectada o interrumpida por impedimentos conexos al actuar a la distancia, por lo que requiere particular protección y apoyo estatal".
Jomary Ortegón, vicepresidenta del Cajar y representante de las víctimas, señaló que esta decisión reivindica la memoria de las víctimas y reconoce la verdad que sus familiares han sostenido por casi 30 años.
“La lucha por encontrar a estos dos jóvenes continúa, pero esta decisión es un impulso para este proceso. Esperamos que haya un cumplimiento de las órdenes de la Corte IDH, así como de las medidas de reparación", apuntó. Ortegón señaló que la sentencia exige al Estado colombiano seguir con la búsqueda de los dos jóvenes, así como hallar, investigar y judicializar a los responsables.